El Gobierno rectifica y estudiará no demoler la presa de Valdecaballeros

Paso atrás. El Ministerio para la Transición Económica y el Reto Demográfico (Miteco) está evaluando técnicamente no demoler la presa de Valdecaballeros «ante el interés mostrado por la Junta de Extremadura» en el mantenimiento de esta infraestructura. El departamento que dirige Teresa Ribera ha informado este miércoles en su cuenta de Twitter del cambio de criterio, que se produce un día después de que el Ejecutivo autonómico presentara un recurso de alzada contra la resolución que dicta el derribo. 

Según explican fuentes estatales, el embalse fue diseñado para refrigerar la central nuclear que nunca entró en funcionamiento. Con arreglo a la normativa vigente y una vez extinguida la concesión, corresponde demolerla, «salvo que se identifique un nuevo uso y se garantice su funcionamiento», como es el caso. Así, aunque nunca ha sido un embalse destinado al abastecimiento de agua, dado que la Junta tiene interés por preservarlo, «se está evaluando técnicamente la posibilidad de estimar la demanda de mantener esta infraestructura».

"Un disparate"

El pasado martes la Junta presentó un recurso de alzada contra la resolución que dicta la demolición. En palabras del propio presidente, Guillermo Fernández Vara, «un disparate que había que corregir cuanto antes». El recurso se basa en tres razones fundamentales: la nulidad del procedimiento y la invalidez formal de la resolución, al entender la Junta que no ha sido consultada sobre el derribo pese a ser parte interesada como titular de los terrenos; el daño ambiental que produciría, al situarse el embalse en la Zepa Puerto Peña-Los Golondrinos, la reserva de la biosfera de La Siberia y el propio corredor ecológico del río Guadalupejo; y en última instancia, por la necesidad de agua para los municipios del entorno y la agricultura de la zona. 

Según informa la Consejería de Hacienda y Administración Pública, el plazo del Ministerio para resolver el recurso de alzada es de tres meses. El ministerio puede estimar, desestimar o inadmitir el recurso, una decisión que en cualquier caso agota la vía administrativa.

Si no se admite o se desestima, la Junta puede iniciar la vía judicial con un recurso contencioso-administrativo, para lo cual dispone de un plazo de dos meses desde la resolución del ministerio. No obstante, todo apunta que no será necesario, dada la predisposición que el Ministerio ha mostrado ya a estudiar la petición de la Junta. La solución del Ejecutivo extremeño pasa por que la presa se declare bien de titularidad estatal o autonómica.

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