El control poblacional de especies en el Parque de Monfragüe mediante la actividad cinegética que aplicará la Junta de Extremadura a partir del próximo mes se realizará de forma «controlada» en fincas propiedad de la Administración regional, con batidas sin perros, y sin fines comerciales. Además, las piezas abatidas se analizarán y las que se encuentren en «buen estado» se donarán a oenegés. Es lo que aseguró ayer la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta, Mercedes Morán, quien defendió que el objetivo es recuperar una práctica tradicional como la llevada a cabo por sociedades municipales de cazadores al entender que ésta supone una opción «menos lesiva» con las especies, a diferencia de lo que ocurre con los métodos de control con jaulas y cercones que «no respetaba a los animales».
Morán señaló que el cambio, que se materializará una vez que sea modificado el plan rector de Monfragüe, responde al Compromiso político por la caza firmado en abril pasado por la presidenta de la Junta, María Guardiola, si bien Vox, su socio de gobierno en la región, continuó ayer atribuyéndose la medida. De hecho, el secretario general de esta formación a nivel nacional, Ignacio Garriga, la puso como uno de los ejemplos de la «gran gestión de Vox» en los ejecutivos autonómicos de los que forma parte. «Gracias a Vox se van a autorizar batidas en el Parque Nacional de Monfragüe para tener controlado al jabalí», adujo. En esta misma línea, el presidente de su grupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, recalcó que esta medida «se ha adoptado precisamente porque Vox forma parte del gobierno» y «una de las condiciones que se pactaron» con los populares era «el fomento y la mejora de la caza, del sector cinegético». La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que su partido ostenta en la Junta de Extremadura, «va haciendo bien su trabajo», remachó.
Advertencia de Ribera
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica incidieron ayer en que la caza «no está permitida» en Monfragüe. Y si bien «el plan de control podría permitir batidas con cazadores, sin perros, en fincas propiedad de la Junta», tal y como ha anunciado el Gobierno extremeño, matizaron que «eso no sería caza» una vez que este término «conlleva beneficio económico». «De momento la Junta de Extremadura no ha comunicado» a este departamento «ningún tipo de cambio», se puntualizó.
La propia ministra Teresa Ribera, advirtió ayer por la tarde a través de la red social X que «La ley prohíbe la actividad cinegética en parques nacionales». En un mensaje de respuesta a otro en el que María Guardiola anunciaba la medida, Ribera recordó a la presidenta extremeña que los «plazos de entrada en vigor» de la normativa que veta la caza en estos espacios protegidos fueron aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy. «No sé si se refiere a cambios en el plan de gestión, que han de ser compatibles con la ley y con ‘ok’ de todos», replicó.
Pablo Ramos, coordinador de Ecologistas Extremadura, se mostró ayer «sorprendido» por el anuncio y criticó «la falta de transparencia» del Ejecutivo autonómico, una vez que este asunto no se trató en la última reunión del Consejo Extremeño de Caza, celebrada el pasado viernes, ni tampoco en la del patronato de Monfragüe. Adelantó que, junto a otros colectivos conservacionistas, intentarán «impedir legalmente» el regreso de estas acciones cinegéticas al parque, una decisión que consideró equivocada, tanto por la influencia «negativa» que puede tener sobre las especies protegidas que habitan en él como sobre el turismo. No obstante, recalcó que «en ningún caso» esto va a significar que haya «caza comercial» o se organicen «monterías».
También la organización SEO/BirdLife evidenció su rechazo a la autorización de la actividad cinegética para el control de poblaciones de ungulados en Monfragüe, «al plantearse como una medida más dirigida a recuperar la caza en el espacio, sin un estudio previo que avale su necesidad». Los Parques Nacionales «deben garantizar la conservación de las especies y hábitats que albergan por encima de cualquier circunstancia», arguyó mediante un comunicado.
La Coordinadora de ONGs Ambientales de Extremadura, a la que pertenecen Adenex, Amus, Anser, Dema, Ecologistas en Acción Extremadura, Ecologistas Extremadura, Grus y la Sociedad Extremeña de Zoología, mostró igualmente su disconformidad con el anuncio. «Tras más de 20 años», apuntaron estas entidades en una nota, «ha quedado claro que las monterías como acciones de control no han funcionado ni han solucionado el problema de la superpoblación de ungulados silvestres y que es hora de probar otros métodos como los Planes de Acción Selectivas» que, bajo su criterio, «están funcionando bastante bien».
La Junta redactará un decreto de sequía
La Junta de Extremadura redactará un decreto de sequía para que sus medidas se pongan en marcha de manera «inmediata» en cuanto se declare un ciclo de sequía y evitar a los agricultores y ganaderos tener que salir «continuamente» a exigirlas. Será una norma «permanente» y se empezará a diseñar para tenerla lista cuando llegue otro ciclo de sequía, afirmó ayer la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, antes de comparecer en comisión parlamentaria para explicar las líneas generales de actuación de su departamento.
La consejera razonó que otras comunidades autónomas ya disponen de una norma de estas características, por lo que se busca emularlas para que «esas medidas se pongan en marcha en cuanto se declare la sequía». En ella se regularán actuaciones «de todo tipo», como préstamos, ayudas directas y medidas fiscales, agregó.
Por otra parte, ha indicado que su departamento trabaja también en agilizar el abono de pagos y ayudas que se encuentran «muy retrasados» y en un plan para agilizar el pago «para ayudas que se tardan en conceder cinco y años».
Informó además de que la consejería se enfrenta a una situación «muy alarmante» de pérdida de fondos europeos y puso como ejemplo que, en ocho años, solo se han gastado 28,4 millones de los 193,6 millones del Fondo Feder destinado a desarrollo sostenible.
«Lo que no se ha hecho en ocho años es imposible hacerlo en tres meses», aseveró Morán aludiendo a que el próximo 31 de diciembre finaliza el periodo de ejecución de estos fondos. «Lo mismo ocurre con Feader y con el Mecanismo de Recuperación y Resilencia», que tiene un plazo para comprometer hasta fin de año, añadió la consejera, que solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica que reúna a las comunidades autónomas en conferencia sectorial para analizar una ampliación de este periodo.
La titular de Agricultura comunicó además de que su departamento trabajará en un plan de erradicación de la tuberculosis para que se revisen los protocolos por parte del Ministerio y exigirá que se «flexibilicen» las normas ambientales en la nueva PAC «que perjudican tanto a los agricultores y ganaderos».
