están incluidas en el plan de vivienda 2022/2025

Las ayudas al alquiler en Extremadura agotan el crédito de un año en cuatro meses

La Junta cierra la convocatoria abierta en octubre tras recibir 3.376 solicitudes, el triple que en 2021. Se subvenciona el 50% de la renta mensual con un tope de 300 € por vivienda y 150 por habitación

Viviendas disponibles en una calle de Plasencia.

Viviendas disponibles en una calle de Plasencia. / TONI GUDIEL

Tres millones de euros que debían cubrir las necesidades de todo un año pero que se han agotado en apenas cuatro meses. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda ha cerrado de forma anticipada la convocatoria de ayudas al alquiler tras haber recibido desde el pasado 15 de octubre más de 3.300 solicitudes. Aún no se han resuelto, pero el departamento que dirige Leire Iglesias estima que con esa cifra ya se supera el crédito disponible y ha publicado una resolución en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) para anunciar el fin del plazo de vigencia. Así, todas las peticiones realizadas con posterioridad al 27 de febrero no serán admitidas a trámite. 

Estas ayudas forman parte del Plan de Vivienda 2022-2025 y se aprobaron en Consejo de Gobierno el pasado 5 de octubre. El plazo de solicitud se abrió el 15 de octubre, tras su publicación en el DOE, y debía estar vigente hasta el 16 de octubre de 2023. Su objetivo es facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler a los sectores de población con menos recursos económicos. Así, se concede una ayuda directa que financia el 50% de la renta mensual, con un tope de 300 euros por vivienda y 150 euros por habitación. 

La consejería no prevé sacar otra convocatoria de ayudas al alquiler hasta el periodo 2024/2025 y desestimará las solicitudes posteriores al 27 de febrero

La subvención se concede por un periodo de dos años, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022. El requisito económico es que la suma de los ingresos anuales de la unidad de convivencia no supere tres veces el Iprem (cuatro si es familia numerosa, persona con discapacidad o víctima del terrorismo; y cinco si es familia numerosa especial o personas con más de un 33% de discapacidad).

Para las habitaciones, se exige que la suma de los ingresos anuales brutos de todos los convivientes supere el precio de alquiler; que ninguno de ellos sea propietario de otra vivienda, que no tengan parentesco con el arrendatario, que la vivienda no forme parte del parque público de la Junta de Extremadura y que sea la residencia habitual del solicitante. 

El triple de solicitudes

Hasta la fecha, la consejería ha recibido para este programa un total de 3.376 solicitudes, lo que obligó a cerrar la convocatoria el pasado 27 de febrero al estimarse que se agotará el crédito disponible. El presupuesto, de tres millones de euros, se ha triplicado con respecto al anterior programa (en el plan 2018-2021 se destinó un millón de euros para este fin), pero también en este caso el número de solicitudes ha sido muy superior: de 1.318 se ha pasado a 3.300, un 156% más. 

Estas aún no se han resuelto, pero en el anterior plan solo el 41% fueron finalmente aprobadas. Esa convocatoria financiaba el 40% del alquiler, excepto para mayores de 65 años que llegaba hasta el 50%, durante un período de un año con una ayuda por vivienda de hasta 210 euros al mes en los 8 municipios mayores de 20.000 habitantes y de hasta 170 euros en el resto de poblaciones.

La Consejería de Vivienda no tiene previsto lanzar una nueva convocatoria, por lo que los interesados en estas ayudas que no las hayan solicitado antes del 27 de febrero, o todos aquellos que hayan formalizado el contrato de alquiler este año, tendrán que esperar a la nueva línea, que abarcará el periodo 2024/2025. 

La ayuda que sí sigue vigente, aclara la Junta, es la de alquiler para situaciones vulnerables, dirigida entre otros colectivos a víctimas de violencia de género, personas en riesgo de desahucio o sin hogar. Este programa ha ofrecido por el momento soluciones habitacionales a 143 familias desde que se lanzó en 2021 y recientemente se ha elevado el importe máximo de la subvención, que pasa de 25.000 a 50.000 euros. 

De esta forma, indica Vivienda, «se amplía y se mejora este programa», en consonancia con la reforma de la ley de vivienda (actualmente en trámite parlamentario), que refuerza los mecanismos para impedir el desahucio de familias con menores en Extremadura.

Los precios suben entre un 12% y un 15%

Con la cesta de la compra disparada, la factura energética en máximos históricos y las hipotecas por las nubes con la subida del euribor, los alquileres no son una excepción. Las estimaciones del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria apuntan que en el último año y medio los precios se han incrementado entre un 12% y un 15% y al igual que en el resto de España, en Extremadura el mercado está marcado por la falta de oferta. 

En Cáceres un piso medio de 90 metros con tres o cuatro habitaciones no se alquila hoy por menos de 500 o 520 euros, cuando antes estaba en 400

«En los pueblos es escasa, hay algo pero no en buenas condiciones y se reserva a los vecinos del propio núcleo de población; en las ciudades es casi imposible. En algunas la oferta es prácticamente inexistente y lo poco que hay es residual y carísimo», explica Francisco Marroquín, presidente del colegio cacereño. Según sus datos, en Cáceres un piso medio de 90 metros cuadrados con tres o cuatro habitaciones no se alquila hoy por menos de 500 o 520 euros, cuando antes estaba en 400. 

Según Marroquín, la escalada de los precios del alquiler comenzó a ser visible tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia y a su juicio, el mercado «irá a peor» con la aprobación de la reforma de la ley de vivienda, en trámite parlamentario. «Desde el colegio pensamos que debe haber una regulación, pero con esta se va a retraer todavía más la oferta», afirma Marroquín. Entre otras medidas, se contempla el impuesto a los grandes propietarios de vivienda, que gravará a las sociedades con más de cinco inmuebles vacíos durante un año. 

Con ello, en su opinión, lo que se está intentando hacer es «someter» el artículo 33 de la Constitución, que garantiza el derecho a la propiedad privada, al 47, que habla del derecho a la vivienda digna. Es decir «una traslación de la responsabilidad de todos los poderes públicos al propietario privado» que «ni siquiera arañará el bolsillo de los fondos buitres», que apenas controlan el 1,5% del mercado en la región.

Suscríbete para seguir leyendo