Los bomberos forestales piden que las condiciones de su trabajo «se paguen»

Los bomberos forestales extremeños exigieron este miércoles a la Junta un reconocimiento de las condiciones en que desempeñan su trabajo regulando y pagando la disponibilidad «abusiva» del colectivo y garantizando formación, un vestuario acorde a sus funciones, buen avituallamiento y mejores infraestructuras. Fueron algunas de las demandas que más de un centenar de bomberos reclamaron en la concentración en Mérida, frente a la residencia oficial del presidente del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, coincidiendo con el inicio de una huelga indefinida convocada por los sindicatos USO y Sgtex.

Encabezados por una pancarta con el mensaje ‘Por el reconocimiento y la dignificación de los bomberos de Extremadura’, protagonizaron una ruidosa protesta con megáfonos y silbatos, sonido de motosierras y botes de humo en la que exigieron también descanso y conciliación familiar.

En declaraciones a los medios, José María Nieto, bombero forestal coordinador del Infoex y liberado por SGTEx, explicó que quieren manifestar el «descontento» del colectivo con las condiciones de trabajo y la organización.

Pidieron además un reconocimiento de las condiciones, lo que pasa por la negociación de un reglamento que data de 2006 y está «obsoleto», según precisó Álvaro García, jefe de retén de la base de Cañaveral y representante de USO.

Entre otros puntos, denunció que la disponibilidad del colectivo es «abusiva», pues supera las 1.700 horas al año, y reivindicó formación adecuada al trabajo que realizan, avituallamiento, un vestuario acorde a sus funciones y una mejora de las infraestructuras.

Conciliación

Exigió además «poder conciliar nuestras vidas», pues «no se puede basar el esfuerzo de extinción y la respuesta en la disponibilidad y los días libres de los trabajadores», señaló Nieto.

Según indicó, «hay que organizar esa disponibilidad, reconocerla y abonarla junto con otros complementos que se deben pagar y reconocer».

Solicitó además la aplicación de la Ley de Protección Civil para la atención de las emergencias en el medio rural, pues «somos un dispositivo con una dispersión territorial muy buena que no se está aprovechando».

Por su parte, Álvaro García denunció los servicios mínimos «del cien por cien» impuestos por la Administración para esta huelga, lo que a su juicio está coartando el derecho de estos trabajadores al paro: «Vamos a tomar medidas porque es injusto».

De momento, según explicaron, la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, les ha citado a una reunión este viernes para abordar el protocolo de avituallamiento, que a su juicio es «bastante pésimo».

En el encuentro pedirán a la Administración «que demuestren que están dispuestos a cumplir y sentarse a dialogar», después de que en 2018 asumiera el compromiso de que todo el plan de ordenación estaría listo en diciembre de 2019, apuntó García.