50 millones de euros retenidos en los juzgados por la huelga

Más de 40.000 actuaciones paralizadas y 50 millones de euros retenidos en los juzgados extremeños es el balance del primer mes de huelga de los letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales). El 81% de los procedimientos que se realizan diariamente en los tribunales de la región están parados, según los datos facilitados por los propios protagonistas.

Los juzgados acumulan cuatro meses de retraso por la huelga de secretarios

Entre todos esos asuntos se encuentran precisamente los mandamientos de pago, que son los que han llevado a que en los juzgados haya retenidos 50 millones de euros: 13 millones correspondientes a las órdenes que han ingresado durante la huelga y los 37 restantes a procedimientos que estaban pendientes y que tampoco han podido gestionarse. Se trata, sobre todo, de indemnizaciones (laborales, por accidentes de tráfico,...), de embargos, de importes impuestos en condena o de pensiones alimenticias que han de pagar los padres a sus hijos.

Esto último estaba llevando a las familias a situaciones críticas porque, en muchos casos, esa cantidad que abona uno de los progenitores es el medio de subsistencia del menor. Es por esto que en Extremadura se ha decidido comenzar a tramitarlos a pesar de no estar incluidos en los servicios mínimos. Fue el comité de huelga el que lo sugirió a nivel nacional y los letrados de la administración de justicia de la región han decidido aceptarlo. Lo mismo han hecho con las bodas ya programadas: «Nos parece un trastorno que una pareja con todo preparado no pueda casarse por la huelga. Hay comunidades que no están casando, Extremadura sí», afirma Luis Carlos Rodríguez, representante en Extremadura de la Unión Progresista de Letrados, uno de los colectivos que convoca los paros.

«Trabajamos con los problemas de la gente y la gente lo que quiere es ver sus problemas solucionados»

Carlos Alberto Montero

— DECANO COLEGIO ABOGADOS CÁCERES

Esta huelga ha generado hasta ahora, además, un retraso de unos ocho meses en los juzgados extremeños. Un colapso que seguirá en aumento porque la protesta se mantendrá hasta que se alcance un acuerdo con el Ministerio de Justicia. Reclaman sobre todo las mejoras salariales que fueron comprometidas y que no se han materializado. Según los últimos datos, hasta el martes pasado (se actualizan cada miércoles) se habían dejado de celebrar casi 2.300 juicios (1.057 penales y 1.231 civiles, sociales y contenciosos administrativos). Hay pendientes asimismo 4.750 declaraciones y comparecencias en todas las jurisdicciones y 3.211 demandas en el ámbito civil, social y contencioso administrativo .

Siguen sin acuerdo

De momento no hay previsto ningún nuevo encuentro entre el Ministerio de Justicia y el comité de huelga. El único celebrado hasta ahora fue el del pasado jueves, que terminó sin acuerdo tras más de 15 horas de reunión. Todo esto está generando malestar en la ciudadanía y en los profesionales, entre ellos en el colectivo de abogados. Defienden a sus compañeros y respetan su derecho a huelga, pero denuncian la forma en la que se está gestionando. «Respetamos y apoyamos la reivindicación pero hay derechos fundamentales que se están viendo comprometidos, como son el acceso a la justicia y el derecho de defensa», advierte el decano del colegio de abogados de Badajoz, Ildefonso Seller, que insta a las partes a alcanzar un acuerdo cuanto antes.

«Respetamos la huelga pero se está comprometiendo el acceso a la justicia, un derecho fundamental»

Ildefonso Seller

— DECANO COLEGIO ABOGADOS BADAJOZ

El representante de los letrados pacenses reconoce además que se están dando situaciones complicadas en casos tan «humanos» como son la paralización de las pensiones alimenticias o de los desahucios. «El propietario de una vivienda que lleve un año de procedimiento y que tenga que seguir esperando a recuperar su casa va a seguir perdiendo dinero», incide Ildefonso Seller.

El decano de los abogados de Cáceres, Carlos Alberto Montero, por su parte, exige asimismo que se informe de las suspensiones de los juicios con, al menos, 48 horas de antelación, para evitar el trastorno que supone tanto para los propios letrados como para testigos, peritos y demás comparecientes en las vistas. «He llegado a tener vistas en Madrid para llegar allí y tenerme que volver, nadie nos avisa de que no se celebran los juicios hasta el día de la vista», recrimina Montero. «En una cuestión tan sensible como es la administración de justicia hay que pensar en el administrado que lleva meses esperando un juicio. Trabajamos con los problemas de la gente y la gente lo que quiere es ver sus problemas solucionados», añade. 

Suscríbete para seguir leyendo