La demanda de teletrabajo en la Junta de Extremadura crece un 36%

Sigue creciendo la demanda de teletrabajo en la Junta de Extremadura: en la última convocatoria, que se lanzó a mediados de febrero, se han recibido 2.400 solicitudes para 1.374 plazas. Nunca antes se habían ofertado tantas vacantes y tampoco nunca antes se habían recibido tantas solicitudes, con un incremento del 36% con respecto a la edición de 2022, que era la convocatoria más exitosa hasta la fecha.

Según los datos facilitados por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en todos los departamentos el número de solicitudes ha superado al de puestos ofertados bajo la modalidad de teletrabajo. Destacan especialmente Transición Ecológica y Sostenibilidad, con una ratio de 4,06 solicitudes por puesto, e Igualdad y Cooperación para el Desarrollo con 3,14. La menor demanda se ha registrado en Cultura, Turismo y Deportes con una ratio de 1,09 solicitudes por vacante ofertada. 

Al teletrabajo pueden optar los empleados públicos de todas las consejerías que no desempeñen labores de atención al público. Quienes se acojan trabajan tres días a la semana en casa y dos en la oficina manteniendo íntegramente las retribuciones económicas. Y desde la actualización de la normativa en 2021, la Administración les proporciona también un ordenador y un teléfono. 

El despliegue del teletrabajo en el Ejecutivo autonómico comenzó en el año 2018, pero no fue hasta la irrupción de la pandemia que recibió el impulso definitivo. Las convocatorias se abren una vez al año (embarazadas, víctimas de violencia de género y quienes residan en otra localidad por motivos de salud pueden solicitarlo en cualquier momento) con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, aumentar la productividad y también reducir costes a la Administración.

En cada convocatoria (la actual es la quinta), la Junta detalla el número de puestos que se ofrecen por cada consejería. En 2018 apenas fueron 82 plazas, que no llegaron a cubrirse en su totalidad; en el periodo 2020/2021, ya tras la irrupción de la pandemia, la cifra aumentó hasta las 942 plazas, de las que se cubrieron el 56%. En 2022 el número volvió a incrementarse, hasta las 1.112, y por primera vez la demanda superó a la oferta: hubo 1.764 solicitudes y finalmente se concedieron 1.303 licencias, 191 más de la previstas inicialmente.

Por consejerías

Este año la oferta ha vuelto a crecer hasta las 1.347 plazas, pero el número de solicitudes, 2.400, ha sido muy superior. Por consejerías, se ofertaban 300 puestos de teletrabajo en Hacienda y Administración Pública, para los que se han recibido 491 peticiones; 280 en Agricultura, con 495 solicitudes; 214 en Sanidad y Servicios Sociales, a las que optan 361 empleados públicos (más 117 en el SES); 236 en Educación y Empleo, que han recibido 329 solicitudes; en Cultura se ofertan 126 plazas de teletrabajo para 138 peticiones; en Movilidad, Transporte y Vivienda 110 para 121 solicitudes; en Economía, Ciencia y Agenda Digital hay 70 plazas para 98 peticiones; en Transición Ecológica y Sostenibilidad 30 vacantes para 122 solicitudes; 35 para 48 en Presidencia y 14 para 44 solicitudes en Igualdad y Cooperación al Desarrollo. 

La autorización se concede para un año y para la adjudicación se sigue un baremo en el que puntúan las necesidades de conciliación (por este orden: tener hijos con discapacidad, tener hijos menores de edad, cónyuge con discapacidad y estar a cargo de familiares con discapacidad), ser familia monoparental, tener discapacidad y la distancia del domicilio al centro de trabajo. El plazo para dictar la resolución es de tres meses y se comunica directamente al interesado, quedando desestimada si en ese plazo no se recibe la notificación.

Cabe recordar que la Plataforma de Empleados Públicos de la Administración General de Extremadura (Peagex), ha exigido a la Junta una mayor transparencia en la adjudicación de plazas, ya que entienden que actualmente el teletrabajo en la Junta «se está tomando como un premio o un castigo». Así, según el colectivo, hay gente a quien le han dicho que no lo solicite porque no se lo van a conceder y otros llevan tres y cuatro años trabajando desde casa. Por ello, para evitar el "clientelismo", exigen unos criterios de baremación más objetivos y también compensaciones para los empleados públicos que no pueden acogerse a este derecho, como los conserjes, ordenanzas y todos los que trabajan en servicios de atención al público. 

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