«A mí me han llegado a decir que si estoy enferma, me coja una baja». Son las palabras que escuchó una docente interina con discapacidad que denuncia a este periódico que la Consejería de Educación no cumple con el «cupo» --la reserva de plazas del 10% para personas con discapacidad-- en las listas de interinos. Ella ejerce en un instituto público por lista ordinaria: «Llevo cuatro años pidiendo que se cumpla la ley, el cupo por discapacidad que se recoge en el propio decreto 51/2019 de la Consejería de Educación, así como el Decreto 111/2017. Yo creo que han tenido tiempo, pero voluntad ninguna», señala.
Esta profesora vive con una discapacidad desde que tenía 7 años por una enfermedad renal. Su condición está reconocida al 33% desde enero de 2019. «Somos muy poquitos los profesores con discapacidad en Extremadura y la que estoy batallando soy yo. Es agotador, es un maltrato constante porque lo único que recibo es o silencio administrativo o palabras como lo de que me dé de baja o que es muy complicado implantarlo. A las personas con discapacidad no nos están dando ningún premio, es un derecho reconocido por la ley. Y toda esta situación de injusticia me ha llevado a necesitar tratamiento psicológico», lamenta.
De hecho, no quiere revelar su nombre porque teme represalias desde la Administración, tal y como, sospecha, ya ha tenido: «En las oposiciones del pasado mes de junio solicité una adaptación del examen para poder salir al baño y me lo concede el Cadex (Centros de Atención a la Discapacidad en Extremadura). ¿Qué pasa? El Cadex es el órgano que lo aprueba pero lo gestiona la Consejería de Educación y la forma de organizar que tuvo fue darme media hora más para hacer la prueba. Pero lo que yo me encontré en el examen de oposición fue que esa media hora que se me da por mi condición es justamente el tiempo de descanso. Es decir, que yo me quedé sin descanso, cosa totalmente injusta con respecto a todos mis compañeros. Ellos tuvieron un descanso entre exámenes y yo no. Yo estuve haciendo el examen desde las 9.00 de la mañana hasta las 14.30 horas sin descanso, y si para una persona 'normal' cinco horas y media de examen seguidas es agotador, imagínate para una persona como yo», narra.
Por este episodio la docente ha presentado un recurso de alzada: «Más que adaptación para mi examen yo lo viví como un castigo. Muchas noches me pregunto, ¿por qué me hacen esto? Lo único que quiero es poder trabajar», insiste.
Esta docente asegura que el anterior equipo de Gobierno de la Junta era conocedor de su caso y que ya ha informado al actual del mismo: «En agosto mandé un escrito a Educación. Yo entiendo que acaban de llegar, que tienen que tener un tiempo, pero no me han respondido absolutamente nada, ni siquiera ‘lo estamos viendo’». La única justificación que, dicen, le dieron desde la Junta es que es un problema del sistema de llamamiento informático y que todos los sindicatos deben estar de acuerdo: «Me dijeron que meter esa condición supondría cambiar el procedimiento de llamamiento y que era muy difícil. Yo lo puedo entender, no quiero que mi caso afecte a otros compañeros, pero entiendo que en estos años han tenido tiempo de solucionarlo», explica. Asegura además que el sindicato educativo ha presentado su caso en diferentes Mesas Sectoriales.
Por esta razón, cansada de no ver avances, ha decidido hacer la denuncia pública.
Esta profesora se remite a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias 626/2017, del 10 de julio, en la que el tribunal indica que «no reconocer el establecimiento de una lista o bolsa de trabajo de personas discapacitadas supondrá una vulneración del artículo 14 de la Constitución Española». También expone que «el llamamiento de interinidades es una forma de acceso al empleo público y, por lo tanto, debe respetar las mismas normas y criterios».
En la última Orden de Interinos dictada por el Ministerio de Educación establece que «en la gestión de las correspondientes listas de aspirantes en cada especialidad se tendrá en cuenta el porcentaje de plazas que, debe respetarse en el acceso al empleo público para ser cubiertas por personas con discapacidad».
Este periódico ha contactado con la Junta de Extremadura para conocer cuál es su posición con respecto a esta denuncia pero la Administración regional, por el momento, no ha dado ninguna respuesta.
La Consejería de Educación tiene, parece, una asignatura pendiente.
