La Junta recaudará cuatro millones anuales con el impuesto a los grandes propietarios de vivienda

La Junta de Extremadura prevé recaudar unos cuatro millones de euros anuales con el nuevo impuesto a los grandes propietarios de viviendas vacías, que afectará a unos 4.000 inmuebles en manos de sociedades, bancos y fondos de inversión. Este tributo es una de las principales novedades de la nueva ley autonómica de vivienda, que en el pleno de este jueves ha superado el primer trámite parlamentario sin dificultad. Ninguno de los grupos de la oposición ha formulado enmiendas a la totalidad, pero se han enfrentado al debate con posiciones bien diferenciadas: mientras que para el PP y Ciudadanos (Cs) es "intervencionista y confiscatoria", para Podemos llega tarde y se queda corta.

Un fondo de garantía para avalar a los jóvenes con dificultades de acceso a la hipoteca y un nuevo mecanismo de protección para evitar los desahucios de familias con menores son otras de las principales novedades que incluye la ley. "No es intervencionista y ni tiene afán recaudatorio, nace con una clara vocación política de garantizar la razón de ser del derecho a la vivienda", ha asegurado la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias. La norma se tramitará por la vía de urgencia y aunque tal y como ha afeado la oposición llega a la Cámara "en tiempo de descuento", Iglesias ha defendido que eso no es impedimento para "lograr el mejor texto posible".

Su principal novedad y "punto de la discordia" es el impuesto a los grandes propietarios de viviendas vacías, una medida que se pactó con Podemos en la anterior legislatura (el PSOE no tenía mayoría absoluta) y que permitió la aprobación de la actual ley de vivienda autonómica en 2019. La portavoz de la formación morada, Irene de Miguel, ha reprochado a Iglesias que haya estado metido en el cajón desde entonces y que ahora, cuando apenas faltan tres meses para las elecciones autonómicas, lo rescaten para "parecer que hacen algo". "No se si me indigna más la apatía o que anuncien como una novedad y una valentía algo que se debería haber puesto en marcha hace tres años", ha replicado De Miguel.

Solo personas jurídicas

El Ejecutivo sostiene que si hasta ahora este impuesto no se ha aplicado es porque parte de su desarrollo reglamentario requería carácter de ley y según Iglesias, no se puede empezar una legislatura modificando una norma aprobada en el último pleno de la anterior: "lo normal es que las leyes aguanten y tengan su desarrollo". El objetivo de este impuesto es intervenir en el mercado para "aliviar" los precios del alquiler: no permitir que haya grandes sociedades que acumulen viviendas desocupadas y que por falta de oferta, los precios suban. Por ello se aplicará solo a personas jurídicas (entidades bancarias, sociedades y fondos de inversión, fundamentalmente) con más de cinco viviendas en propiedad que permanezcan vacías durante un periodo acumulado de un año.

El tipo a aplicar será progresivo y dependerá de la superficie: desde 7,5 euros por metro cuadrado de vivienda vacía a partir de 500 a un máximo de 22,5 euros si son más de 4.000. Las estimaciones del Ejecutivo apuntan que "entre 40 y 50" sociedades se verían afectadas por el tributo, para el que se estima una recaudación anual de 4,06 millones de euros. Gravaría a unas 4.000 viviendas, la mayor parte de ellas (46,9%) con una superficie de entre 76 y 105 metros cuadrados, siempre que permanezcan vacías durante un periodo continuado de un año.

Tras las críticas de De Miguel (ha recordado que en la ley de 2019 se define a los grandes propietarios como personas físicas y jurídicas con más de 10 inmuebles y ha abogado además por que estas viviendas se cedan al parque público), también el PP y Ciudadanos han dudado de la medida. "Quieren contentar a Podemos para que les sirva de muleta tras las próximas elecciones", ha afirmado el diputado de Cs Joaquín Prieto, que ha pedido a Iglesias que retire los artículos de esa la parte impositiva que "destroza y desvirtúa" la ley.

En la misma línea se ha expresado el portavoz del PP, Saturnino López Marroyo, que ha defendido una apuesta por leyes "más laxas" que incentiven que esas viviendas salgan al mercado "en lugar de demonizar a los propietarios".

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