La obra del trasvase entre los ríos Pizarroso, Alcollarín y Búrdalo queda desierta

Ni una sola oferta se ha presentado al procedimiento de contratación del proyecto de trasvase entre las cuencas de los ríos Pizarroso, Alcollarín y Búrdalo. Había salido a licitación en enero con un presupuesto base de 61,5 millones de euros sin IVA, 74,4 millones si se incluye este impuesto, pero el pasado domingo la plataforma de contratación del Estado publicaba la resolución por la que se declara desierta. 

Desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) Extremadura se atribuye esta falta de interés a que la infraestructura se ha licitado partiendo de una estimación de los costes completamente desfasada. «No entendemos que una obra de esta envergadura pueda salir a licitación con precios de 2017, fecha del proyecto de ejecución, sin ningún tipo de actualización», se lamentó esta mañana desde esta patronal en una nota de prensa en la que recordó que la Ley de contratos del sector público obliga a que el precio de licitación de una obra sea el «general del mercado» y que, sin embargo, los de esta licitación se fijaron «un 40% por debajo». «Por eso no es de extrañar que haya quedado desierta», se concluye.

Con un plazo de ejecución de 30 meses, los trabajos para levantar esta infraestructura afectan a los términos municipales de Abertura, Alcollarín, Escurial y Zorita, en la provincia de Cáceres. Su materialización permitirá evitar inundaciones y ayudará a garantizar el riego en la zona. «Estas actuaciones suponen una de las obras de infraestructura hidráulica de mayor presupuesto realizadas en los últimos años y permitirán incrementar notablemente la capacidad de regulación en la demarcación hidrográfica del Guadiana», se aseguró desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a mediados de diciembre pasado, cuando el Gobierno dio luz verde a las obras. La interconexión de estos embalses incluye la construcción de un canal de 36 kilómetros de longitud, prolongando el ya existente entre las presas de García de Sola y Sierra Brava, que llega hasta el embalse del Búrdalo, completando de esta forma el Complejo Hidráulico de las Dehesas.

Entre los efectos favorables de la actuación en el entorno, el ministerio de Teresa Ribera citó «el refuerzo del canal de Orellana y el aprovechamiento adecuado del agua» de estas tres cuencas, cuya mejor regulación permitiría «disponer de más cantidad de agua, que a su vez propiciará una mejor calidad del recurso en caso de años de sequía, especialmente en las cuencas deficitarias».

Los regantes también resaltaron entonces los efectos beneficiosos que tendrá para la agricultura la unión entre Sierra Brava (embalse que se encuentra en el curso del río Pizarroso) y Búrdalo. Favorecerá fundamentalmente al Canal de las Dehesas y al de Orellana. El jefe de explotación de la Comunidad General de Usuarios (CGU) de este último, Juan Diego Fuentes, señaló tras su aprobación que «A día de hoy tanto las presas de Búrdalo como de Alcollarín tienen una cuenca de aportación bastante reducida y solo con las precipitaciones es complicado llenarlas». Esta conexión hará posible mantener el agua en ambos embalses, aseveró.

Según expuso CNC Extremadura (integrada por CNC Cáceres-Fecons y CNC Badajoz), ahora se plantean dos posibles alternativas. Una es que se elabore un nuevo proyecto con los precios actualizados, «con los innumerables retrasos» que eso «puede ocasionar, de manera que se están perdiendo para Extremadura en el actual ejercicio presupuestario casi 75 millones de euros de inversión». La otra es que se adjudique mediante una encomienda a una empresa pública y, por tanto, sin existencia de libre mercado». Esta segunda opción, adujo, significaría adjudicar no a los precios en que se ha sacado a licitación ahora, sino «a los de tarifa de dicha empresa pública, que son superiores a los de mercado». Si eso sucediese, agrega, se habrá adjudicado la obra a una empresa «que no concurre en igualdad de oportunidades» con el resto del sector; «que no abona sus impuestos en Extremadura; y que no tiene medios personales ni materiales suficientes» en la región por lo que tendrá que subcontratar, «pero a los precios que la empresa pública indique».

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