La mitad de los jueces que admitieron el amparo sobre Valdecañas ha dejado el TC

El futuro de Valdecañas continúa pendiente del Tribunal Constitucional (TC). El pasado mes de noviembre este organismo admitió a trámite el recurso de amparo presentado por la Junta de Extremadura, los propietarios de las viviendas, la promotora del resort y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la demolición al completo del complejo. La decisión se tomó con un TC dividido, solo con seis votos a favor de estudiar el caso y cinco en contra, estos últimos con voto particular incluido. De momento solo se ha admitido a trámite ese recurso presentado, que lo que abre es la puerta a que los magistrados puedan estudiar el caso y decidir, en un nuevo pleno, si se estima o no ese recurso. Será aquí donde se dictará una resolución que concretará si el resort de lujo debe tirarse al completo, como exige el Tribunal Supremo, o solo la parte que está a medio construir, como resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Cinco jueces del TC creen que no hay razones para admitir el recurso de Valdecañas

Lo que ocurre es que en mitad de este proceso ha llegado una renovación del Tribunal Constitucional, que puede que afecte a esta futura decisión. De los cuatro miembros que se han marchado solo uno, Juan Antonio Xiol, pertenece al grupo de los cinco que se negaron a la admisión del recurso; los otros cuatro, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez, Inmaculada Montalbán y Ricardo Enríquez, continúan. Y, por otro lado, de los seis que impulsaron la admisión del amparo solo continúa la mitad (tres), entre ellos Enrique Arnaldo, que figuró como ponente en la decisión de admisión a trámite, y Cándido Conde-Pumpido, que ahora ha sido nombrado presidente del Constitucional. Este último fue asimismo ponente en el Tribunal Supremo de la inadmisión de la querella presentada contra el expresidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, por los viajes que realizó a Canarias entre 2009 y 2011.

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Por tanto, de momento y sin conocer la visión que sobre Valdecañas puedan tener los nuevos integrantes del TC: Juan Carlos Campos, Laura Díez, María Luisa Segoviano y César Tolosa, hay una mayoría (cuatro frente a tres de los antiguos integrantes que participaron en la decisión de admitir a trámite el recurso) que está en contra de estudiar si es necesario o no derribar al completo el complejo Marina Isla de Valdecañas.

Petición de recusación

Se da la circunstancia además de que uno de los que continúa como magistrado, Ricardo Enríquez, fue el que emitió el voto particular más duro: «El pleno de este Tribunal Constitucional declaró terminantemente que sobre los terrenos protegidos en razón a su incorporación a una Zepa no cabe ninguna actuación de transformación urbanística, de modo que la consecuencia obligada es la demolición de todo lo construido», recordó en el escrito. Donde añadió que «no solo la consecuencia a que ha llegado el Tribunal Supremo (la orden de demolición al completo) no es irrazonable, sino que lo irrazonable sería decir que la mitad de la isla puede seguir tal y como está pero la otra mitad no, perpetuando un perjuicio medioambiental que, sin argumento apreciable alguno, considera la parte recurrente susceptible de fragmentación».

Precisamente por entrar a valorar el fondo de la cuestión es por lo que los ayuntamientos de Berrocalejo y El Gordo presentaron un escrito al Tribunal Constitucional en el que pedían la recusación de este magistrado en la decisión sobre si se estima o no el recurso de amparo. Se basan en que «no puede existir en la fase de admisión ningún supuesto sobre el fondo porque eso sería una presentencia, en la fase de admisión no se puede prejuzgar el resultado», argumenta el abogado de ambos consistorios, Javier Borrego, que los defiende como letrado de la Diputación de Cáceres.

Pero el TC ha rechazado su petición. En un auto en el que figura como ponente la magistrada Inmaculada Montalbán, que fue además una de los cinco que se opuso a la admisión del recurso, argumenta que las razones expresadas por el magistrado en su voto particular responden «a una obligación en el ejercicio de la función de nuestra jurisdicción de amparo». Por lo tanto, «no constituyen sino la manifestación de su particular criterio en orden a la apariencia inicial o verosimilitud de la infracción del derecho denunciado en la queja constitucional formulada en la demanda». «Criterio -añade el TC- con idéntico fundamento, aunque de signo contrario, al expresado por los magistrados que decidieron la admisión a trámite y que, como es de todo punto obvio, no podrían ser, a su vez, recusados por esa apreciación preliminar».

Otros frentes abiertos

El Constitucional debe pronunciarse todavía además sobre si admite la petición de la suspensión de derribo presentada por las partes hasta que el tribunal decida si estima o no el recurso de amparo y se concrete, por tanto, si el complejo debe tirarse al completo o solo la parte construida (esta suspensión de derribo afectará por tanto solo a la zona ya urbanizada y no al resto que está a medias). El complejo tiene además otras batallas abiertas: los recursos de revisión presentados al Supremo contra las sentencias que ilegalizaban el complejo por considerarlo zona Zepa y la ley presentada por el PSOE para declarar 55 terrenos como zonas protegidas, entre ellas Valdecañas.