«Solo pedimos que se cumplan las sentencias». Es el grito de un grupo de extrabajadores de la residencia de mayores de Santa Marta de los Barros que acumula dos años de litigios judiciales contra el ayuntamiento del municipio pacense por lo que consideran que ha sido «un despido injusto». No trabajan en el centro desde 2020 y pese a haber ganado dos juicios (uno por no haber sido subrogados a la plantilla municipal y otro por despidos nulos o improcedentes) aseguran que el consistorio sigue recurriendo las sentencias para no readmitirles ni hacer frente al pago de la indemnización.
El caso ha llegado incluso al Tribunal Supremo, pero la alcaldesa, Ana Belén Cabañas, afirma que el Equipo de Gobierno (PSOE) ha actuado siempre «conforme a criterio» y pensando en lo mejor para el propio centro. «Unos procesos se han ido resolviendo y otros no; hemos recurrido lo que entendíamos que teníamos que recurrir», explica la edil, que se reafirma en su decisión. «Otros cinco trabajadores siguen a día de hoy en el centro sin ningún problema», reitera.
La problemática se remonta al año 2019: tras «ser víctima de una empresa que causó muchos destrozos», el Ayuntamiento de Santa Marta decidió recuperar la gestión pública de la residencia de mayores, que cuenta con 24 usuarios (cuatro de ellos grandes dependientes), centro de día y servicio de comidas a domicilio. Eran 13 trabajadores en plantilla (el director, una terapeuta, una enfermera, dos cocineras y el resto cuidadoras), algunos desde el año 2011, cuyos contratos se iban subrogando ante el cambio de empresa adjudicataria.
Al recuperarse la gestión pública de la residencia en 2019, el ayuntamiento comunicó a los trabajadores que también en ese caso se procedería a la subrogación con las mismas condiciones, pero finalmente no fue así.
«Arma política»
«Nos engañaron. Antes de las elecciones nos dijeron que sí y después, en junio, un día antes de firmar se echaron para atrás y nos dijeron que no era legal», afirma el portavoz de los ocho afectados, que prefiere ocultar su nombre. Según la versión que les dio el consistorio, podría considerarse una puerta falsa de entrada a la administración pública. La alcaldesa les «invitó» a denunciar, asegurando que si el juez les daba la razón se procedería a la subrogación «sin ningún problema».
Así lo hicieron y mientras tanto, suscribieron otro contrato temporal de un año. La terapeuta y la enfermera no llegaron a firmarlo y para el resto, poco tiempo después comenzaron los despidos: dos cuidadoras fueron las primeras, una con reducción de jornada y de baja por maternidad.
Después llegó el covid, y el resto de contratos se prorrogaron seis meses más, pero a día de hoy de los 13 iniciales solo quedan cinco. «Entendemos que querían abaratar costes y han ido tirando de los decretos y planes de empleo para contratar personal temporal, pero al final la reforma laboral les ha obligado a hacerlos indefinidos», dice el portavoz.
A día de hoy cuentan con las sentencias favorables sobre la subrogación de los contratos, que según el juez se debería haber producido, y otras posteriores que declaran los despidos improcedentes y en dos casos, nulos. El Ayuntamiento de Santa Marta recurrió los fallos al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura e incluso al Tribunal Supremo, y aunque la justicia sigue dando la razón a los afectados, «se niegan a pagar las indemnizaciones y readmitir a las dos trabajadoras cuyo despido se declaró nulo». «Han recurrido incluso la ejecución de las sentencias», afirma el portavoz, que pone el foco en la difícil situación económica que han pasado tras verse sin trabajo en plena pandemia.
Qué dice el ayuntamiento
Desde el consistorio, la alcaldesa, Ana Belén Cabañas, defiende la gestión que se ha hecho en el centro. «Hay ciertos trabajadores a los que, con criterio, determinamos que no se les prorrogaran sus contratos. Tenemos nuestros motivos y son suficientes como para entender que no debían continuar trabajando en la residencia por el bienestar del servicio que se ofrece. Nada más, no hay más. A partir de ahí comenzó una oleada de juicios, porque ellos entienden que los despidos son improcedentes. Y el ayuntamiento, asesorado por sus servicios jurídicos, determina hacer, en unos recursos sí y en otros no. Hemos recurrido lo que entendemos que debemos de recurrir. No hay más», insiste la edil.
Cabañas sí reconoce que se dijo a los trabajadores «que demandaran al ayuntamiento para solicitar la subrogación», y fue «porque el interventor municipal entendía que no era legal que 14 o 15 personas pudieran pasar a ser indefinidos del tirón directamente a cargo del presupuesto del ayuntamiento". La sentencia fue favorable a los trabajadores, pero la alcaldesa dice que ya no se les puede subrogar porque no tienen relación laboral con el consistorio. «El resto sí siguen trabajando a día de hoy sin ningún problema», concluye.
