“Llegamos a esto porque somos los esclavos del siglo XXI. Es una absoluta vergüenza que el Estado, que es el que está obligado constitucionalmente a prestar el servicio del turno de oficio, decida utilizar a profesionales por medio de los colegios a coste cero”. Quien habla es Antonio Jiménez, letrado adscrito al turno de oficio en Cáceres y portavoz del sindicato Venia en Extremadura, que es el que ha convocado la huelga indefinida a partir de este martes en todo el territorio nacional. De momento ya está teniendo incidencia en la región, donde hay unos 1.900 letrados colegiados de los que 1.100 están adscritos al turno de oficio. De momento están secundando la huelga unos 250, según los datos aportados por esta organización sindical.
Su principal reclamación es conseguir unas retribuciones dignas, pues asuntos que en un despacho particular pueden llegar a costar unos 1.500 euros, si se tramitan por el turno de oficio el Estado no abona ni 250 euros. Este año se llegó a un acuerdo de subir estos baremos un 5%, en cambio sigue siendo insuficiente ya que no cubre ni la subida del IPC porque las tasas llevaban décadas sin actualizarse. Además de que el Estado los dé de alta en la Seguridad Social puesto que defienden que en estos momentos están siendo "falsos trabajadores" del Estado. "Dependemos del Estado, nos dice lo que tenemos que cobrar, nos impone un número de guardias al año, un horario y nos obliga a asistir a cualquier cliente, no podemos renunciar si me toca un asesino o un violador. Hay una relación laboral especial", reprocha Antonio Jiménez.
Del mismo modo exigen que se paguen los servicios de desplazamiento y las guardias, pues estas solo se cobran si se atiende algún asunto. En pequeños pueblos los profesionales se ven obligados a cubrir guardias de 15 días, en cambio solo reciben remuneración por cada asunto que hayan atendido en ese tiempo, no por las dos semanas que deben estar a disposición. "No puedes moverte de tu pueblo, estás 15 días allí encerrado porque en cualquier momento pueden llamarte porque hay un detenido, un caso de violencia de género,… pero ellos no pagan esa disponibilidad", critica el portavoz del sindicato.
Algunos procedimientos no se cobran
A lo que se une, además, que hay procedimientos que nunca llegan a cobrar. “Primero se solicita la justicia gratuita pero hasta que esta se concede el procedimiento judicial continúa. Muchas veces, debido a la saturación, la concesión llega después de que ha terminado el procedimiento y resulta que el cliente no tiene derecho a ella o no se la conceden porque no ha presentado la documentación. Y eso no se cobra”, insiste Jiménez.
Sus reclamaciones son históricas, los profesionales que cubren el servicio llevan años demandando estas mejoras; sin embargo, esta es la primera vez que consiguen convocar y secundar una huelga. Hasta ahora nunca se había ejercido presión de esta manera porque en el sector existe la “creencia” de que los abogados del turno de oficio no tienen derecho a ella. “Se basan en un decreto preconstitucional (el 17/1977), pero la Constitución sí recoge la huelga como un derecho fundamental”, esgrime el letrado portavoz del sindicato Venia en Extremadura. Esta circunstancia es la que ha llevado al Ministerio de Justicia a negarse a fijar unos servicios mínimos, además de porque, al no considerar a los letrados del turno de oficio como profesionales dependientes del Estado, estima que no es su responsabilidad establecer esos mínimos. No obstante Justicia sí ha remitido un oficio tanto al Consejo General de la Abogacía como al Ministerio de Trabajo para que se pronuncien sobre si este paro convocado es legal. “Trabajo ha respondido que eso lo deberán decidir los tribunales”, añade Antonio Jiménez.
Así las cosas, lo que ha hecho este sindicato ha sido establecer ellos mismos esos servicios mínimos, basándose en los que se fijaron con la huelga de los letrados de la administración de justicia llevada a cabo a principios de año. Se atienden, por tanto, todos los asuntos que conlleven asistencia a detenidos, causas con preso, de violencia de género y menores. Si se solicita un letrado del turno de oficio para cualquier otro asunto y está secundando la huelga, el abogado no se niega a asistir pero sí solicita de inmediato la suspensión de la declaración. “Si no asistimos el colegio de abogados llama a otro letrado, nos quita el caso y nos puede sancionar”, reconoce el portavoz. De momento, las suspensiones solicitadas a consecuencia de secundar la huelga están siendo aceptadas y en Extremadura se han aplazado ya algunas en Logrosán, Plasencia o en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres.
Los colegios de abogados dudan de la legalidad
Por su parte, los colegios de abogados tanto de Cáceres como de Badajoz aseguran que comparten sus reivindicaciones pero dudan de que la huelga sea “legítima”. “Las condiciones en que se presta el servicio son preocupantes y ridículas pero como esa labor es obligatoria por ley no podemos compartir el derecho de huelga”, argumenta el decano del colegio de profesionales de Cáceres, Carlos Alberto Montero. Lo mismo opina su homólogo en Badajoz: “No tenemos derecho a huelga, el simple hecho de no acudir cuando se llama para un asunto del turno de oficio puede tener consecuencias”, añade Ildefonso Seller.
Esta es la tercera huelga que se lleva a cabo en lo que va de año en los tribunales extremeños. Primero fue la de los letrados de la administración de justicia, que duró tres meses, le siguieron los funcionarios, que la levantaron sin conseguir una solución y ahora esta. La mantendrán hasta que el Ministerio de Justicia atienda sus demandas.
