Críticas y polémica por la nueva ley que busca salvar Valdecañas

Rechazo en bloque a la ley Zepa aprobada este pasado jueves en la Asamblea de Extremadura, que no gusta ni a juristas ni a ecologistas ni a agricultores y ganaderos. Tramitada por la vía de urgencia, salió adelante solo con los votos del PSOE, que ostenta la mayoría absoluta en la Cámara, y tiene un objetivo de fondo: salvar el complejo Marina Isla de Valdecañas. Es una última baza para mantenerlo en pie. Se fundamenta en la intención de proteger 55 territorios extremeños que ya se creían catalogados como Zonas de Especial Protección para las Aves (Zepas) pero que, según sostiene ahora el Ejecutivo autonómico, nunca llegaron a declararse de forma oficial. Entre estos espacios se encuentra el embalse de Valdecañas, lo que abre de nuevo una puerta para legalizarlo, que es por lo que se ha luchado desde el principio, a pesar de que los tribunales hayan resuelto, en varias ocasiones, que lo que se levantó en ese espacio no se ajusta a derecho.

La ley para salvar Valdecañas sale adelante solo con los votos del PSOE

La norma legaliza «los usos del suelo y las transformaciones urbanísticas» que a su entrada en vigor se hayan aprobado en el ámbito territorial de esos 55 espacios, entre ellos Valdecañas. De hecho se refiere expresamente al complejo y especifica que «las construcciones y edificaciones ejecutadas completamente» en el resort quedarán legalizados, siempre que no causen perjuicio a la integridad ambiental. Y declara de interés público las construcciones, usos y servicios del Proyecto de Interés Regional (PIR) aprobado para poder levantar la urbanización. En definitiva, viene a legalizar todo lo que la justicia ha dicho que es ilegal (el PIR y las construcciones), en sentencias ya firmes. El último fallo del Supremo de hecho ordena derribar todo (lo construido y lo que está a medias). Se ha recurrido al Tribunal Constitucional y está pendiente de resolución.

Los juristas alertan de que la ‘ley Zepa’ de la Junta de Extremadura puede ser inconstitucional

Para Ecologistas en Acción, que la norma saliera adelante «es una noticia triste en términos democráticos porque es un intento de mantener, vía legislativa, una ilegalidad urbanística», en referencia a Valdecañas. Su abogado, José María Trillo, advierte de que, «en caso de ser necesario», presentarán «una cuestión de inconstitucionalidad al tribunal que competa». Reconoce que lo que se busca, una vez más, es conseguir homologar el complejo, pero cree que ya no ha lugar: «La ilegalidad es una realidad inamovible, no cabría volver a plantear una cuestión de legalidad porque eso ya se ha juzgado y está claro que hay una falta de motivación de interés general del proyecto», añade Trillo.

El abogado de Ecologistas en Acción cree que «los parámetros sobre los que se aprueba» esta ley «no son ciertos» porque el proceso de catalogación de estas Zepas, que se llevó a cabo en 2003, y su inscripción en la Red Natura 2000, «es absolutamente válido». Y recuerda al Ejecutivo que ya hubo un precedente de intentar legalizar Valdecañas, con la reforma de la ley del suelo en el año 2011, que se declaró inconstitucional, como esperan que ocurra con esta norma. «Dudamos de la eficacia de esta ley», se reafirma Trillo.

«Vulnera derechos»

Para Pedro Brufao, profesor de Derecho de la Universidad de Extremadura y uno de los expertos que ha participado en la Comisión de Transición Ecológica creada para validar la propuesta, está muy claro: «Es una ley simple y directamente inconstitucional y así se lo dije en la comisión. Lo que se quiere es intentar evitar la ejecución de una sentencia firme (que obliga a derribar Valdecañas) dictada por el TSJEx, el Supremo y el Constitucional». «Vulnera el régimen de condiciones básicas del suelo de la legislación estatal, impide el derecho a la sentencia, que es un derecho fundamental y vulnera el de la tutela judicial efectiva y la reserva de la jurisdicción para cumplir con el mandato constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que es materia reservada al poder judicial, por tanto se invade ese poder judicial», critica Brufao.

«Es un intento de mantener, vía legislativa, una ilegalidad urbanística, que es una realidad inamovible»

José María Trillo

— ABOGADO ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Para él también «es falso el argumento» que utiliza el Ejecutivo para aprobar esta ley porque las zonas Zepas que ahora se pretenden catalogar ya estaban designadas. «Lo que pretenderán es alegar esta ley en el procedimiento pero es que ya hay sentencia firme, la causa ya está juzgada y no se puede juzgar por la vía ordinaria algo que ya está juzgado», incide Pedro Brufao. Pero es que, más allá de esta ley y de las Zepas, insiste, Valdecañas «es ilegal»: «Fue aprobada por un PIR que fue declarado ilegal en sentencia firme. Aunque no hubiera habido Zepa el complejo era ilegal porque no cumplía con la ley del suelo», sostiene.

«Es una ley simple y directamente inconstitucional. Vulnera el derecho de sentencia e invade el poder judicial»

Pedro Brufao

— PROFESOR DE DERECHO DE LA UEX

El asunto de las Zepas no declaradas no es nuevo. De hecho los propietarios de las edificaciones de Valdecañas y el promotor del complejo presentaron al Tribunal Supremo recursos de revisión de las sentencias que ilegalizaban el complejo bajo el argumento de la protección de aves, al entender que la resolución se basa en algo que no existe. Aún no se ha resuelto.

Pendiente aún de los tribunales

Al margen de esto, el caso Valdecañas se dirime todavía en los tribunales. Está pendiente de que el Constitucional estime o rechace el recurso de amparo presentado por la Junta de Extremadura, las comunidades de propietarios y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo y que resolverá si ha de derribarse o no la parte construida del resort. Han solicitado además que se suspenda la ejecución de sentencia del Supremo, que ordena tirar el complejo al completo, hasta que se dicte la sentencia. Sobre esto último el TC tampoco se ha pronunciado aún.

«Es un abuso de autoridad. La Junta tiene que compensarnos por los daños que se han ocasionado»

Juan Metidieri

— PRESIDENTE DE APAG EXTREMADURA ASAJA

Pero esta ley, además de a Valdecañas, afecta directamente también a agricultores y ganaderos, a los que durante años se les ha sancionado por la utilización de estos terrenos o se les ha limitado su actividad bajo el argumento de que se trataba de zonas protegidas. «Es un abuso de autoridad, si esto es así lo que tiene que hacer la Junta es compensar económicamente los daños ocasionados a la agricultura y a la ganadería», reprocha el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri. Están cuantificando a cuánto podrían ascender esas sanciones: «El daño que se ha hecho al sector es muy grande», añade. Sobre esto Ecologistas en Acción advierte: «Pueden suponer unos costes superiores a todo lo que ha costado Valdecañas». 

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