El Periódico Extremadura

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LOS LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LLEVAN YA 15 DÍAS DE HUELGA INDEFINIDA

Los juzgados acumulan cuatro meses de retraso por la huelga de secretarios

Se han paralizado el 82% de los procesos y han dejado de tramitarse casi 35.000 asuntos. El Ministerio ha citado hoy a los responsables de cada comunidad para negociar

Los procedimientos se acumulan en los juzgados extremeños. EL PERIÓDICO

Los juzgados extremeños acumulan ya un retraso de cuatro meses por la huelga de letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales), que comenzó hace justo quince días. Según los datos proporcionados por ellos mismos están paralizados el 82% de los procedimientos diarios en los juzgados de la región, lo que ha supuesto que hasta el lunes (últimos datos disponibles) hayan dejado de tramitarse 34.746 actuaciones.

En concreto, en la jurisdicción penal, entre juicios, comparecencias y declaraciones, hay pendientes 2.117 procedimientos y en la civil, social y contencioso administrativa, otros 1.329. A esto se suman las 2.011 demandas presentadas que no se han tramitado y los 4.300 mandamientos de pago que están también paralizados. Además de las más de 27.000 resoluciones que están sin resolver porque precisan de la firma del secretario judicial para poder salir del juzgado y presentarse a las partes. Hay servicios mínimos pero están dedicados a gestionar procedimientos de violencia de género, de menores y las causas con presos en el ámbito penal, el resto de jurisdicciones están completamente paralizadas.

Montañas de papeles en los juzgados.

Montañas de papeles en los juzgados. EL PERIÓDICO

Este retraso está empezando a acumular montañas de papeles en los despachos y eso que en muchos de ellos la tramitación de los procedimientos está digitalizada. Y van a seguir colapsados, ya que la huelga es indefinida y de momento no hay previsión de que se desconvoque, porque no se ha producido ningún acercamiento por parte del Ministerio de Justicia. Sus reivindicaciones pasan principalmente por lograr las mejoras salariales comprometidas, pero desde el departamento que dirige Pilar Llop no se ha convocado aún al comité de huelga para negociar. «Las causas se van a seguir acumulando si esto continúa, calculamos que cada semana de huelga que pasa se suman dos meses más de retraso en los juzgados», sostiene Luis Carlos Rodríguez, representante en Extremadura de la Unión Progresista de Letrados, uno de los colectivos que convoca los paros.

El seguimiento en la región, según los datos facilitados por los letrados de la administración de justicia, es del 83%, cifra que se mantiene desde el segundo día de huelga. Difiere de los datos que maneja el Ministerio de Justicia que, a pesar de no facilitarlos segregados por comunidades autónomas, asegura que los paros no han sido ningún día secundados ni por el 30% de los funcionarios en todo el conjunto nacional (ayer por el 29,22%, según las mismas fuentes). Esta situación mantenida en el tiempo está generando además una pérdida de poder adquisitivo para los propios secretarios judiciales. Los que secundan la huelga han dejado de ingresar en estas dos semanas unos 1.500 euros, según Luis Carlos Rodríguez. «El secretario de estado de justicia ya nos dijo cuando comenzó la huelga que íbamos a pasar hambre, nosotros y nuestras familias. No lo entendemos», añade.

«Cada semana que pasa se acumulan dos meses más de retrasos. No entendemos por qué no se sientan a negociar»

Luis Carlos Rodríguez - SECRETARIO JUDICIAL EN BADAJOZ

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En la provincia de Badajoz los letrados de la administración de justicia ya han llevado a cabo dos concentraciones en los juzgados de la capital pacense. Hoy lo harán los de Cáceres (a las 12.00 en el palacio de justicia). Recuerdan que la convocatoria de huelga se debe a que el Ministerio no ha cumplido los acuerdos a los que llegó con el colectivo el pasado mes de abril, entre los que se encuentra ese aumento salarial, así como la equiparación al resto de grupos A1 de la administración de justicia y de la administración general del Estado. Su petición viene motivada por las competencias que les atribuyeron tras la reforma legislativa del año 2009, cuya retribución salarial se aplazó para más adelante debido a la crisis que atravesaba el país en aquel momento. Pero esta nunca llegó.

Entre estas competencias se encuentra la dirección técnico-procesal en todas las oficinas judiciales, la gestión de los procedimientos judiciales (desde la admisión a trámite de la demanda hasta el señalamiento del día y hora del juicio); la resolución de los recursos de reposición y de las impugnaciones de costas; los procedimientos de reclamación de honorarios de letrados y procuradores; la tramitación de la ejecución civil, contenciosa, laboral y administrativa, incluida la averiguación patrimonial e investigación de bienes del ejecutado, el embargo de sus bienes y su efectividad; todo el procedimiento de apremio y los lanzamientos y las subastas judiciales, incluida la adjudicación de los bienes subastados y su entrega al comprador.

Otras atribuciones

También la tramitación de todos los expedientes de jurisdicción voluntaria y la resolución de muchos de ellos, las conciliaciones civiles y sociales, otros actos dentro del ámbito del derecho de familia y sucesiones, como liquidaciones e inventarios, celebración de bodas y la información de derechos a los intervinientes, así como diligencias de guardia en el ámbito de la instrucción penal (diligencias en los registros y verificación de las transcripciones de las escuchas telefónicas realizadas por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como garantes de la fe pública judicial , entre otras). Y el control y la responsabilidad que genera la dación en cuenta, así como el impulso procesal de oficio.

«Nuestra función, aunque es menos conocida, es fundamental. No hay esperanzas de que el conflicto se resuelva»

Fernando Montero - SECRETARIO JUDICIAL EN CÁCERES

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Piden además que se convoquen anualmente oposiciones al cuerpo y que se saquen a concurso todas las plazas vacantes, así como la regulación de las entradas y registros en domicilios porque, al realizarse algunos de forma simultánea, obliga a tener que llamar a secretarios judiciales que no se encuentran de guardia, que tienen que interrumpir su descanso estén donde estén. Cobran 25 euros por cada guardia de 24 horas.

Esta mañana el Ministerio de Justicia ha convocado a los secretarios de gobierno de cada comunidad autónoma a una reunión en Madrid. En cambio los funcionarios no creen que el encuentro llegue a buen puerto porque ninguno de los que acudirá forma parte del comité de huelga, sino que son los responsables del cuerpo en cada región. «No hay muchas esperanzas, no son representantes nuestros», justifica Fernando Montero, letrado de la administración de justicia en Cáceres. 

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