La pandemia no llegó a frenar la demanda y ahora, con el covid ya bajo control, se disparan las listas de espera para acceder a una residencia pública en Extremadura. Más de 2.100 mayores con dependencia aguardan en estos momentos a que el Sepad les asigne una plaza en un centro residencial, cifra que se eleva hasta un 47% en comparación con los 1.450 expedientes abiertos el año pasado en estas mismas fechas. Y ello a pesar de que en 2022, según datos de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, en Extremadura se han habilitado 240 nuevas camas y 563 plazas en centros de día.
La región cuenta con un total de 8.925 camas en residencias públicas, la mayor parte de ellas (unas 4.500) conveniadas en centros municipales. Más de 2.000 pertenecen al Sepad y el resto son concertadas. A estas hay que sumar otras 6.576 plazas de titularidad privada que no son motivo de control por parte de la Junta.
Según el último informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, con estos datos Extremadura es una de las pocas comunidades que, contando plazas públicas y privadas (15.501), supera la ratio recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de contar con cinco plazas residenciales por cada cien mayores de 65 años. De hecho, la tasa está en 6,7, lo que implica, según el colectivo, un exceso de 3.872 camas. ¿Cuál es el problema? Que si se contabilizan solo las camas financiadas, la cae hasta las 3,82 por cada cien mayores de 65 años. No obstante, Extremadura es la tercera comunidad con mayor financiación pública.
Hasta 23.000 euros
Las camas públicas son las más demandadas: su precio es menor, pero el camino para acceder a ellas puede ser muy largo. El coste anual es difícil de calcular, ya que depende de muchos factores y hay diversidad de tipos de centros, plantilla o servicios, pero la Consejería de Sanidad estima que puede rondar entre los 20.000 y 23.000 euros al año. De esta cuantía, en las públicas el Sepad financia 13.000 euros (aproximadamente el 57% del total) y el resto se cubre con la aportación del usuario: se mueve entre el 65% y el 75% de los ingresos que perciba por todos los conceptos y depende en última instancia del salario mínimo interprofesional:si lo supera abonará el 75% y si no, el 65%.
A estas plazas públicas se accede a través de la Ley de Dependencia: la persona solicita la valoración y si se le reconoce un grado II o III de dependencia (los máximos que recoge la ley) se negocia un Plan Individual de Atención (PIA) en el que se ofrece el recurso. Si la familia acepta el ingreso en el centro, el mayor se incorpora a lista de espera, que se ordena por grado de dependencia y capacidad económica. Cuando la persona se encuentra en la primera posición, se le oferta una vacante que se haya producido en uno de los centros solicitados.
En estos momentos, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales suma 2.138 expedientes en la lista de espera global para acceder a todos los centros con camas públicas, de ellos 144 para residencias específicas de demencias y 1.994 para el resto. Esta cifra supone un incremento del 47% (+688) con respecto a los 1.450 expedientes que había a comienzos de 2022. El incremento puede obedecer a múltiples factores: el repunte de las peticiones de ingreso tras un estancamiento registrado en la pandemia, una población cada vez más envejecida y también una mayor agilidad en la resolución de los expedientes de la dependencia, que se ha reducido nueve meses en el último año.
Pero en cualquier caso, «pone de manifiesto que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración», indica el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. Por ello, a pesar del incremento de plazas residenciales, sigue habiendo un déficit de camas públicas.
