«Promoveremos la concordia y el respeto a la memoria de todos los extremeños y españoles. Ambas formaciones se comprometen a impulsar una nueva ley extremeña que sirva a la reconciliación y a la concordia real y que derogue la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura aprobada en 2018. La sociedad necesita acuerdos y normas de consenso, que no dividan en bandos, que no propicien la ruptura del pacto constitucional ni traten de moldear la historia para imponer una memoria parcial y sesgada». Es lo que recoge el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura dado que la eliminación de la ley de memoria histórica era algo que contemplaban cada uno de los partidos por separado en su programa electoral. Sin embargo a pesar de ello, por el momento la Junta de Extremadura continuará con los proyectos pendientes en esta materia, como son las exhumaciones en las fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Uno de estos trabajos previstos era la excavación, análisis antropológico y estudio histórico de las ubicadas en los cementerios de Fuentes de León y Villanueva de la Serena, en Badajoz, y de Miajadas, en Cáceres, con un presupuesto de 260.031 euros. La actuación estaba ya en proceso de licitación pero se ha paralizado, según indica la propia Consejería de Cultura, «por un error en el procedimiento de contratación provocado por un problema administrativo que se generó durante el anterior gobierno». Pero se reactivará. De hecho las mismas fuentes confirman que ya se trabaja «para resolverlo» con la intención de «agilizarlo todo lo posible para que se ejecute cuanto antes». No obstante la solución pasa por volver a iniciar el proceso de contratación.
Identificación antropológica
Los trabajos consisten en la excavación y la exhumación mediante una metodología arqueológica que permita la identificación antropológica de restos de personas desaparecidas como causa de la represión ejercida contra ellas en la Guerra Civil y en la posterior dictadura franquista, así como el estudio histórico de las circunstancias en que se desenvolvieron estos hechos, tal y como se recoge en el expediente de contratación. De esta forma, una vez conocido que en estos municipios hay fosas, se procederá a su delimitación para poder verificar que en su interior yacen restos de víctimas, después se llevará a cabo un análisis antropológico de dichos restos tanto en el lugar como después en un laboratorio. Y todo ello se lleva a cabo, especifica de forma detallada el documento, «en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1/2019 de 21 de enero de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura y en conformidad con el Protocolo de exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de septiembre de 2011».
Con actuaciones como la que se pretende en estos tres municipios de la región muchos extremeños han conseguido dar sepultura a sus seres queridos, después de décadas buscándolos. Fue el caso de Conchita Viera que, a sus 88 años, pudo enterrar a su padre, Amador Viera Amores, al que ejecutaron cuando ella solo tenía 3 años. Sus restos yacían en una fosa común en la mina Terría de Valencia de Alcántara, que fue exhumada hace unos años y de la que se consiguió la reinhumación de los 49 cuerpos allí encontrados. «Ha sido un proceso que me parecía imposible después de tantos años y de tanta lucha, a mi padre le han dado vida sin estar vivo», reconoció en una entrevista a este diario.
