LOS COLEGIOS DE FARMACÉUTICOS DE BADAJOZ Y CÁCERES APLAUDEN LA MEDIDA

Las residencias de mayores se vincularán por ley a la farmacia del pueblo

La Junta aprobará un nuevo decreto para evitar la competencia y apoyar a la botica rural. También mejorará el control y la eficacia de los tratamientos en los centros sociosanitarios

Una farmacéutica prepara un botiquín de medicamentos.

Una farmacéutica prepara un botiquín de medicamentos. / EL PERIÓDICO

Balón de oxígeno para las farmacias rurales. La Junta de Extremadura va a aprobar un nuevo decreto que vinculará por ley el servicio de medicamentos a las residencias de mayores con la farmacia local. Se trata de una medida muy demandada por los colegios farmacéuticos de Cáceres y Badajoz, que confían en que sirva para aliviar la presión que existe actualmente sobre las farmacias de los pueblos, ahogadas por la despoblación y los bajos precios

«Estamos viendo cómo centros sociosanitarios de pequeñas poblaciones están siendo servidos a distancia por farmacias que no eran ni de su zona de salud y algunas distantes a muchísimos kilómetros. Esto no tiene un encaje en absoluto dentro de la normalidad», explica al respecto Cecilio Venegas, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz. «Eso sí, luego los caducados sí iban al punto Sigre del pueblo», remarca. 

El decreto se acaba de publicar en el Portal de Transparencia de la Junta y Venegas espera que el Consejo de Gobierno le de luz verde en breve, ya que se trata de una medida muy demandada y esperada por el sector. Juan José Hernández, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, explica que lleva pendiente casi dos décadas. «La ley de farmacia de 2006 ya dice que había que regular esto, pero en Extremadura no se había hecho nada», asegura. 

Más control

Según explica, este nuevo decreto va a ser «de gran ayuda» para los farmacéuticos, ya que regula todo lo relacionado con el depósito de medicamentos en los centros sociosanitarios: cuándo la residencia se tiene que surtir del hospital, cuándo de la farmacia, de qué farmacia, y todo con unos protocolos pautados y comunes. «Al no existir este decreto, había muchos centros que no trabajaban con depósitos, sino que iban un poco a la farmacia que creían y entendían», dice Hernández.

«Mejorará el control y la calidad, pero sobre todo supone un apoyo decisivo a la farmacia rural»

Cecilio Venegas

— Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz

Según Venegas, se trataba de una situación anómala, pues hasta ahora en las residencias, y a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en las clínicas dentales, que cuentan con un depósito de medicamentos, «podían actuar varios actores sin una estrecha vigilancia y un control exahustivo».

 Para el presidente del colegio pacense, el nuevo decreto vendrá a dar más control, calidad, seguridad y eficacia a los medicamentos en los centros, «que se han demostrado verdaderamente decisivos en todo lo que hace referencia a la pandemia, que a su vez nos ha hecho ver hasta qué punto el sistema sociosantario es fuerte y también débil». Asimismo, ayudará mejorar la adherencia a los tratamientos ya que se regulan y fomentan los pastilleros. 

Pero el valor «decisivo», remarca Venegas, es el apoyo que supondrá para la farmacia rural, actualmente en una situación complicada debido a la despoblación y el poco margen de los medicamentos.

El efecto de la despoblación

En Extremadura hay actualmente 680 farmacias y aproximadamente la mitad se ubican en pueblos de menos de 1.500 habitantes. Dentro de estas un total de 33 necesitan ayudas públicas para subsistir por su baja rentabilidad, tres en la provincia de Badajoz y el resto en Cáceres. La cifra ha crecido casi un 18% en solo un año y en la provincia cacereña, según Venegas, la situación es «salvaje»: el 10% del total de oficinas (30 sobre 300) son ya de Viabilidad Económica Comprometida (VEC). 

«La ley de farmacia de 2006 ya dice que había que regularlo pero aquí no se había hecho»

Juan José Hernández

— Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres

Son farmacias que tienen un nivel de entorno a 250.000 euros al año de facturación y eso determina que sea muy difícil su supervivencia. La mayoría se ubican en pueblos de menos de 500 e incluso 300 habitantes con población muy envejecida que aunque suele estar polimedicada, solo consume medicamentos: nada de parafarmacia o productos sin receta que dan algo más de aire al farmacéutico. Se abrieron porque el medicamento tenía precio o margen, pero a día de hoy no tiene ninguna de las dos cosas. Un ejemplo: el paracetamol en España vale dos euros, en Holanda ocho.

Otras comunidades como Galicia o Castilla-La Mancha ya priorizar la atención farmacéutica a las residencias desde la oficina de farmacia rural y más específicamente de las zonas despobladas para ayudar a su sostenibilidad. Estas farmacias se encargarán de asistir y surtir a los centros sociosanitarios, como serían las residencias de mayores, centros de día o centros de discapacitados. En opinión de Venegas, así se podría asegurar la permanencia de estas oficinas de farmacia en las zonas rurales y el servicio básico que prestan.

Públicas y privadas

El nuevo decreto que regula la prestación farmacéutica en los centros sociosanitarios será de aplicación tanto en el ámbito público como en el privado, e incluye a residencias de mayores, centros de atención a dependientes, a la discapacidad, centro específicos para personas con enfermedad mental crónica y centros de hospitalización psquiátrica. 

Todos deberán contar con un depósito de medicamentos vinculado a un servicio de farmacia, que será con carácter general el de la localidad en la que esté ubicado el centro. Cada farmacia solo podrá tener asignado un centro sociosanitario y en caso de que exista más de una en el municipio, se establecerán turnos rotatorios para el servicio. Se deben garantizar medicamentos las 24 horas del día, con dotación adecuada a las necesidades del centro. 

Suscríbete para seguir leyendo