Hace justo un año que los propietarios de las villas del complejo Marina Isla Valdecañas pidieron al Tribunal Constitucional (TC) que se paralizara la elaboración del plan de derribo total al que ordenaba el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) tras la última sentencia del Supremo, de febrero de 2022, que insistía en la demolición completa del resort y no parcial como había sentenciado dos años antes el tribunal extremeño. Solicitaron la paralización del plan de trabajo que tiene que elaborar la Junta, en un plazo de ocho meses, como medida cautelar mientras el Constitucional resuelve el recurso presentado por los propietarios y la administración regional contra ese fallo de febrero del Supremo. Ese recurso es la única vía judicial para salvar al complejo finalmente de la piqueta.
Pero un año después, el Constitucional todavía no se ha pronunciado ni sobre el recurso (fue admitido a trámite el 18 de noviembre de 2022) ni sobre las medidas cautelares, que se presuponen que tienen que anticiparse a la resolución del recurso. «No tenemos respuesta todavía. Lo lógico es que se acepten pronto porque si se ha admitido el recurso, algo que solo ocurre en el 5% de los casos que le llegan al Constitucional, se deberían aceptar también las medidas cautelares», explica Luis Díaz-Ambrona, el abogado de la mayoría de las comunidades de propietarios del complejo de ocio y residencial cacereño.
La situación actual del Tribunal Constitucional, un órgano elegido por el poder legislativo en plena polémica por su reforma, y las últimas citas electorales habrían podido retrasar la decisiones que tiene que tomar sobre el conflicto de Isla de Valdecañas que comenzó hace ya quince años. Pero mientras llegan las resoluciones, la Junta de Extremadura ha tenido que activar los plazos para llevar a cabo la demolición total del resort y dar cumplimiento al fallo del Supremo, que a su vez ordenó al TSJEx velar por la ejecución de su sentencia.
Para ello, el tribunal extremeño pidió a la Junta redactar, en el plazo de ocho meses, un plan para el derribo total. Ya tenía elaborado el plan de demolición parcial y en marcha algunas de las medidas cuando llegó el fallo de febrero de 2022. Y el pasado martes, tras el rechazo a los recursos planteados al Supremo para intentar frenar la elaboración de ese plan, una resolución en el DOE puso en marcha el reloj. Ya no había más razones para demorarlo a la espera de que el Constitucional acepte o no su paralización como medida cautelar. Sino fuera así, el plan de trabajo para tirar Valdecañas tendría que estar listo el próximo enero.
