De aprobarse la ‘ley Zepa’ que pretende regularizar la situación 55 de estos espacios protegidos en Extremadura, quedaría abocada a que sea considerada «inconstitucional» y a generar «más inseguridad jurídica». Son las dos consideraciones en las que centró su intervención Saturnino Corchero Pérez, abogado especialista en Derecho Urbanístico y Ordenación del Territorio, que este martes fue uno de los ponentes que intervino dentro de la ronda de comparecencias en la Comisión de Transición Ecológica, dentro del periodo informativo de la propuesta de ley presentada por el PSOE para declarar de forma expresa las 55 Zepa y regularizar la situación del complejo Marina Isla de Valdecañas. El experto no dejó lugar a dudas en su planteamiento e insistió en varios momentos: «Desde el punto de vista jurídico podemos llegar a la conclusión de que esta proposición de ley puede resultar con fundamentos importantes que cuestionan su constitucionalidad». Lo argumentó con que el procedimiento por el que se está llevando a cabo la tramitación (a través de una propuesta de ley por tramitación urgente) implica que «podría verse afectado el principio de tutela judicial efectiva que consagra la Constitución en su artículo 24». «La doctrina del Tribunal Constitucional ante leyes similares de otras comunidades ha sentenciado la posible vulneración, y en algunos casos con la vulneración de ese principio», advirtió de la jurisprudencia al respecto.
Según el experto, de aprobarse la regularización de esas 55 Zepa y la legalización de Valdecañas «por los cauces administrativos ordinarios» se habría dado la posibilidad a los afectados de plantear recursos en vía administrativa, y en caso de que no prosperasen, los podrían siempre elevar los posibles recursos a la vía contencioso administrativo. «Al ir por esta vía y no por un proyecto de ley se elude una serie de informes técnicos», explicó; y con ello también se cercenan las opciones de recurrir en su tramitación: «La única vía de recurso es el recurso de inconstitucionalidad; pero cualquier afectado no tiene capacidad ni legitimación de acudir al Tribunal Constitucional, con lo que están perdiendo la tutela judicial», aseveró. Añadió además que incluso a pesar de que la norma quedaría sujeta al control de constitucionalidad tras aprobarse, la doctrina ya incide en que no se dan los requisitos para que ese control «sea efectivo» puesto que no se han llevado a cabo los requisitos que rigen los procedimientos ordinarios de tramitar una ley; por ejemplo, que se someta a exposición pública. «Podríamos encontrarnos con que habría importantes argumentos de cuestionar su constitucionalidad. Y no lo digo yo, son extractos de la doctrina del Constitucional», incidió Corchero.
El especialista en Derecho Urbanístico señaló, a pregunta de la diputada del PSOE María de la Cruz Buendía sobre otras alternativas a la tramitación, que «se podría haber agotado la vía administrativa, ver cómo estaban los procedimientos de las distintas zonas Zepa» o incluso «haber aprobado el texto por decreto del Consejo de Gobierno en lugar de acudir a la Asamblea», con el fin de garantizar esa tutela judicial.
También en contestación al diputado de Ciudadanos Fernando Baselga por si se puede estar incurriendo en «un delito de prevaricación», el letrado consideró que es «complejo» saber las repercusiones.
Sobre la situación de las Zepa
Tampoco parece estar justificado desde el punto de vista jurídico el punto de partida de la propuesta de ley en cuanto a la declaración de las Zepa que se pretende. Coincidieron en ello Abel Lacalle, jurista especializado de Derecho Ambiental, y también Pedro Brufao, experto en Derecho Administrativo de la UEx. Para ambos, las 55 Zepa son ya «legales y vigentes» puesto que así están consideradas por la Comisión Europea y por el derecho comunitario que es el que prevalece. Lacalle insistió en que el derecho comunitario regula la clasificación de las Zepa y que ese procedimiento sí se ha seguido con todas las que ahora se pretende «declarar» conforme a lo que establece la ley española de patrimonio natural. El experto ahondó en que la directiva europea que regula las Zepa establece únicamente como requisito que los estados miembros «comuniquen a la UE cuáles son las Zepa, su dimensión y sus delimitaciones». Según explicó el experto, ese procedimiento sí se ha seguido en las 55 Zepa y por tanto «es poco razonable considerar que no existen».
Lacalle insistió con el resto de juristas en que el procedimiento elegido para tramitar esta ley «está hurtando que haya un derecho de participación pública en la iniciativa y está suprimiendo una serie de informes» que sí serían preceptivos con otros procedimientos. También consideró que el procedimiento de urgencia por el que se tramita no está justificado: «Lo que ha transcurrido así durante 20 años no pasa nada por que pase un año más», aseveró.
Los expertos coinciden en que el procedimiento para tramitar la ley «hurta el derecho de participación»
El experto en Derecho Ambiental cuestionó además que en la exposición de motivos de la ley se establezca «una sombra de inseguridad» que puede provocar que la ley tenga «consecuencias lamentables» desde el punto de vista jurídico y que trata de justificar «la declaración expresa» de las Zepa. «Desde mi punto de vista se trata de legalizar con esta ley la situación de Valdecañas y toma como excusa la declaración expresa (de las Zepa). Pero no hay ninguna duda de que existen desde el decreto de 2015 (que regula la Red Natura en Extremadura) en el que identifica, limita y establece el régimen de las Zepa. Aunque no haya una declaración expresa, ese decreto es suficiente para que se consideren declaradas; pero clasificadas ya lo estaban antes para el derecho comunitario, de hecho Valdecañas los estaba desde 2003».
También Brufao insistió en que «no hace falta una declaración expresa». «Para el cumplimiento de una directiva (norma de rango europeo) no se puede alegar una situación interna de uno de los Estados miembro y menos en una de nivel infraestatal», señaló. Además cuestionó que con esta ley se trata de resolver una cuestión que es «administrativa».
Ayudas en la Red 2000
El delegado territorial de la Sociedad Española de Ornitología (SEO), Marcelino Cardalliaguet, fue otra de las voces de este martes, y defendió en la Asamblea que las 55 zonas Zepa que se quieren regularizar ahora en Extremadura están oficialmente reconocidas desde 2003 por el Gobierno autonómico, el de España y la Comisión Europea; y que las oficiales y planos fueron publicados en la página web de la Junta de Extremadura «y desde entonces cientos de actos administrativos han avalado su plena vigencia». Según Cardaguillet, si las Zepa no estuviesen declaradas en Extremadura, la región no hubiera podido recibir cuantiosos fondos económicos provenientes de la Unión Europea. «¿Quién le explicaría a la Unión Europea que en Extremadura nos hemos gastado unos fondos que no nos correspondían?, ¿cómo los devolveríamos? y ¿quién se haría responsable directamente por haber engañado a las autoridades comunitarias?», cuestionó delegado de la SEO.
Por su parte, el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, que abrió las intervenciones, reclamó un fondo específico para los agricultores y ganaderos de la región que desarrollan su actividad en las zonas pertenecientes a la Red Natura 2000 «para compensar las limitaciones a las que están sujetas sus explotaciones». Defendió que «el modelo de agricultura que se desarrolla en las zonas Red Natura y zonas Zepa ha contribuido al mantenimiento del ecosistema en buenas condiciones a lo largo de los años».
