Luz verde a la ley del ciclo del agua de Extremadura

El pleno de la Asamblea ha dado este jueves luz verde definitiva a la nueva Ley de Gestión y Ciclo Urbano del Agua de Extremadura, que reconoce el acceso al agua como un derecho y armoniza las tasas y la calidad entre municipios. El texto contó con el apoyo de Unidas por Extremadura y Ciudadanos; solo el PP, que ya presentó una enmienda a la totalidad, votó en contra al considerar que invade competencias municipales.

En la sesión de este jueves se debatieron las 86 enmiendas de la oposición que llegaron vivas al pleno, de las que finalmente se aprobaron una quincena de Unidas y Cs, buena parte de ellas transaccionadas por el PSOE, informa Europa Press.

Ante vecinos de Valencia del Ventoso (que en los últimos días han protestado por la calidad del agua que reciben en sus domicilios) y de un representante de la organización de consumidores Facua, los grupos coincidieron en la «necesidad» de aprobar esta ley. Según explicó la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, porque el agua no es una mercancía, sino un «derecho».

De Miguel valoró que «por fin» la norma establezca que los cánones derivados de la privatización del servicio deban obligatoriamente reinvertirse en la gestión del agua y entre las enmiendas de su grupo, destacó la puesta en marcha de una línea de ayudas a los ayuntamientos para eliminar paulatinamente las tuberías de fibrocemento. 

Reglamento en un año

Para el portavoz de Cs, Fernando Baselga, es también una ley «muy necesaria» porque «estamos hablando de la salud de la gente y del acceso al agua para todos en condiciones dignas», pero igualmente subrayó la necesidad de que esté acompañada de partidas presupuestarias. Con sus enmiendas, la formación naranja pidió, entre otras cuestiones, que el desarrollo reglamentario de la ley se lleve a cabo en el plazo máximo de un año. 

El PP, por contra, se mostró muy crítico con la ley al considerar que limita la iniciativa privada, establece un «control férreo» de la gestión por parte de la Junta, interviene la autonomía municipal e incrementa la burocracia y el gasto público. Además, «regula aspectos ya regulados», según el diputado Víctor del Moral, que pidió al PSOE que «deje de reírse de la gente» porque en España el agua es pública desde 1978.

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