BALANCE DE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS EN LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Adiós a la legislatura de la mayoría absoluta y el covid

Pese al diálogo que prometió Vara en la investidura, todos los temas candentes han salido adelante sin grandes acuerdos. De las 52 leyes que se han aprobado en estos cuatro años, el 60% han sido bajo la modalidad de decretos

La bancada socialista aplaude a Guillermo Fernández Vara tras su investidura en junio de 2019.

La bancada socialista aplaude a Guillermo Fernández Vara tras su investidura en junio de 2019. / EL PERIÓDICO

Han pasado cuatro años y ahora toca hacer balance. Atrás queda ya una legislatura marcada a fuego por la pandemia y condicionada por sus consecuencias económicas, pero sin grandes sobresaltos en lo político gracias a la tranquilidad que esa mayoría absoluta ahora en el aire ha dado al gobierno del PSOE: 34 diputados que le han permitido sacar adelante en solitario y sin dificultad los cuatro presupuestos autonómicos y todas sus iniciativas. Desde eliminar la limitación de mandatos para permitir que Guillermo Fernández Vara se presente a la reelección por tercera vez consecutiva a la ‘ley Zepa’ con la que pretenden evitar el derribo del complejo Isla Valdecañas. 

Que la gente pudiera «cumplir sus sueños» fue el objetivo con el que Guillermo Fernández Vara asumió en junio de 2019 su tercer mandato al frente de la Junta de Extremadura. Entonces prometió gobernar «como si no tuviera mayoría absoluta» («cuanto más diálogo haya, mejor para esta región», dijo) y en su investidura propuso a la oposición seis grandes pactos sobre lo que supuestamente iban a ser las claves de la legislatura: cambio climático, digitalización, vivienda, una nueva PAC, lucha contra la despoblación y un calendario para las infraestructuras, especialmente el tren.

Pero la primera medida de calado que se llevó al Parlamento nada tuvo que ver con lo anterior: fue la modificación del Estatuto de Cargos Públicos para eliminar la limitación de mandatos a dos legislaturas, de forma que Fernández Vara pudiera optar a la reelección ahora en 2023. Esta normativa se aprobó en 2014 bajo el gobierno del PP y pese a que entonces contó con la abstención del PSOE (Vara dijo que «no le parecía mal»), los socialistas la derogaron nada más recuperar el gobierno.

En palabras del propio partido, «para que el debate saliera de la opinión pública lo antes posible». Fue la primera gran polémica de la legislatura y la muestra inequívoca de que, ocho años después, la mayoría absoluta había vuelto a la Cámara. El PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura recriminaron al PSOE esta maniobra con la que, a todas luces, se evitó una guerra interna por la sucesión. 

La irrupción de la pandemia

Tras esta polvareda inicial la legislatura comenzó a andar, aunque poco después echó el freno. En marzo de 2020 irrumpió la pandemia y todo saltó por los aires. Las necesidades cambiaron, las prioridades también y la oposición vio aún más reducido su margen de maniobra. La Asamblea, al igual que el resto del mundo, se veía sumida en un escenario insólito. Cesó la actividad parlamentaria ordinaria y se convocó la Diputación Permanente.

Fernández Vara compareció el 23 de abril de 2020 por primera vez para rendir cuentas por la gestión de la pandemia y desde entonces y hasta septiembre de 2021 los plenos y comisiones estuvieron sometidos a restricciones de aforo: diputados con mascarilla en escaños y tribunas (fue obligatoria desde julio de 2020) y distribuidos en varias salas de la Cámara para poder seguir las sesiones y votar de forma telemática. La situación de la sanidad y las consecuencias de la pandemia, en torno a las comparecencias periódicas del consejero de Sanidad, José María Vergeles, monopolizaron los debates en este periodo.

Al principio la oposición se mostró cauta, pero poco a poco fue subiendo el tono de las críticas, especialmente cuando tras un fallido plan de Navidad repuntaron los contagios y la región vio, en enero y febrero de 2021, la peor cara del virus. 

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, en una de las comparecencias sobre la pandemia.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, en una de las comparecencias sobre la pandemia. / EL PERIÓDICO

La influencia de la pandemia (y también de la mayoría absoluta)a la hora de hacer política se refleja bien en el balance de leyes aprobadas a lo largo de la legislatura. Según los datos facilitados por la Asamblea de Extremadura, en los 88 plenos celebrados han sido 52 y de ellas 31 (el 60%) obedecen a la modalidad de decretos-ley, frente a 14 proyectos de ley (el trámite ordinario para las leyes, que incluye los cuatro presupuestos) y siete como propuestas de ley (parten de los grupos parlamentarios). 

Los decretos-ley son normas con rango de ley que emanan del Ejecutivo sin necesidad de intervención o autorización previa del Legislativo, que no obstante debe convalidarlo en un plazo breve. Se justifican por razones extraordinarias, de necesidad o urgencia. 

En este caso el PSOE ha tenido siempre asegurada la convalidación gracias a sus 34 diputados. Se han utilizado para dictar restricciones de horarios y aforos durante la pandemia, poner en marcha líneas de ayudas para empresas y autónomos y también para la reactivación económica. Pero más allá de la pandemia, se han usado, por ejemplo para establecer ayudas a los agricultores por las consecuencias de la guerra en Ucrania o la sequía. El decreto más sonado quizá sea el que blinda el litio, propuesta estrella de Fernández Vara en último debate sobre el estado de la región y una de las bazas a las que el PSOE fía el futuro de los próximos años. 

Ya en 2022, con la pandemia casi superada y ahora lidiando con las consecuencias de la guerra en Ucrania, la actividad política se ha centrado en la remontada económica, sobre todo el ahínco por traer empresas de fuera. El Parlamento volvió a la normalidad y en los últimos meses ha vivido un esprint legislativo que ha culminado con otra gran polémica: la ley ‘Zepa’ con la que los socialistas pretenden frenar el derribo del complejo Isla Valdecañas. Y también en esta ocasión, se han quedado solos con su mayoría absoluta. Porque el acuerdo en esta legislatura que apelaba al diálogo solo ha venido de la mano de la ley de reto demográfico: el único gran pacto en cuatro años.

La oposición toma el relevo

Con el PSOE gobernando en mayoría absoluta y una pandemia que acaparó prácticamente los dos primeros años de legislatura, las mayores convulsiones en los grupos parlamentarios se han vivido a nivel interno. Especialmente en el PP y Ciudadanos, cuyos líderes toman el relevo de cara a las elecciones autonómicas del 28 de mayo. 

Las tensiones que más se han proyectado en la actividad parlamentaria han sido las de la formación naranja: han tenido hasta tres portavoces parlamentarios (Cayetano Polo, David Salazar y Fernando Baselga) y debido al conflicto en el relevo de Cayetano Polo estuvieron varios meses sin portavoz oficial y por tanto, sin poder hacer preguntas a Fernández Vara en las sesiones de control al Gobierno. 

Han sido el único grupo en dar su apoyo a unos presupuestos del PSOE, los de 2021, pero eso no impidió que a los dos años siguientes, en 2022 y 2023, cambiaran de criterio y formularan sendas enmiendas a la totalidad conjuntas con el PP.

Por su parte, en la bancada popular, el momentazo lo dio José Antonio Monago. En el último debate sobre el estado de la región se despidió entre lágrimas como jefe de la oposición y recibió el aplauso unánime de la Cámara: una foto para el recuerdo con todas las bancadas arropándole en pie. Parecía un adiós definitivo, pero ahora sabemos que no será así: repite en la lista del PP por la provincia de Badajoz con opciones de seguir ocupando escaño para ser senador por designación autonómica.

El acercamiento que alguna vez hubo con el PSOE no ha sido posible en esta legislatura: han votado en contra de todos los presupuestos y el gran escollo entre los dos principales partidos ha sido una rebaja de impuestos que el PSOE siempre se ha negado a aplicar. 

En Unidas por Extremadura las aguas han estado más tranquilas. Irene de Miguel se ha afianzado en estos cuatro años como líder de la formación morada (aglutina a Podemos e IU, que vuelven a concurrir juntas a las urnas) y pese al gobierno de coalición en Madrid, aquí siempre han mantenido las distancias con el PSOE. En las votaciones de presupuestos se han abstenido en todos los casos. 

Incluso en los de 2023 han evitado la ‘foto del pacto’ pese a que el PSOE asumió muchas de sus propuestas (entre ellas los comedores escolares gratis) en detrimento de la rebaja fiscal del PP y Cs. También se abstuvieron, en el último pleno, en la votación de la nueva ley de vivienda, que incluye el impuesto a los grandes propietarios. 

Las polémicas más sonadas:

  • El tren: averías y una inauguración fallida. La situación del tren, con sus continuas averías y retrasos, ha sido el tema estrella de esta legislatura en las sesiones de control al Gobierno. Las críticas arreciaron aún más tras la inauguración fallida de julio de 2022. El presidente terminó por reconocer que lo que ocurrió el verano pasado tras la visita de la ministra y el rey fue «una vergüenza», pero siempre ha defendido que la inversión avanza con más de mil millones en los últimos años y que al fin, se cumplirán los plazos. La oposición ha criticado que Vara se pliegue a los intereses de Madrid y que a diferencia de lo ocurrido en otras regiones, no haya habido dimisiones.
  • A vueltas con la rebaja de impuestos. Ha sido el mantra del PP durante esta legislatura, al que después se ha sumado también Ciudadanos. Tras la crisis del covid los populares pidieron por activa y por pasiva una rebaja de impuestos que finalmente no ha llegado. En materia tributaria, las principales medidas han sido la vuelta a las exenciones de 2016 en el Impuesto de Donaciones y ya de cara a 2023, una rebaja de tasas y precios públicos como medida estrella para ayudar a las familias a combatir los efectos de la inflación. También se han aprobado nuevas deducciones autonómicas para los residentes en pequeños municipios con la ley de reto demográfico.
  • Ley de Cámaras de Comercio: la oposición se planta. Es el gran logro de la oposición en esta legislatura. Según criticaron PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura en el verano de 2021, el PSOE incluyó «de tapadillo» en un decreto ley urgente de ayudas a empresas por el covid la modificación de las vocalías para dar más peso a la patronal en las Cámaras de Comercio, lo que consideraron «un pucherazo» para favorecer a la Creex. Tras la convalidación del decreto presentaron una propuesta de ley conjunta y lograron que el PSOE diera marcha atrás. Se inició una negociación y de cara a las elecciones del pasado febrero, la patronal contó con tres vocalías en lugar de ocho. Según los socialistas, el cambio obedecí a la homologación a una ley nacional. 
  • El litio: la baza de futuro para el PSOE. Tras la pandemia los esfuerzos de la Junta se han centrado en atraer industrias y convertir a Extremadura en una potencia verde. Y eso también ha tenido su reflejo en la Asamblea. Fundamentalmente en las medidas en torno al aprovechamiento del litio: un nuevo decreto que blinda el mineral extremeño parque se trate aquí, que salió adelante con el apoyo de Cs, la abstención del PP y el no Unidas por Extremadura. Y en la Ley de Medidas se incluyó un precepto para que las minas de litio puedan ser proyectos de interés general. Esta ley, un texto escoba que modifica más de 40 leyes autonómicas, fue considerada por la oposición como la muestra del «abuso» de la mayoría absoluta: las 40 enmiendas del PSOE modificaron de forma sustancial más de la mitad del texto inicial.
  • Valdecañas: la traca final de legislatura. La ‘ley Zepa’, que ha salido adelante solo con los votos del PSOE, ha sido la polémica del final de la legislatura. Es el intento in extremis del PSOE por salvar el complejo turístico Marina Isla Valdecañas, después de que el Tribunal Supremo ordenara en febrero de 2022 el derribo de todo el complejo por haberse levantado en suelo protegido. Esta ley declara de forma expresa como zonas Zepa 55 territorios que ya se creían catalogados, pero que según la Junta no contaban con esa declaración oficial. Al no haber sido declarados oficialmente hasta la aprobación d de la ley Zepa, se da vigencia a todas las resoluciones emitidas en ese tiempo. Expertos y juristas han advertido de sus visos de inconstitucionalidad y toda la oposición votó en contra por el mismo motivo.

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