Ya está en vigor la ley con la que el gobierno extremeño espera salvar del derribo el complejo Marina Isla de Valdecañas. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicada esta mañana la conocida como 'Ley Zepa', por la que se declaran formalmente como Zonas de Especial Protección para las Aves 55 territorios que ya constaban con esta catalogación en el mapa de la Red Natura 2000 de Extremadura, entre los que se incluye el Embalse de Valdecañas.
La norma, impulsada y aprobada solo con los votos del PSOE, se basa en la premisa de que nunca existió zona de especial protección de aves en estos 55 teritorios porque no hay documento que lo acredite expresamente.
Tras su entrada en vigor esta mañana, los propietarios de las viviendas del complejo Marina Isla de Valdecañas han mostrado su satisfacción, ya que consideran que aportará "orden a la situación ante la situación anómala y de clara inseguridad jurídica que han vivido junto a los trabajadores durante 15 años, además de beneficios económicos y sociales a los comerciantes de la zona y a los municipios cercanos".
Sostienen que la decisión del parlamento regional responde al "sentir del conjunto de la sociedad extremeña". La "inmensa mayoría" de los ciudadanos, recogen en el comunicado, entiende que la situación vivida durante casi 15 años es "injusta" y que derribar Valdecañas "traería más daños que beneficios".
José María Concejo, portavoz de los propietarios, asegura que “nadie puede negar que Valdecañas ha contribuido para bien al desarrollo económico de la zona, generando empleos, impulsando el comercio local, incluso favoreciendo la aparición de nuevos negocios. Solo hay que visitar los pueblos cercanos para darse cuenta de que Valdecañas, lejos de ser un problema, ha sido un impulso para esta comarca”.
Del mismo modo asegura que “siempre hemos tenido claro que nos encontramos ante un debate de fondo entre la sostenibilidad y el futuro de Extremadura. En este sentido, Isla de Valdecañas es un ejemplo que ha traído prosperidad y empleo, a la vez que demuestra que el desarrollo económico y la protección de la naturaleza son plenamente compatibles”.
Los propietarios reiteran que desde el primer momento han actuado "de buena fe", y por esta razón todos sus esfuerzos en las diferentes instancias judiciales se han centrado en defender la pervivencia del complejo.
