El Supremo mantiene la demolición de Valdecañas a la espera del Constitucional

Nuevo revés judicial para la Junta de Extremadura por el caso Valdecañas. El Tribunal Supremo (TS) no ha admitido a trámite los recursos de casación presentados por el Ejecutivo autonómico y las promotoras Marina Isla Valdecañas y Golf Valdecañas contra el plan de derribo del complejo, que tendrá que seguir adelante a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre la sentencia que en febrero de 2022 ordenó la demolición de todo lo construido por estar en zona protegida.

A través de una providencia, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS expone que no admite los recursos ya que ambos, entre otras cuestiones, incumplen los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), concretamente la falta de fundamentación suficiente y la concurrencia de supuestos previstos en esta misma ley.

El plan de derribo de Isla Valdecañas sigue parado un año después de la sentencia

La providencia, contra la que no cabe recurso, es contundente: las alegaciones de la Junta y los promotores insisten en la imposibilidad material de ejecutar las sentencias que obligan a la demolición, pero el Alto Tribunal recuerda que ya en la de febrero de 2022 se desecha expresamente este argumento. Así, considera que "no resulta pertinente reabrir un debate cerrado" y condena en costas a las partes recurrentes, que tendrán que indemnizar con la cantidad de 1.000 euros a Adenex y Ecologistas en Acción.

Esa sentencia de febrero de 2022 supuso un punto de inflexión en el caso Valdecañas y fue un auténtico varapalo para los propietarios de las viviendas, para la promotora y para la Junta, que permitió la iniciativa empresarial y podría enfrentarse no solo a costear un derribo total valorado en más de 33 millones de euros, sino también a más de 110 millones en indemnizaciones.

Además de ordenar el derribo total, el fallo también instó al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) a determinar cómo se procedería a la demolición. Y un mes después, en marzo, el TSJEx dictó un auto en el que ordenaba a la Junta elaborar el plan de trabajo. En el mismo se daba para ello un plazo de 8 meses, que debería haber concluido el pasado noviembre, pero la Junta de nuevo presentó un recurso para evitar enfrentarse a esa situación.

"La consecuencia de la inadmisión de los recursos debería ser el inicio de los trabajos de demolición", dice Ecologistas en Acción

El TSJEx rechazó el recurso y Ejecutivo y promotores apelaron entonces al Supremo, que ahora también se pronuncia en contra: en una providencia dictada el pasado 18 de mayo no admite a trámite sendos recursos y así, obliga a la Junta a elaborar ese plan de trabajo para definir cómo y en qué plazos se haría la demolición total del complejo. ¿Significa esto que, tras 15 años de litigios judiciales, Valdecañas se va a derribar ya? En realidad, no.

A la espera del Constitucional

Todas las partes parecen estar esperando a ver qué dice el Tribunal Constitucional, que en estos momentos se encuentra estudiando el recurso de amparo interpuesto por Junta, propietarios y ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo contra esa última sentencia del Supremo de febrero de 2022 que le dio la vuelta a todo (hasta entonces, siempre se había manejado el derribo parcial como solución al problema). Y mientras, además, la propia administración, los propietarios y los ayuntamientos también han solicitado al Constitucional una medida cautelar: suspender esa orden que obliga a elaborar un plan de trabajo para la demolición total.

Pero en el Constitucional también la polémica está servida. El recurso contra la sentencia del Supremo fue admitido a trámite en noviembre, tras una votación ajustada con seis magistrados a favor y cinco en contra. No en vano, cuatro meses después, el pasado marzo, el fiscal jefe del TC, Pedro Crespo, solicitó en un informe que se desestimara al no apreciar ninguna vulneración de los derechos fundamentales (el argumento que alegan la Junta y los promotores). Crespo defiende además que el complejo debe ser derribado, pues de otra forma nos conduciría «a la perpetuación de un resultado prohibido por la ley europea, estatal y autonómica».

Las reacciones

A la espera de que se pronuncie el Constitucional, la asociación Ecologistas en Acción ha expresado este jueves su satisfacción por la decisión del Supremo de no admitir a trámite los recursos de casación, en lo que considera un nuevo "varapalo judicial" para la Junta de Extremadura y las dos promotoras. "La consecuencia debería ser el inicio de los trabajos de demolición", ha insistido la organización en un comunicado en el que ha informado de este nuevo pronunciamiento del Supremo. Según Ecologistas en Acción Extremadura, ahora el paso lógico sería que el TSJEx instara a la demolición inmediata de la urbanización ilegal, y de hecho, dado que la providencia del Alto Tribunal es firme, así lo van a exigir.

Sin embargo, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha vuelto a mostrar "absolutamente convencido" de que el complejo no se derribará porque "conllevaría unas consecuencias medioambientales inaceptables". Y más allá del proceso judicial, al que aún le queda recorrido, el jefe del Ejecutivo autonómico ha reiterado que la situación de Valdecañas "está regularizada" tras la aprobación de la Ley Zepa. "Hay una imposibilidad legal de demolición", ha respondido a preguntas de los medios en un acto electoral en Azuaga.

Unidas por Extremadura también se ha pronunciado este jueves sobre el caso Valdecañas. Su líder en la región, Irene de Miguel, ha pedido a la Junta que deje de gastar dinero público en "defender lo indefendible". A su juicio, el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara “está absolutamente empecinado en coleccionar el mayor número de sentencias que le demuestren que Valdecañas es ilegal”.

Ley 'Zepa': la última baza

La conocida como ‘ley zepa’ es la última baza a la que el gobierno socialista ha fiado la viabilidad del complejo Isla Valdecañas, pero lo cierto es que numerosos expertos y juristas han alertado ya de sus visos de inconstitucionalidad y tampoco gusta a otros colectivos como ecologistas o agricultores. La ley modifica el mapa de la Red Natura 2000 para incluir como Zonas de Especial Protección de Aves (Zepa) 55 territorios que ya se creían catalogados, pero que no cuentan con una declaración oficial expresa. 

Al no contar hasta ahora con esa declaración, se mantienen vigentes todas las resoluciones firmes relativas a licencias, proyectos, planes e instrumentos de ordenación dictadas en este tiempo, lo que incluye el PIR de Isla Valdecañas anulado por sendas sentencias del TSJEx y el Tribunal Supremo. También mantendrían su vigencia, y ahí la polémica, todas las sanciones interpuestas por ejemplo a los agricultores, y todos los demás proyectos que se paralizaron precisamente por plantearse en una Zepa.

La propuesta se aprobó en el penúltimo pleno de la legislatura tras una tramitación exprés solo con los votos del PSOE y tras las críticas de la oposición la polémica ha llegado también a las instituciones europeas. 

La eurodiputada Marie Toussaint, del Grupo Verde Europeo, ha registrado una pregunta en el Parlamento Europeo para que el órgano de gobierno de la Unión revise lo que consideran un «atropello legal» del PSOE a la Red Natura 2000. Verdes Equo, que pertenece a este grupo europeo, ha denunciado la «desfachatez» de la Junta con este asunto, por «vulnerar a Red Natura con una mano y, con la otra, pedir subvenciones para conservarla» por importe, asegura, de hasta 480 millones de euros.

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