La Junta penaliza en dos años a unos 4.500 inscritos en bolsas de empleo por rechazar un llamamiento

Casi 4.500 inscritos en las listas de contratación temporal de la Junta de Extremadura han sido penalizados en los dos últimos años por rechazar de forma injustificada la cobertura de vacantes ya fuese en la Administración General, en el Servicio Extremeño de Salud (SES) o en Educación.

 La mayor parte de estas sanciones se han contabilizado en la Administración General, con alrededor de 2.900 en este bienio. El actual Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración de la comunidad autónoma de Extremadura castiga estas renuncias con la exclusión del aspirante de todas las listas de espera de la misma categoría y especialidad. Esta norma enumera cinco excepciones para que la no aceptación sea considerada como una renuncia y, por tanto, haya penalización: el parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas; el cumplimiento del servicio militar o prestación social sustitutoria (la norma está vigente desde 1996, cuando todavía existían); padecer una enfermedad; el ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo, y por estar prestando servicios como interino o laboral temporal para la Administración de la Junta de Extremadura.

Para Erica Gutiérrez, secretaria de Administración Autonómica de UGT-Servicios Públicos Extremadura, detrás de la mayor parte de las renuncias que se producen a un llamamiento para cubrir una vacante pública hay dos factores. El principal es que muchos de estos aspirantes se encuentran en el momento de la oferta «trabajando en otros ámbitos que no están contemplados en el reglamento y se les ha excluido automáticamente». Además, en otras ocasiones transcurre un plazo muy largo desde que se entra en la bolsa hasta que llega el ofrecimiento de un empleo público: «Conozco casos, en las listas que son más extensas, de pasar hasta diez años», tiempo más que de sobra para que las circunstancias vitales del interesado «hayan cambiado totalmente».

Dentro de la Administración General los aspirantes penalizados por haber renunciado a un puesto ofertado de forma injustificada fueron aproximadamente 1.300 el año pasado y 1.600 en 2021, datos en los que se incluyen los llamamientos de las listas de espera gestionadas por el Sepad -auxiliar de enfermería- y las relacionadas con el Plan Infoex. 

En relación al número de inscritos en las listas de contratación, desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública se puntualiza que las actuales aplicaciones informáticas utilizadas para la gestión de estas listas no permiten obtener los datos globales. Además, se indica que el número de inscritos en cada una de ellas «fluctúa continuamente, debido tanto a los llamamientos como a las reincorporaciones de aspirantes diarios».

En el SES, en 2021 rechazaron justificadamente una oferta de trabajo 6.108 aspirantes y de forma injustificada 494, mientras que en 2022 las cifras fueron de 5.588 y 654, respectivamente. Aquí la penalización para quien rechaza injustificadamente el nombramiento consiste en permanecer excluido de la bolsa de trabajo hasta la siguiente actualización de la valoración de méritos. En las de facultativos es algo que ocurre dos veces año (agosto y febrero, aproximadamente), en las categorías de gestión y servicios suele hacerse en septiembre, y en el resto de categorías sanitarias entre abril y mayo. En estas fechas, en función de las categorías, se quitan las sanciones a los aspirantes excluidos, aclaran fuente del SES, que a día de hoy tiene inscritos en sus bolsas de trabajo a unas 88.700 personas.

Por último, en el ámbito educativo, en el curso 2021/2022 se produjeron 198 renuncias de interinos a puestos sin justificar, implicando su expulsión de las listas de espera (en las que a día de hoy hay unos 75.000 inscritos), número similar al que se había registrado en los dos cursos precedentes. 

Cambio en el reglamento

La semana pasada se hizo público el proyecto de decreto por el que se modifica el reglamento general de ingreso del personal al servicio de la comunidad autónoma. El eje sobre el que se asienta la reforma es el de garantizar la cobertura inmediata de los puestos de trabajo que, encontrándose vacantes, y mediando razones de urgencia o necesidad justificadas, sean de imprescindible provisión, convirtiendo así las listas de espera en «una herramienta eficaz» además de en «un instrumento ágil», se razona en el texto. Incluye entre otras propuestas el que ya no sea necesario superar al menos el primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingresar en un listado. Pero además también plantea suavizar las consecuencias derivadas de la renuncia al puesto de trabajo, «evitando que se reduzcan de modo drástico los efectivos» que integran la lista de espera. Así, si se produce una negativa no justificada, el aspirante quedará fuera de la lista de la que ha sido llamado, en lugar de salir de todas las correspondientes a la misma categoría y especialidad.

Al mismo tiempo, el proyecto de decreto, que en estos momentos está en fase de exposición, actualiza las causas de renuncia justificada. En la primera de las motivaciones admitidas en el reglamento vigente, el texto se ajusta a las actuales determinaciones legislativas y añade como motivos admitidos los de paternidad, adopción o acogimiento, y riesgo durante el embarazo o la lactancia. 

El proyecto de nuevo reglamento de ingreso suaviza las consecuencias de renunciar a un puesto

También se elimina la sanción si el aspirante está prestando servicios como funcionario interino o laboral temporal para cualquier Administración pública (antes solo se consideraba justificado el rechazo si la persona estaba ya empleada en la Junta de Extremadura) y si el puesto ofertado es de jornada inferior al 70%, en tanto que este tipo de empleos «resultan muy poco atractivos» e incrementan las renuncias, «reduciéndose severamente las listas», se arguye en el documento. Algo esto último que, apunta Gutiérrez, ya se viene aplicando, pero que ahora se incluiría «expresamente» en el reglamento

Esta responsable de UGT-SP Extremadura considera que los cambios en el reglamento darán «más margen» para un adecuado funcionamiento de las listas de espera, una vez que los criterios incluidos en el actual no son acordes a los requerimientos «reales» que hay en la Administración en cuanto a «la cobertura de las necesidades» de personal que se generan en ella.

Igualmente, valora de forma positiva otra de las modificaciones previstas: que cuando el nombramiento interino o la contratación laboral temporal sea por tiempo igual o inferior a seis meses, o bien en puestos con jornada inferior al 70% o para cubrir el disfrute del permiso de maternidad o paternidad, la persona aspirante se reincorpore posteriormente a la lista de espera en el lugar que le corresponda. Ahora solo se contempla esta posibilidad cuando la relación laboral es menor o igual a tres meses, por lo que, incide, basta con superar por un solo día ese plazo para que, «aunque tengas un 8 o un 9 de nota», al volver a la lista haya que esperar a que se llame hasta el último integrante de la misma para poder ser emplazado de nuevo. 

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