CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA TRABAJADORA DEL HOGAR Y LOS CUIDADOS

"¿Por qué una chacha no puede trabajar 8 horas?"

Colectivos de mujeres migrantes en Extremadura se unen para exigir la abolición del régimen de interna, que consideran "la esclavitud del siglo XXI": jornadas de hasta 70 horas semanales por un sueldo de 600 euros al mes y tareas "sin límites"

El colectivo de Mujeres Migrantes en la plaza de España de Mérida para la lectura del manifiesto.

El colectivo de Mujeres Migrantes en la plaza de España de Mérida para la lectura del manifiesto. / EL PERIÓDICO

Si las almohadas hablaran... Contarían que Carolina lleva tres años cuidando a una «abuelita» sin contrato; que a Sandra la echaban de la casa en la que trabajaba en pleno confinamiento y se quedaba en el portal o las escaleras, porque no tenía a dónde ir; que Rosa no tiene vida social trabajando como interna y que siente que no vale nada. Son algunos de los testimonios que se recogen en el informe Yo, mujer migrante en Extremadura, que evidencia el nivel de precariedad y violación de derechos laborales a las que están sometidas las trabajadoras internas migrantes.

El informe, financiado por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, ha sido realizado por el Movimiento de Mujeres Migrantes con el apoyo de Alianza por la Solidaridad y se ha dado a conocer en el Día Internacional de la Trabajadora del Hogar y los Cuidados, que se conmemora el 30 de marzo. «La almohada es donde desahogamos nuestras penas y lloramos cada noche, la que recoge todas nuestras vivencias». Es la frase con la que lo explica Karla Chavarría. Es de Honduras, tiene tres hijos y lleva siete años en España. Trabaja de interna «porque no ha podido salir de eso» y pese a todas las dificultades da las gracias ya que ha conseguido mejorar la calidad de vida de su familia. Pero también cree que ha llegado el momento de decir basta. «¿Por qué una chacha no puede trabajar ocho horas? ¿Por qué no le voy a pagar lo mismo por no tener papeles en regla?», se pregunta.

Karla es presidenta de la Asociación de Empleadas del Hogar, Cuidados y Limpieza de Cáceres y ayer, una de las protagonistas en la presentación del informe. Jornadas de hasta 70 horas semanales por un sueldo de 600 euros sin contrato o el pago de horas sueltas a seis euros, falta de privacidad, retirada del pasaporte, el cobro de comisiones por una carta de recomendación, amenazas, golpes e incluso abusos sexuales son algunas de las situaciones a las que se han visto sometidas estas mujeres y que se denuncian en el estudio.

Según los datos, la mayoría de ellas tienen entre 40 y 50 años y provienen casi en su totalidad de América Latina (94%). Emigraron por razones económicas, políticas o huyendo de la violencia de género y el crimen organizado. En un 54% de los casos están en situación irregular y aunque han cumplido los tres años para aspirar al arraigo social, no pueden tramitarlo por la falta de contrato laboral. Y pese a trabajar de «chachas», tienen un título de bachillerato (48%) o universitario (22%) que no han podido homologar. Al estar en situación irregular, las persigue el «estigma» de los cuidados y la limpieza. «Lo único que parece que sabemos hacer», lamentan. 

Resistencia

«Con las condiciones que se ofrecen dan ganas de llorar, pero es importante mencionar el acto de resistencia de las mujeres migrantes, que se refleja en la disminución del colectivo que trabaja en el régimen de interna porque no solo es vivir maltratada y mal pagada, sino que machaca la dignidad de las mujeres», explica Maryórit Guevara, presidenta del movimiento Mujeres Migrantes de Extremadura y coordinadora del informe. «Hay un rechazo a este régimen explotador, esclavista, que no tiene límites», continúa.

A su juicio, uno de los datos más importantes que refleja es ese: la disminución del colectivo de cuidadoras migrantes internas, que ha pasado del 45% antes de la pandemia a un 27,5% en la actualidad. Lo atribuye a las «múltiples violaciones» de derechos que han sufrido durante el confinamiento, con un régimen de disponibilidad 24 horas al día 7 días a la semana que muchas han llegado a calificar como «secuestro». Con respecto a las retribuciones, el estudio pone de manifiesto que solo el 25% de las internas migrantes recibe actualmente el salario mínimo y que en estos casos, es a cambio de no respetar los descansos o las vacaciones. Se calcula que un 60% está por debajo del umbral de la pobreza con los ingresos que recibe.

A ello se une una lista de tareas «sin límites y para cuanto se les ocurra a sus contratantes»: desde limpiar la casa, cocinar y cuidar a mayores y dependientes a hacer chapuzas, arreglar desperfectos, colgar cuadros, pintar paredes, ir al banco o al médico, llevar las finanzas de la casa, ver películas, pasear o limpiar la caca del perro.

Tras la presentación de este informe, con el que pretenden «crear conciencia y llegar a los políticos» para que se tomen medidas, también leyeron un manifiesto en la plaza de España. Reivindican «esos derechos humanos y laborales básicos» que a su juicio solo se pueden conseguir aboliendo este régimen que consideran «la esclavitud moderna».

«Es un trabajo que nos condena a la ignominia, a no tener privacidad, a sufrir trastornos de todo, físicos, mentales, de familia, por eso nosotras exigimos la erradicación del trabajo de internas, que podamos tener una jornada de 8 horas y que se reformule la ley de dependencia», clama Karla Chavarría, que recuerda que debido a inviolabilidad de los domicilios, no se pueden hacer inspecciones de trabajo: «Entre esas cuatro paredes las mujeres sufrimos todo tipo de vejaciones», asegura. 

En su experiencia personal ha relatado algunas: hacerle creer cuando llegó a España que los festivos laborales eran de 12 horas para que trabajara durante todas las noches sin rechistar o descontarle de sus dos horas de descanso diario un domingo el tiempo que tardó en hacerse una mamografía «porque se demoró demasiado».

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