El plan de derribo de Isla Valdecañas sigue parado un año después de la sentencia

El complejo Marina Isla Valdecañas vive en la justicia su particular historia interminable. Tras más de quince años de fallos judiciales, recursos y reproches, hace un año llegó una sentencia del Tribunal Supremo (notificada el 8 de febrero de 2022) que hacía saltar por los aires la única solución que había encontrado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para solventar el conflicto: el derribo solo parcial del complejo. Tras las dos primeras sentencias que declararon ilegal el proyecto (en 2011 y 2014) y un estudio de tres años elaborado por cinco científicos de la Estación Biológica de Doñana (dependiente del CSIC), la justicia extremeña determinó el verano de 2020 que se tiraran solo los edificios que estaban a medio construir (como el segundo hotel proyectado y decenas de villas) y que se mantuviera lo que ya estaba en uso, así como realizar mejoras medioambientales en el complejo y su entorno. 

La Junta, satisfecha con la decisión, se puso pronto manos a la obra para elaborar un plan de trabajo que ya había comenzado a poner en marcha en 2021, pero que tuvo que paralizar cuando llegó la última orden de derribo total. 

Los ecologistas no estaban conformes con la solución que había planteado el TSJEx y recurrieron al Supremo que, de nuevo, volvió a darles la razón hace justo un año, corrigió el fallo anterior del tribunal extremeño y reabrió la puerta a la piqueta para la demolición total del complejo. Eso ocurrió el 8 de febrero del 2022. ¿Qué ha pasado desde entonces? Materialmente nada, pero sobre el papel sí han sucedido muchas cosas. 

El Supremo devolvió la pelota al tejado del TSJEx y unas semanas después instó a que determinara cómo se procedería al derribo total. Entonces ordenó a la Junta elaborar un nuevo plan de trabajo en un plazo de ocho meses que debería haber concluido el pasado noviembre, pero de nuevo presentó un recurso para evitar enfrentarse a esa situación. El propio TSJEX rechazó ese recurso y apelaron entonces al Supremo, que todavía no se ha pronunciado sobre si debe seguir adelante el plan de trabajo o no, por lo que mientras la elaboración de ese documento, que debía definir cómo y en qué plazos se haría la demolición total del complejo, sigue parada.  

Esperando al Tribunal Constitucional

En realidad, todas las partes parecen estar esperando a ver qué dice el Tribunal Constitucional, que ya se encuentra estudiando el recurso de amparo interpuesto por Junta, propietarios y ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo contra esa última sentencia del Supremo de febrero de 2022 que le dio la vuelta a todo. Y mientras, además, la propia administración, los propietarios y los ayuntamientos también han solicitado al Constitucional una medida cautelar: suspender la orden de elaborar un plan de trabajo para la demolición total. «Sería absurdo si dentro de un año se estima el recurso de amparo y ya se hubiera arrasado con todo», apunta el letrado de los propietarios, Luis Díaz Ambrona.

El Constitucional admite a trámite el recurso contra el derribo de Valdecañas

A raíz del fallo del Supremo de hace un año ha surgido otra propuesta a la que se aferran también quienes defienden el mantenimiento del resort cacereño: una revisión de 55 Zepas (Zonas de Especial Protección de Aves) entre las que se encuentra la que ocupa el complejo construido junto al embalse de Valdecañas. El argumento es que ninguna de esas zonas fue catalogada oficialmente como zona protegida. Se incluyeron en la red europea sin haber pasado los trámites oficiales que sí se requieren ahora, como la aprobación en Consejo de Gobierno o la publicación en el Diario Oficial de Extremadura. De hecho, en estos momentos se encuentra en tramitación en la Asamblea una propuesta de ley para modificar el mapa de la Red Natura 2000 (que incluye la figura de Zepas), presentada y tramitada solo con los votos del PSOE, que tiene mayoría absoluta en la cámara. Con esta ley se pretende dar oficialidad a esos 55 espacios y, de paso, legalizar las construcciones que se hayan levantado en ellas, aunque ya hay voces que advierten de que esta vía podría ser inconstitucional.

Aun así, con esa argumentación, el promotor del complejo (que recibió un anónimo alertando de tal desajuste) ha solicitado al Supremo la revisión de una de las sentencias que declararon nulo el proyecto de Isla Valdecañas. También los propietarios de las 185 villas del complejo han solicitado al alto tribunal que revise su última sentencia dictada en un procedimiento judicial especial, ya que se incluye una información que hasta ahora no se había tenido en cuenta. Todavía no hay respuestas, pero sí muchas esperanzas en que esta sea la solución definitiva para, al menos, mantener lo que ya existe en el complejo. 

Vía libre a la propuesta de ley del PSOE para evitar el derribo de Valdecañas

Los ecologistas, por su parte, confían en que la justicia les siga dando la razón como hasta ahora y no descartan abrir un nuevo frente si esa ley para revisar 55 Zepas sale adelante. Sin embargo, para el promotor, José María Gea, «los ecologistas nos han engañado durante 20 años, ahí nunca ha habido Zepa e iremos con esta ley hasta el final». Si es que algún día llega el final de esta historia que parece interminable.