El TSJEx recuerda en un auto a las partes la «ilegalidad» de Valdecañas

«Todas las previsiones previstas en el Proyecto de Interés Regional (PIR) sobre la clasificación, ordenación y usos de este suelo son nulas». En estos términos se refiere una vez más el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en un auto en el que responde a las aclaraciones solicitadas por los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo y a la promotora Marina Isla de Valdecañas SA sobre la resolución dictada por la sala de lo contencioso administrativo en la que ordenaba el comienzo del derribo de la parte a medio construir del complejo de lujo. El auto añade que «también son nulas todas las autorizaciones que derivan del PIR anulado» y, por tanto, «son también nulos todos los actos administrativos que derivan del mismo» así como «las autorizaciones» concedidas tras su aprobación.

El Constitucional lleva un año estudiando si habrá derribo total en Isla de Valdecañas

El alto tribunal extremeño les recuerda además que la ley 2/2023, que regula determinados aspectos de la Red Natura 2000 de Extremadura, tampoco influye a lo dictado por el auto y que, por tanto, esas edificaciones a medio construir deben ser derribadas. «La interpretación de la disposición final segunda de la Ley 2/2023 está clara en el auto; el que la interpretación de la sala no coincida con la que hace la parte codemandada no es motivo de aclaración», manifiesta el TSJEx. Por todo ello, insiste asimismo, en que no procede «volver a discutir sobre lo mismo».

De forma paralela la Junta de Extremadura presentó ante esta misma sala un incidente de imposibilidad legal de ejecución; es decir, de comenzar el derribo parcial, basándose precisamente en esa nueva ley que regula aspectos de la Red Natura 2000 y que vendría, entiende el Ejecutivo autonómico, «a legalizar el PIR Marina Isla de Valdecañas». Entienden que si tiran Valdecañas estarían inclumpliendo una normativa extremeña.

El Constitucional admite a trámite el recurso contra el derribo de Valdecañas

A la vez, el Gobierno regional ha recurrido ese auto que le obliga a empezar con la demolición al Tribunal Supremo, «al considerar que concurren razones de interés casacional objetivo para formación de jurisprudencia, dado que lo que se halla en cuestión es una disposición de carácter general (el PIR) y la ejecución causaría grave daño para el interés general», indican desde el Ejecutivo. A esto añade que no tendría sentido comenzar a derribar si el asunto todavía está pendiente del dictamen de Tribunal Constitucional TC). «Todavía está pendiente una decisión sobre la demolición de las edificaciones e instalaciones finalizadas y en funcionamiento y resulta más adecuado plantear un programa de restauración completo y no un programa parcial ahora», inciden desde la Junta. 

El TSJEx espera al TC

Es precisamente por este recurso presentado al Supremo contra el auto que obliga a empezar a tirar Valdecañas y por la alegación pendiente del Constitucional por lo que el TSJEx ha decidido no contestar al incidente de imposibilidad legal de ejecución presentado por la Junta. Así se lo ha hecho saber en una providencia fechada a finales del mes de diciembre: «Carece de lógica tramitar un incidente de imposibilidad legal de ejecución cuando existe una pendencia por el pronunciamiento que debe hacer el TC en el recurso de amparo y también el Tribunal Supremo mediante la admisión o inadmisión de los nuevos recursos de casación presentados», concluye el tribunal extremeño.

Por tanto, de momento, y a la espera de que Supremo o Constitucional se pronuncien, la orden de derribo parcial también permanece paralizada. El asunto lleva ya más de un año en el tribunal de garantías, desde que en noviembre del 2022 admitiera a trámite la alegación que presentaron la Junta de Extremadura, los propietarios de los chalés y los ayuntamientos cacereños de El Gordo y Berrocalejo contra el derribo total del complejo Marina Isla de Valdecañas que determinó el Tribunal Supremo por última vez en febrero de 2022. Por ahora no hay fecha para que el pleno de este organismo lleve a cabo la deliberación del caso, que El Gordo y Berrocalejo han solicitado que se realice mediante audiencia pública; es decir, que en el momento de la emisión del dictamen estén presentes las partes. Tampoco se ha pronunciado. Y, mientras tanto, Valdecañas se mantendrá en pie, como hasta ahora. 

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