Las diócesis extremeñas revisan su protocolo de prevención de abusos sexuales

Las tres diócesis extremeñas cuentan con un protocolo conjunto de prevención y formación ante los casos de abuso sexual cometidos por miembros de la Iglesia Católica que ahora, tras el último informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia, se está revisando «para una mejor adecuación a la realidad». Así lo aseguran desde la Diócesis de Coria-Cáceres, que se une a las manifestaciones públicas de la Conferencia Episcopal una vez analizado el informe. Esta provincia eclesiástica, «como el resto de la Iglesia española, ha ido realizando modificaciones en sus protocolos para proteger a las víctimas, sancionar a los victimarios y formar para prevenir los abusos en el presente y en el futuro», añaden.

Plasencia es la única diócesis de España que señala a encubridores de abusos

En ese documento elaborado por una comisión independiente durante más de 15 meses y entregado por el Defensor del Pueblo (Ángel Gabilondo) el pasado viernes en el Congreso, se recoge que las diócesis extremeñas han comunicado oficialmente nueve casos de abusos sexuales en su seno: la de Plasencia ha notificado cuatro, seguida de la archidiócesis de Mérida-Badajoz con tres y, por último, la provincia de Coria-Cáceres con dos casos. Estos últimos, según defienden desde la sede eclesiástica cacereña, se comunicaron de forma pública cuando se tuvo conocimiento de los mismos, «con total colaboración y comunicación por parte de la diócesis tanto en 2003 como en 2016».  

Sin denuncias en Coria-Cáceres desde 2020

Asimismo, destacan que en esta diócesis existe una oficina de protección de menores desde 2020, «que no ha recibido ninguna denuncia». Así aparece recogido también en el informe del Defensor del Pueblo que, como en el caso de Coria-Cáceres, señala que las otras dos diócesis extremeñas también cuentan con sendas oficinas de recepción de denuncias y atención a víctimas de abuso sexual desde marzo de 2020 en el caso de la de Plasencia y a partir de septiembre de 2021 en la archidiócesis de Mérida-Badajoz. «La Iglesia católica en España lleva años trabajando en poner fin a esta lacra y a va seguir trabajando en la misma línea incorporando a su esfuerzo diario las recomendaciones» realizadas por el Defensor del Pueblo, añaden.

Hay que recordar que este informe fue analizado el pasado lunes en una asamblea extraordinario de los obispos españoles, de la dio cuenta este pasado martes en rueda de prensa el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella. En sus declaraciones públicas señaló que se unen a la petición del Defensor del Pueblo de que las instituciones asuman su responsabilidad contra esta lacra «que afecta a toda la sociedad», dijo. Desde la Conferencia Episcopal insisten en pedir perdón por los abusos: «un solo caso de abusos es intolerable».

Suscríbete para seguir leyendo