¿Qué hacemos con una mole de 400 metros?

La demolición de la presa de Valdecaballeros era ya una decisión tomada, pero la sequía ha hecho saltar todas las alarmas: los municipios de la zona se han puesto en pie de guerra contra el Gobierno y también la Junta de Extremadura se ha rebelado con un recurso de alzada a una cuestión que, asegura, desconocía hasta que el pasado 7 de marzo se dictó la resolución oficial. Esta presa, levantada sobre el río Guadalupejo, se construyó para la refrigeración de los reactores de la central nuclear que nunca entró en funcionamiento por la moratoria de 1984.

Las concesiones de aprovechamiento hidráulico se dieron dos años antes a las empresas propietarias, Endesa e Iberdrola, que en 2021 solicitaron su extinción. Y la propia ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado este jueves que si el embalse no tiene otro uso y no hay nadie que asuma su mantenimiento, tras extinguirse la concesión hidroeléctrica, la ley obliga a derribarlo «para evitar peligros». «Correspondía tomar una decisión», dijo la ministra, que no obstante reitera que ante «el interés» de la Junta, su departamento estudiará la posibilidad de mantener el dique. 

Ese interés se ha materializado en un recurso de alzada presentado ya contra la resolución firme de derribo, pues según la Junta (y pese a que, por ley, una cosa lleva a la otra), el ministerio solo le consultó en 2021 sobre la extinción de la concesión de aguas, no sobre tirar la presa. «Con toda rotundidad no se derribará», ha reiterado este jueves el presidente del Ejecutivo, Guillermo Fernández Vara. «En ningún momento del trámite se planteó que se iba a producir un derribo, por los suficientes valores ambientales para que la demolición sea un estropicio, y porque de allí están bebiendo localidades y regando agricultores», ha repetido en un acto en Badajoz. 

Titularidad pública

Una vez presentado el recurso, a juicio de Vara, «no habrá ningún problema para que se resuelva quién se hace cargo del embalse en un futuro». No obstante, fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública han matizado después que «para determinar esa cuestión habrá que esperar a la decisión del ministerio». 

Por el momento, todo apunta a que la presa pasará a ser de titularidad autonómica, pues la Junta ya es la propietaria de los terrenos de la central nuclear tras su cesión en 2020. Con la resolución de derribo, el Ministerio de Transición Ecológica ha dejado claro que no tiene interés en mantener la infraestructura y los ayuntamientos de Valdecaballeros, Castilblanco y Alía, los afectados, a todas luces carecen de fondos suficientes y medios para ello.

Endesa e Iberdrola han recibido una compensación de 2.043 millones por el parón de la central de Valdecaballeros. "Es su obligación restaurar el entorno", dicen los ecologistas

Extremadura cuenta con 177 embalses, 43 de media y gran capacidad, y la inmensa mayoría son de titularidad pública, dedicados al abastecimiento o el riego. Solo los que están asociados a uso industrial, como el de Valdecaballeros, tienen concesiones hidroeléctricas. Actualmente, todos están en la provincia de Cáceres: Guijo de Granadilla, Cedillo, Alcántara, Torrejón, Valdecañas, Azután o Arrocampo. Este último se construyó con el mismo fin que el de Valdecaballeros y es el que actualmente sirve para refrigerar la central nuclear de Almaraz. 

«Los embalses nunca tienen un uso exclusivo y excluyente, no hay uno que solo sirva para una cosa: abastecimiento, uso agrario, industrial, lúdico y deportivo... Eso sí, siempre respetando el orden de prioridad que establece la ley», explica Francisco Castañares, presidente de la Asociación de Amigos de Monfragüe y director general de Medio Ambiente de la Junta entre 1989 y 1994. Critica que, en plena sequía, el ministerio haya planteado el derribo de una presa alegando que el uso hidroeléctrico para el fue concebida nunca existió. «La central nuclear tampoco se utilizó y no se ha desmantelado. Al sistema de evacuación se le ha dado un nuevo uso con las renovables, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con la presa y el embalse? Es un agua limpia y de gran calidad, de las mejores de Extremadura», defiende. 

«No es para abastecimiento»

Pero la cuestión, según los expertos, no es tan sencilla. Pedro Brufao, profesor titular de Derecho Administrativo y especialista en Obra Pública de la Universidad de Extremadura (UEx), constata que el trámite que ha seguido el Gobierno es el ordinario que dicta la ley en estos casos: la concesión hidroeléctrica se extingue y, como consecuencia, «aunque pueda resultar sorprendente», se decreta el derribo de la presa. Para mantenerla en pie, uno de los motivos a los que apelan la Junta y los ayuntamientos es la necesidad de agua, pero según Brufao no es un argumento válido. 

Este embalse «no sirve para abastecimiento» por dos motivos: por los elevados costes de mantenimiento que generará y porque las concesiones de riego y urbanas «estarían sobredimensionadas». «Estamos hablando de una mole de 400 metros de hormigón con una capacidad de 75 hectómetros cúbicos de agua, que serviría para abastecer a la ciudad de Sevilla, para dos poblaciones (Valdecaballeros y Castilblanco) que apenas llegan a los 2.000 habitantes. Nuestra ley exige, con toda racionalidad, que para el abastecimiento las captaciones de agua se adecuen al consumo real», detalla el profesor. 

Según Brufao, y también las organizaciones ecologistas que han presentado alegaciones al proceso (Ecologistas en Acción y AEMS Ríos con Vida), el abastecimiento a la zona está asegurado: existe una masa de agua auxiliar en el Arroyo de Valdefuentes y aguas subterráneas, «mucho más baratas y eficientes». A ello hay que sumar que las captaciones actuales a las que hacen referencia los ayuntamientos son ilegales (la propia resolución de derribo insta a los municipios a regularizarlas) y que se resolverían «cambiando la toma al embalse de García Sola», situado dos kilómetros aguas abajo. 

Con respecto al mantenimiento, el profesor de la UEx recuerda que las obras de la central se paralizaron sin que las instalaciones llegaran a concluirse, por lo que habría que elaborar un plan de puesta en servicio: «nombrar a un director de explotación, un director técnico, adecuar los desagües, las normas de explotación, un plan de emergencia, evaluar el estado de la infraestructura, el control del caudal y los sedimentos...» 

Brufao no ofrece una cifra, pero sí recuerda que este coste «se cargaría al bolsillo del contribuyente», al igual que las compensaciones que Endesa e Iberdrola han recibido por la moratoria nuclear: 2.043 millones de euros solo por la Central Nuclear de Valdecaballeros.

"No hay un nuevo hábitat, es el río degradado"

Los daños ambientales son otro de los argumentos que la Junta de Extremadura esgrime en su recurso de alzada contra la demolición de la presa de Valdecaballeros. Alega que el embalse se sitúa en la Zepa Puertoña-Los Golondrinos, dentro de la reserva de la biosfera de La Siberia, con nidos cigüeña negra, una colonia de garzas reales y un dormidero de grullas que podrían desaparecer. A lo que se suma «el fuerte impacto» derivado de la demolición y retirada del muro de hormigón.

Sin embargo, organizaciones como Ecologistas en Acción y AEMS Ríos con Vida, e incluso el profesor de la Uex Pedro Brufao, son tajantes: «No hay un nuevo hábitat, es el río degradado». Ecologistas y Ríos con Vida defienden el desmantelamiento de la presa al entender que es la mejor forma para restaurar el cauce del Guadalupejo e insisten además, en que es la «obligación» de Endesa e Iberdrola tras las compensaciones recibidas por la central que nunca se puso en funcionamiento. Ambas, como titulares de la concesión durante estos 40 años, deben costear la restitución de los terrenos a su estado original.

«El estado natural de un río es que corra; los peces no se van a morir, el ecosistema no se va a destruir, se va a desplazar 2 kilómetros aguas abajo, a un entorno mucho mejor: el embalse de Gabriel y Galán», explica Ángel García Calle, de Ecologistas en Acción Extremadura. Desde Ríos con Vida, César Rodríguez, insiste en que las captaciones de agua actuales son irregulares y que efectivamente existen alternativas "sencillas" que asegurarán el abastecimiento.

Pedro Brufao va incluso más allá: afirma que el desmantelamiento de la presa supondría cuantiosos ingresos a las arcas municipales de Valdecaballeros por cuestiones como las licencias y permisos de obras, y que en última instancia, la restauración fluvial y la recuperación del dominio público son una oportunidad para crear empleo de calidad de la mano de los fondos europeos que se destinan a estos fines.

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