La Junta de Extremadura recurre la demolición de la presa de Valdecaballeros

La Junta de Extremadura ha presentado este martes un recurso ante el Ministerio de Transición Ecológica contra la demolición de la presa de Valdecaballeros, construida para dar servicio a la central nuclear que nunca llegó a funcionar. Según ha explicado el presidente del Ejecutivo autonómico, Guillermo Fernández Vara, con este recurso se inicia la vía administrativa para frenar un derribo que "ni se le pasa por cabeza". "Es un verdadero disparate que hay que corregir cuanto antes", ha dicho tras mantener una reunión en Mérida con el alcalde de Valdecaballeros, Gregorio Rodríguez Dueñas.

El recurso se basa en tres razones fundamentales. En primer lugar, "el vicio del procedimiento", ya que la Junta de Extremadura no ha sido consultada pese a ser parte interesada como titular de los terrenos. En segundo lugar, por razones ambientales "que son sobradas": "eso es de primero de Medio Ambiente", ha dicho Fernández Vara. Y en tercer lugar, "porque nos hace falta para beber, los agricultores y los ganaderos".

"Es una falta de respeto absoluto lo que se ha tenido con la comarca y con la región. No se nos ha escuchado y nos vamos a defender con contundencia. En Madrid están acostumbrados a cuando las cosas se hacían lo que les daba la gana porque no había autonomías, pero ese tiempo se ha terminado", ha afirmado el presidente, que insiste en que la presa "no se va a tirar".

En septiembre cumple el plazo

Esta presa, levantada sobre el río Guadalupejo, se construyó para la refrigeración de la central nuclear de Valdecaballeros pero nunca cumplió su función, al no haberse puesto en marcha la planta tras la declaración de la moratoria nuclear de 1984. Las concesiones de aprovechamiento hidráulico se concedieron a las empresas propietarias, Endesa e Iberdrola, en 1982 y seguían vigentes hasta la fecha. En el año 2021, Endesa renunció a la concesión y la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) tramitó su extinción.

Según la CHG, una vez que se extingue una concesión automáticamente hay que restituir el dominio público hidráulico, lo que llevó a la Dirección General de Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a publicar el pasado 14 de marzo una resolución en la que se acuerda la demolición de la presa y la restitución de los terrenos a su estado original. En esa misma resolución se indica que son Endesa e Iberdrola, como propietarias, las que deben costear el derribo y presentar, en un plazo de seis meses (cumpliría en septiembre) un proyecto para la demolición.

Los alcaldes de Valdecaballeros, Castilblanco y Alía ya han manifestado su preocupación por el derribo de la presa, dado el daño medioambiental que puede producir a la fauna y la flora existente en el entorno. Pero también por el riesgo que supondrá para el abastecimiento a la población, ya que el traslado de las tomas de agua, de producirse, conllevaría un recurso de menor calidad.

Daños ambientales

En estos mismos argumentos ha insistido este martes el alcalde de Valdecaballeros, Gregorio Rodríguez Dueñas, tras la reunión con Fernández Vara. "En el centro de la presa hay un nido de cigüeña negra y una colonia de garzas reales con diez nidos, además de ser un dormidero de grullas, con más 400 cada invierno. "Hay una diversidad de fauna y flora impresionante. Es un paraíso para nosotros y para toda Extremadura", ha alegado.

El primer edil se pregunta además si se ha valorado que restituir la presa a su estado original produciría "una huella de carbono brutal", porque de allí saldrían unos 10.000 viajes de camiones con escombros. "No se está hablando de un azud o una presita de cualquier manera, sino de un embalse que tiene ya 40 años y que ha generado un ecosistema espectacular que hay que respetar si somos consecuentes", ha señalado.

El Ejecutivo extremeño comparte con los ayuntamientos que el daño medioambiental para las especias de la zona puede ser irreversible, más cuando existen otras alternativas al derribo que, según Fernández Vara, deberían estudiarse antes de tomar una decisión definitiva. La solución de la Junta pasa por que la presa se declare bien de titularidad estatal o bien autonómica.

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