El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha admitido a trámite la querella de Ecologistas en Acción contra los 34 diputados regionales socialistas que aprobaron la ley que regulariza 55 espacios como Zona Especial de Aves (ZEPA), entre ellos Valdecañas, donde está el complejo que el Tribunal Supremo obliga a demoler. Según ha explicado a Efe el abogado de esta organización, Ángel García Calle, la denuncia, que se ha presentado ante el TSJEX por la condición de aforados, pide que se les condene por prevaricación y desobediencia a la autoridad judicial.
García Calle entiende que el anuncio que publicó el Diario Oficial de Extremadura (DOE) en el que se establece que la Junta de Extremadura es la encargada de coordinar el plan de derribo de Valdecañas en un plazo de 8 meses, "entiendo que tiene que ver con las acciones penales que anunciamos contra estos diputados socialistas". En este sentido, ha comentado que cuando el Supremo inadmitió el recurso de la Junta, el presidente, Guillermo Fernández Vara, dijo que la demolición no se iba a llevar a cabo porque estaba protegida por la Ley Zepa "y, sin embargo, ha tenido que dar comienzo a la ejecución de la sentencia". Y ha insistido en que a la Junta "solo le queda dar cumplimiento a ese resolución" para elaborar en 8 meses un plan de demolición total del complejo, ya que el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional presentado tanto por las partes contrarias al derribo como el gobierno regional "no suspende la ejecución la sentencia".
"Es insólito"
Por su parte, el portavoz del Gobierno extremeño, Juan Antonio González, ha considerado "insólita" esta querella, pues la Ley Zepa pretende, según sus palabras, salvar el complejo Isla de Valdecañas. "El mundo cada vez se está volviendo más loco", ha añadido. A preguntas de los medios, ha afirmado que si hay que actuar se debe hacer contra las leyes con las que se está disconforme pero no contra las personas que las aprueban, "que no son ni más ni menos que los representantes de la soberanía del pueblo extremeño". En este sentido, ha considerado que hay herramientas suficientes para intentar revocar las leyes en los tribunales en lugar de ir "contra aquellas personas que hacen las leyes". "A lo mejor a algunos les debería causar rubor ciertas prácticas, pero bueno, estamos en un estado de derecho y hay que respetarlo", ha añadido.
Por otra parte, respecto a la resolución de la Vicepresidencia Primera por la que se designa al Consejo de Gobierno como órgano encargado de la ejecución de las sentencias del TSJEx relativas al proyecto de interés regional promovido por Marina Isla de Valdecañas, ha apuntado que "es un trámite administrativo para aquello que no está construido en su totalidad". Según ha recalcado, es un "mero trámite" en el que habrá que elegir a una comisión, hacer un estudio y solicitar informes de impacto ambiental "porque a lo mejor resulta que lo que se pueda derruir pueda originar un impacto mayor que el que hay".
No obstante, González ha subrayado que lo importante es que la Asamblea ha aprobado una norma -en alusión a la Ley Zepa- "para que lo que está construido se pueda legalizar".
