transporte sanitario

USO denuncia a Ambuvital por presuntas coacciones

«A trabajadores afiliados» que delataron «jornadas superiores a las establecidas»

Ambulancia de Ambuvital del Servicio Extremeño de Salud.

Ambulancia de Ambuvital del Servicio Extremeño de Salud. / SILVIA SÁNCHEZ

EFE

El sindicato USO ha presentado una demanda judicial contra la empresa responsable del transporte sanitario en Extremadura, Ambuvital, por lo que considera «coacciones en toda regla» a trabajadores afiliados a esta organización que denunciaron la realización de jornadas superiores a las establecidas en el convenio colectivo. En una rueda de prensa, el coordinador de la Federación de Servicios de USO Extremadura, Víctor Arnelas, explicó este jueves que el sindicato ha tenido que recurrir a estas acciones legales pues «se han lesionado los derechos» de los trabajadores al querer imponerles cambios en los servicios que acometen.

En este sentido, la concesionaria envió un escrito a estos empleados donde se les informaba de la modificación del servicio, explicándoles que si retiraban las denuncias «los cambios no se producirían», aseguró Arnelas.

Por este motivo, el responsable sindical ha considerado que los distintos empleados que han retirado finalmente las demandas lo han hecho «coaccionados», pero aclaró que «aunque se haya producido esta situación, ello no significa que USO no pueda llevar a cabo acciones legales» en defensa de los intereses de esos trabajadores.

Según afirmó, el sindicato «ha presentado demanda realmente por 96 afiliados, de los cuales 13 realizan el servicio de Urgencias no presencial». Es decir, guardias desde los respectivos domicilios pero totalmente localizables a requerimiento de la empresa.

«Represalias»

Arnelas manifestó que «quien pregunte a los técnicos en los hospitales podrá comprobar el nivel de miedo que sufren los trabajadores, con también represalias a ser despedidos...».

Advirtió de que en esta profesión en Extremadura, «o trabajas en la empresa que ofrece el servicio público o no trabajas».

En este caso, dijo que «se trata de una reclamación legítima de los trabajadores, poder acudir a una unidad de arbitraje y conciliación tal y como ampara la ley, demandas ante las cuales la empresa tiene la oportunidad de defenderse si considera que los empleados no tienen razón».

«Sin embargo, la compañía no se expone a esa posibilidad, y considera que lo mejor es efectuar estas presuntas coacciones», incidió.