La Junta de Extremadura ya estudia cómo incentivar a las empresas para que los beneficios de la extracción del litio se queden en Extremadura. Lo que pretende el Ejecutivo autonómico es materializar precisamente lo que ha anulado el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia que anula la ley que pretendía blindar el litio en la región. La misma condicionaba la concesión de los permisos de explotación minera a que la transformación del mineral se llevara a cabo dentro de las fronteras extremeñas. Fue recurrida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al entender que vulneraba competencias estatales en materia de minas. Y así lo considera también el Alto Tribunal porque el decreto-ley aprobado en la anterior legislatura «atribuye la facultad de condicionar el otorgamiento de la explotación del litio a la comunidad autónoma de Extremadura, imposibilitando que el Estado adopte esa decisión, incurriendo en evidente contradicción con lo dispuesto en el artículo 73.1 de la Ley de Minas», cita el fallo.
La Junta de Extremadura, gobernada ahora por el PP, grupo parlamentario que votó en contra de la aprobación de esta normativa estando en la oposición, quiere mantener el contenido de la misma. En cambio, consciente de que blindar el litio por ley va contra el ordenamiento jurídico, lo intentará mediante la oferta de incentivos a las empresas. Según ha indicado este miércoles el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, podría hacerse mediante el suministro de suelo industrial, la agilización administrativa, la formación para el empleo o incentivos fiscales. Aunque no hay de momento nada decidido: "Lo estamos analizando", ha afirmado. Algo que también ha confirmado este miércoles la portavoz de la Junta de Extremdura, Victoria Bazaga, durante la segunda edición del Encuentro ODS organizado por El Periódico Extremadura.
Para ello lo primero que llevará a cabo el Ejecutivo autonómico será modificar la ley para adaptarla a la decisión judicial. "Vamos a modificarlo para intentar que la transformación del litio se quede en Extremadura". Y, como según ha explicado "donde hay mayor valor añadido en la cadena de valor o más margen en las empresas, donde se genera más riqueza, es en los últimos eslabones de la cadena de producción, entendemos que hay que intentar que se queden aquí los proyectos transformadores, pero desde luego respetando la legislación e incentivando dentro de la ley".
Por su parte el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que el decreto fue «una bravuconada jurídica» del ex presidente Guillermo Fernández Vara y que la decisión del TC «deja en evidencia» la gestión del PSOE. «En lugar de decirles a los extremeños la verdad decidió intentar engañarlos con falsas promesas y con un escenario jurídico que no podían cumplir». "Un gobierno valiente es aquel que lucha contra el Gobierno de España exigiéndole que dentro de las competencias que tiene el Estado exija que la transformación y el tratamiento del litio se realice en Extremadura, y es aquel que aboga por impulsar las medidas que supongan ventajas competitivas a las empresas que se quieran instalar en Extremadura para generar riqueza y empleo", ha manifestado y recoge Europa Press.
"El gobierno de María Guardiola -ha agregado Sánchez Juliá- va a trabajar para dar todas las facilidades posibles para que el que quiera invertir en nuestra región lo haga con garantías, con facilidad y sin ningún tipo de trabas", ha añadido Sánchez Juliá, que ha asegurado que Extremadura ha entrado "en el tiempo de la fiabilidad, de la buena gestión y del crecimiento".
Pero para eso "hay que tomar decisiones que faciliten realmente la atracción de inversiones y la instalación de empresas en nuestra región y no bravuconadas para buscar titulares que luego, al final, la legalidad y los recursos ante el TC acaban prosperando y nos acaban dando la razón a quienes decíamos que este decreto ley no aguantaba un solo informe jurídico", ha concluido.
