RESPUESTA AL RECURSO DE ALZADA PRESENTADO POR EL EJECUTIVO AUTONÓMICO

El Gobierno cederá a la Junta la presa de Valdecaballeros para evitar el derribo

El Ministerio de Transición Ecológica ve "viable" el traspaso de la concesión de aguas y ahora estudiará la manera de articularlo. Se garantizará así su mantenimiento y el abastecimiento a los municipios

La presa de Valdecaballeros sobre el río Guadalupejo, en una imagen de archivo.

La presa de Valdecaballeros sobre el río Guadalupejo, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cederá a la Junta de Extremadura la presa nuclear de Valdecaballeros, una decisión que "garantizará" el mantenimiento de esta infraestructura. El departamento que dirige Teresa Ribera responde así al recurso de alzada que la Administración autonómica presentó contra el derribo del dique, "un verdadero disparate que había que corregir cuanto antes", en palabras del propio presidente, Guillermo Fernández Vara.

En un comunicado remitido este viernes, la Junta de Extremadura informa que el ministerio considera "viable" ceder los derechos de concesión de aprovechamiento de aguas al Gobierno autonómico y que ahora establecerá la manera de articularlo. Según el Ejecutivo, esto garantizará el mantenimiento de la presa y la viabilidad del abastecimiento a las localidades de Valdecaballeros y Castilblanco.

 Esta presa, levantada sobre el río Guadalupejo, se construyó para la refrigeración de los reactores de la central nuclear que nunca entró en funcionamiento por la moratoria de 1984. La demolición era ya una decisión tomada, pero la sequía ha hecho saltar todas las alarmas: los municipios de la zona se han puesto en pie de guerra contra el Gobierno y también la Junta de Extremadura se ha rebelado con un recurso de alzada a una cuestión que, asegura, desconocía hasta que el pasado 7 de marzo se dictó la resolución oficial

Obligatorio por ley

Las concesiones de aprovechamiento hidráulico eran de las propietarias de la central, Endesa e Iberdrola, que en 2021 solicitaron su extinción. Y la propia ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, explicó tras saltar la polémica que si el embalse no tiene otro uso y no hay nadie que asuma su mantenimiento, tras extinguirse la concesión hidroeléctrica la ley obliga a derribarlo «para evitar peligros».

El recurso de la Junta se basa en tres razones fundamentales: la nulidad del procedimiento y la invalidez formal de la resolución del 7 de marzo, al entender la Junta que no ha sido consultada sobre el derribo pese a ser parte interesada como titular de los terrenos; el daño ambiental que produciría, al situarse el embalse en la Zepa Puerto Peña-Los Golondrinos, la reserva de la biosfera de La Siberia y el propio corredor ecológico del río Guadalupejo; y en última instancia, por la necesidad de agua.

El plazo del ministerio para pronunciarse sobre el recurso de alzada es de tres meses, pero con el comunicado de este viernes ya da por hecho que se resolverá de manera favorable a la Junta. La Administración autonómica será, por tanto, la encargada de mantener la infraestructura a partir de ahora. Un coste, que según han advertido ya los expertos, será elevado dadas las dimensiones de la presa: un muro de más de 400 metros de hormigón con una capacidad de 75 hectómetros cúbicos de agua, lo que serviría para abastecer a una ciudad como Sevilla.

A ello hay que añadir que las obras de la central se paralizaron sin que las instalaciones llegaran a concluirse, por lo que habría que elaborar un plan de puesta en servicio: esto incluye nombrar a un director de explotación, un director técnico, adecuar los desagües, las normas de explotación, un plan de emergencia y evaluar el estado de la infraestructura, el control del caudal y los sedimentos.

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