Los centros escolares de Extremadura primarán la mediación sobre los castigos

La Consejería de Educación y Empleo va a aprobar próximamente un nuevo decreto de convivencia e igualdad de género en los centros escolares que actualizará los protocolos a seguir en casos de conflicto, violencia o acoso escolar. Una de las principales novedades que introduce es la relativa a los castigos tradicionales o sanciones como la expulsión, que a partir de ahora serán sustituidos por procesos de mediación y «prácticas correctivas y restaurativas» en el propio centro. Un ejemplo: que dos alumnos involucrados en una pelea pasen varios días ayudando en la biblioteca. 

«En la práctica se trata de trabajar con el alumno que ha causado el daño para que sea consciente de lo que ha hecho y de que tiene que repararlo con la actividad que decida el centro»

El texto aún se encuentra en fase de elaboración y debe pasar por la comisión y el pleno del Consejo Escolar de Extremadura para aprobarse definitivamente, lo que la Junta estima que podría ser al final del primer trimestre del próximo curso.

Según detalla Educación, este nuevo reglamento viene a sustituir al actual, que data de 2007 y había que actualizar para tener en cuenta «nuevas realidades del siglo XXI» como el ciberacoso, la violencia machista o la LGTBIfobia. Su objetivo: implantar relaciones sanas y lograr un desarrollo eficaz de las habilidades sociales, los valores morales y el manejo de las emociones. «Se busca, sobre todo, construir comunidad», se explica. 

Resolución de conflictos

El decreto se desarrolla en cuatro ejes: prevención, mediación, intervención y correcciones. Uno de los cambios fundamentales que introduce con respecto al de 2007 es la respuesta que los centros deben dar a la resolución de los conflictos: primarán las prácticas restaurativas y la mediación sobre las medidas punitivas y sancionadoras. Esto, según Educación, conllevará que los castigos tradicionales y otras opciones más extremas como la expulsión del centro durante varios días «sean cada vez más excepcionales». 

«En la práctica se trata de trabajar con el alumno que ha causado el daño para que sea consciente de lo que ha hecho y de que tiene que repararlo con la actividad que decida el centro», explican desde el departamento que dirige Esther Gutiérrez. En el artículo 48 del borrador del decreto se detalla de hecho que «solo en casos excepcionales, cuando haya un riesgo evidente para integridad de las personas del centro, podrá adoptarse la decisión de suspensión temporal del derecho de asistencia al centro o a determinadas actividades del alumnado». 

Igualmente, el texto especifica que la propuesta de cambio de centro solo podrá llevarse cabo tras la apertura de un expediente disciplinario, siempre como «una medida muy excepcional, aplicable solo en casos extremos en los que hayan fracasado otras medidas reparadoras y correctoras». Además, deberá contar con la autorización del delegado provincial de Educación, previo informe de la Inspección Educativa. 

Protocolos más ágiles

Otro de los aspectos a destacar en la nueva norma es el desarrollo de protocolos de actuación que sean ágiles, más rápidos y que permitan detectar cualquier situación de violencia y acoso. Como novedad, no solo se va a contemplar la violencia escolar que se da entre alumnos, sino que se incluirán también los casos de violencia entre adultos de la comunidad educativa (docentes, familias y personal no docente). 

En cuanto a los actos violentos, se distingue entre los que pueden tipificarse como delito, en los que se recoge la actuación de la Fiscalía, y aquellos que requerirán mediación y prácticas restaurativas. Un ejemplo: dos alumnos que se pelean en un determinado momento en la pista de baloncesto requeriría mediación, práctica restaurativa o correcciones administrativas. Pero si un grupo de alumnos acorrala a otro en el baño y le dan una paliza, puede estar tipificado como delito y se derivaría directamente a la Fiscalía. 

Por lo que respecta al bullying, se introducirán indicadores específicos para la violencia, el acoso y el ciberacoso, como hasta ahora, pero se incluirán los que medirán también el acoso como consecuencia de algún tipo de violencia machista o LGTBIfóbica.

Crece la conflicitividad

El nuevo Decreto de Convivencia e Igualdad de Género en los centros educativos es una de las respuestas de la Consejería de Educación al repunte de lo casos de bullying y el aumento de la conflictividad en las aulas que se ha observado tras la pandemia. Los últimos datos del Observatorio de la Convivencia Escolar, relativos al curso 2021/2022, reflejan que en la región hubo 89 denuncias por acoso escolar y se constataron 14 casos, cinco de ellos tipificados como ciberacoso (a través de internet o redes sociales).

Estos datos suponen un importante incremento respecto a los registrados en el curso anterior (se ha pasado de 46 denuncias a 89 y de seis a 14 casos constatados), pero también se sitúan muy por debajo de los registros prepandemia, pues en el curso escolar 2018/2019 fueron 123 las denuncias registradas y 35 los casos de ‘bullying’ constatados, nueve de ellos ciberacoso.

La mayoría se dan en las clases de Educación Secundaria y afectan principalmente a alumnos varones. Salvo en dos de los 14 casos, los autores eran alumnos del propio centro, que aprovechaban sobre todo el recreo para lanzar insultos y amenazas, agredir verbal o físicamente y excluir a la víctima, generalmente varón y alumno de ESO. 

Por lo que respecta a la conflictividad en las aulas, los datos arrojan 70.606 casos en los que se han incumplido las normas de convivencia, un 22% más que el año anterior, pero aún por debajo de los 73.130 registrados en el curso 2018/2019. Un total de 31.428 estudiantes han participado en este incumplimiento de las normas, que van desde perturbar el desarrollo normal de las actividades de clase (30%) a faltar el respeto a los profesores del centro (29%). Se dan sobre todo en la ESO, durante el transcurso de las clases, y como correcciones más habituales, se aprecian el apercibimiento oral y escrito.

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro sí que arrojan una disminución del 5% en el número total de casos frente al año anterior, pero un aumento con respecto al dato inmediatamente anterior a la pandemia. Así, se han registrado 10.357 casos con un total de 6.549 alumnos implicados, frente a los 10.902 casos de la etapa 2020/2021 y los 8.930 del curso 2018/2019.

En este apartado, Educación incluye el reiterado incumplimiento de las normas del centro, las injurias y ofensas contra algún miembro de la comunidad educativa (que puede ser un profesor u otro compañero), agresiones o bien actuaciones perjudiciales para la salud o la integridad (por ejemplo, fumar) o incitar a ello de manera mayoritaria bien durante las clases o en el recreo. También se dan mayoritariamente en la ESO, si bien este caso en el recreo.

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