Ley de protección animal en Extremadura: la Junta tramita en 5 años 1.666 multas

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves de forma definitiva la nueva ley estatal de bienestar animal, una normativa dirigida a los animales domésticos y especies silvestres en cautividad y que finalmente ha dejado fuera del texto a los perros de caza, pastoreo, deporte o que ayuden en las tareas policiales. Entre otras novedades, el texto incluye un listado positivo de animales de compañía permitidos en los hogares, endurece las sanciones con hasta 200.000 euros según la gravedad de la infracción y prohíbe la venta y exhibición de perros en las tiendas de mascotas.

Extremadura cuenta también, desde más de dos décadas, con su propia normativa para la protección de los animales domésticos –ya sean de compañía o de renta– y salvajes en cautividad. El incumplimiento de alguno de sus artículos ha supuesto la tramitación de 1.666 expedientes sancionadores por parte de la Administración regional durante los últimos cinco años, prácticamente uno al día de media. De ellos, 29 han revestido un carácter leve (sanción de entre 60 y 300 euros);1.629 han sido considerados graves (de 301 a 1.500 euros); y ocho como muy graves (penalizados con una multa que va de los 1.501 a los 15. 025 euros). En este lustro, el ejercicio con mayor número de procedimientos gestionados fue el pasado, con 460, un 82% más que los 252 que se contabilizaron en 2021. En el caso de los graves, el alza fue del 87%.

Según se precisa desde la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, la cuantía de la sanción se gradúa atendiendo a cinco criterios: la intencionalidad o reiteración; el daño causado; el beneficio ilícito obtenido; la reincidencia, entendiéndose como tal la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado en virtud de resolución firme; y la trascendencia social o sanitaria que se atribuya a la falta.

Entre las infracciones calificadas como muy graves, siete estuvieron motivadas por maltratar, torturar o infligir daños a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que les pueda producir la muerte. La restante se impuso por organizar peleas de gallos.

El grueso de las penalizaciones por contravenir la ley de protección animal extremeña, aprobada en 2002, fueron las tipificadas como graves, y dentro de estas, la inobservancia de la normativa más habitual fue la de no tener identificado correctamente al animal o no haber cumplido los tratamientos zoosanitarios obligatorios, incluidas las vacunaciones. Sumaron 1.332, la mitad del total de los expediente sancionadores cursados por la Administración autonómica. En Extremadura es obligatorio que estén identificados con microchip o transpondedor todos los perros con residencia habitual en la región o aquellos que vayan a permanecer temporalmente en el territorio de la comunidad autónoma, incluidos los que participen en actividades cinegéticas.

La no destrucción de los cadáveres ha acarreado en estos cinco años otras 130 sanciones, mientras que 70 personas han sido multadas por mantener a los animales en estado de desnutrición o sedientos o por retenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario. En 37 ocasiones, la Junta castigó al dueño del animal por su abandono y en 31 por emplear sistemas destinados a limitar o impedir su movilidad injustificadamente. El maltrato animal de forma que le pueda producir sufrimientos o daños ha estado detrás de otras 15 penalizaciones, mientras que en 14 se castigaron los incumplimientos en los que incurrieron establecimientos de venta de mascotas.

Además, se precisa desde la Junta, actualmente se encuentra suspendida la tramitación de cuatro procedimientos, al haber sido remitidos al juzgado correspondiente. Tres de ellos son por haber cometido un presunto delito penal por maltrato animal y el restante por una presunta falsificación documental.

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