El Constitucional lleva un año estudiando si habrá derribo total en Isla de Valdecañas

Esta semana hace justo un año que el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite los tres recursos presentados por la Junta de Extremadura, los propietarios de los chalés y los ayuntamientos cacereños de El Gordo y Berrocalejo contra el derribo total del complejo Marina Isla de Valdecañas que determinó el Tribunal Supremo por última vez en febrero de 2022. Pero todavía no hay fecha para el nuevo veredicto. «Los recursos (cada uno tiene asignado un magistrado ponente diferente) están en estudio y aún no han sido llevados al pleno para su deliberación ni hay una fecha concreta», señalan desde el Tribunal Constitucional. 

Lo que está en juego ahora en este tribunal es el derribo completo del complejo que la justicia dictó por primera vez hace doce años, porque la demolición parcial (de las edificaciones que están a medio construir) ya se da por hecho. Es la solución intermedia al conflicto que encontró el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ante la imposibilidad de ejecutar el fallo mostrada por la Junta de Extremadura y es la solución que mantiene el TJSEx a pesar de que las partes siguen recurriendo el inicio del plan de trabajo para su ejecución y de que el Supremo la corrigió. 

Mientras eso ocurre en Extremadura, en Madrid, en estos últimos doce meses que llevan ya en estudio los tres recursos de amparo, el Constitucional también ha acordado que se frenen las actuaciones de demolición total como medida cautelar. Y ambas decisiones, tanto la admisión de los recursos como la imposición de la cautelar, da esperanzas a las partes recurrentes para que se acabe pronto el largo conflicto que arrastra el resort. 

El Constitucional frena el derribo de Valdecañas hasta que resuelva los recursos

«Aunque las decisiones adoptadas hasta ahora por el Constitucional no condicionan ni predeterminan la decisión final que pudiera tomar, sí cabe interpretar que en principio hay visos de que los recursos pudieran prosperar. Si el tribunal tuviera muy claro que los recursos no son estimables, no habría aprobado la medida cautelar, pero son elucubraciones porque las resoluciones judiciales del Constitucional son siempre bastante imprevisibles», señala el abogado Luis Díaz-Ambrona, que representa a la gran mayoría de los propietarios de las villas que forman el complejo. 

El letrado, no obstante, confía en que la resolución sea favorable para los propietarios. «Si los recursos se estiman sería el final del partido. Si no se estiman, también sería el final porque hay una nueva ley que dice que Isla de Valdecañas nunca debió incluirse en la Zepa del pantano porque está en una cota superior y, por tanto, es legal y habría que cumplir la ley». Y esa decisión espera Díaz Ambrona que no se demore ya demasiado. «Ya lleva mucho retraso, pero creo que no debe tardar en pronunciarse. En seis meses como mucho debería estar dictada la sentencia», estima. 

Entre año y medio y dos años es lo que espera el alcalde de Berrocalejo, Ángel Pedro Martínez, que tarde en pronunciarse definitivamente el TC. También confía que prospere el recurso presentando conjuntamente en nombre del ayuntamiento de ese municipio y de El Gordo. «Estamos ya muy cansados de esta polémica y esperamos, como quiere la mayoría del pueblo, que el complejo se salve». Optimista se muestra también la alcaldesa de El Gordo, Silvia Sarro. «Esperamos que pongan sentido común, que no lleguemos al derribo y que sea ya por fin el final. Pero si la sentencia no es favorable, seguiremos luchando», asegura.

El TSJEx ordena, una vez más, tirar la zona a medio construir de Valdecañas

Desde Ecologistas en Acción no barajan ninguna fecha para el dictamen final, pero advierten de que nada tiene que ver ni la admisión ni la cautelar con la decisión final del Constitucional. «No hay margen con su propia doctrina para la estimación de los recursos», señala el abogado José María Trillo, quien insiste en que «siguen sin existir elementos que impidan la ejecución total de la sentencia de derribo; además, no se puede abrir eternamente esta causa». No obstante, si finalmente el Constitucional estima los recursos y frena el derribo total, Ecologistas no descarta plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ‘Ley Zepa’, porque «manifiestamente está hecha para impedir la ejecución de una sentencia». Recuerda que el TC ya declaró inconstitucional la Ley del Suelo aprobada por la Asamblea para tratar de legalizar el complejo tras su primera sentencia de derribo.

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