El Periódico Extremadura

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continúa la polémica en torno al complejo cacereño

Vara, sobre Valdecañas: "El problema está de facto resuelto con la nueva ley"

Reitera que la propuesta del PSOE sobre las zonas zepa da seguridad «jurídica y administrativamente». El TC aún debe pronunciarse sobre el recurso de amparo de la Junta contra la sentencia del Supremo

Vista aérea de la urbanización de la isla de Valdecañas. EL PERIÓDICO

Es contundente: con la ‘ley zepa’ el problema de Valdecañas «está de facto resuelto jurídica y administrativamente». Así ha respondido este martes el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al informe de la Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) que apoya el derribo del complejo construido en zona protegida y solicita que se desestime el recurso de amparo que el Ejecutivo presentó contra la sentencia del Tribunal Supremo que en febrero de 2022 ordenó su demolición total. 

Tras conocerse el informe, los socialistas apuntaron el pasado lunes que se trata de «un trámite procesal más» que no causa ninguna sorpresa, pero Fernández Vara, preguntado por la polémica en un acto en Plasencia, ha sido mucho más rotundo. «Parece que nadie se acuerda ya de que el Parlamento extremeño hace 15 días ha aprobado una ley que resuelve la situación de Valdecañas», ha dicho. 

Según Fernández Vara, lo que se ha buscado es una figura jurídica que permitiera resolver el problema urbanístico del complejo. El resultado: la aprobación de esta polémica ley basada en la premisa de que nunca existió zona de especial protección de aves (en este y otros 54 entornos de la región) porque no hay documento que lo acredite expresamente. Y el informe de la Fiscalía del TC, coincidente en el tiempo, obedece a que tanto este órgano como la Junta están trabajando «en paralelo» en el tema, pero cada una en su línea.

«Administrativamente y jurídicamente de facto está resuelto, porque la ley así lo establece», ha reiterado el jefe del Ejecutivo dando a entender que pese al pronunciamiento del Constitucional respecto al recurso de amparo aún pendiente de resolución, no habrá derribo en Valdecañas. 

La sentencia del Supremo

La causa judicial de Isla Valdecañas es compleja y extensa, pero la sentencia que el pasado febrero dictó el Tribunal Supremo supuso un punto de inflexión. Cuando parecía que la solución pasaba por derribar solo las construcciones sin terminar, el Alto Tribunal dio la razón a Ecologistas en Acción, que recurrió un auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y ordenó el derribo de todo lo construido. 

Fue un auténtico varapalo para los propietarios de las viviendas, para la promotora (Marina Isla de Valdecañas SA) y para la Junta, que permitió la iniciativa empresarial y podría enfrentarse no solo a costear un derribo total valorado en más de 33 millones de euros, sino también a más de 110 millones en indemnizaciones

La Junta, los propietarios y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo (donde se ubica el resort) presentaron entonces sendos recursos de amparo al TC para impedir el derribo de las construcciones que ya están terminadas. La Junta alegó que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva porque el Supremo «desconoce el bien que pretende salvaguardar», al no tener en cuenta que la demolición de todo el complejo supondrá un mayor perjuicio para el medio ambiente. Finalmente, el pasado noviembre el TC admitió el recurso a trámite, no sin polémica y tras una votación ajustada con seis magistrados a favor y cinco en contra. 

Ahora, cuatro meses después, el fiscal jefe del TC, Pedro Crespo, solicita que se desestime el recurso de amparo al no apreciar ninguna vulneración de los derechos fundamentales. «La Administración recurrente no está de acuerdo (con la sentencia del Supremo) porque convenía más a sus intereses lo resuelto por el auto casado y anulado (el del TSJEx que ordenaba la demolición parcial), pero eso no significa que exista ninguna lesión de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva», se recoge en el informe. Defiende que el complejo debe ser derribado, pues de otra forma nos conduciría «a la perpetuación de un resultado prohibido por la ley europea, estatal y autonómica».

La última baza

La conocida como ‘ley zepa’ es la última baza a la que el gobierno socialista ha fiado la viabilidad del complejo Isla Valdecañas, pero lo cierto es que numerosos expertos y juristas han alertado ya de sus visos de inconstitucionalidad y tampoco gusta a otros colectivos como ecologistas o agricultores. La ley modifica el mapa de la Red Natura 2000 para incluir como Zonas de Especial Protección de Aves (Zepa) 55 territorios que ya se creían catalogados, pero que no cuentan con una declaración oficial expresa. 

Al no contar hasta ahora con esa declaración, se mantienen vigentes todas las resoluciones firmes relativas a licencias, proyectos, planes e instrumentos de ordenación dictadas en este tiempo, lo que incluye el PIR de Isla Valdecañas anulado por sendas sentencias del TSJEx y el Tribunal Supremo. También mantendrían su vigencia, y ahí la polémica, todas las sanciones interpuestas por ejemplo a los agricultores, y todos los demás proyectos que se paralizaron precisamente por plantearse en una Zepa.

La propuesta se aprobó en el penúltimo pleno de la legislatura tras una tramitación exprés solo con los votos del PSOE y tras las críticas de la oposición (Unidas por Extremadura ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad) la polémica ha llegado también a las instituciones europeas. 

La eurodiputada Marie Toussaint, del Grupo Verde Europeo, ha registrado una pregunta en el Parlamento Europeo para que el órgano de gobierno de la Unión revise lo que consideran un «atropello legal» del PSOE a la Red Natura 2000. Verdes Equo, que pertenece a este grupo europeo, ha denunciado la «desfachatez» de la Junta con este asunto, por «vulnerar a Red Natura con una mano y, con la otra, pedir subvenciones para conservarla» por importe, asegura, de hasta 480 millones de euros.

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