El campo extremeño lanza un "no rotundo" contra las políticas europeas

Las revueltas de los agricultores franceses ya traspasan las fronteras galas y han puesto en pie de guerra al sector en España y en Extremadura. Los primeros afectados están siendo los transportistas extremeños, que se encuentran secuestrados en la frontera española y en Francia.

Ahora le toca el turno al campo extremeño que no solo se ve perturbado por los conflictos en el país vecino, sino que también reciben los golpes verbales del Gobierno de Francia que culpabiliza a España y a Italia de aplicar normas más laxas.

Ante esto, las organizaciones extremeñas lo niegan y remarcan que la verdadera competencia desleal procede de países extracomunitarios como Marruecos, Chile, Nueva Zelanda, Kenia, México, India y Australia. Por ello, no dudan en tomar medidas reivindicativas y contundentes, todavía por decidir.

En este sentido, Juan Metidieri, presidente de APAG Extremadura Asaja, lanza un “no contundente a toda la  legislación europea” y enfatiza que estas normativas “lo que hacen es animar día a día el abandono de las explotaciones y complicarnos la vida”. Mientas que Ignacio Huertas, secretario ejecutivo de UPA-UCE, asegura que lleva  “tiempo denunciando que las negociaciones europeas actuales no tienen nada que ver con los intereses de agricultores y ganaderos”. Así lo corrobora Juan Moreno, presidente de Coag en la comunidad, quien sostiene que la antigua política de la Unión Europea “garantizaba  unos precios dignos para el agricultor y regulaba unos mercados donde se avalaban más o menos unos costes de producción y una rentabilidad”.

De igual manera, Metidieri remarca que las decisiones europeas sobre el campo impiden la competencia leal y provoca que los trabajadores del campo “se sientan indefensos por los productos procedentes de países extracomunitarios. A los nuestros se les exige todo y a los de fuera nada dentro del marco europeo o son muy permisivos”. Por ello, en opinión del presidente de COAG, resulta imprescindible que “los productores extracomunitarios cumplan con las mismas condiciones que los países de la Unión y no permitir  la entrada de productos de terceros países que no cumplan las exigencias de Europa porque es una competencia desleal”.

Ignacio Huertas también reivindica que la normativa europea afecte de la misma forma a productores europeos o no, y pone como ejemplo el etiquetado: “Puede confundir al consumidor porque no se especifica detalladamente el proceso de producción”. Y para ilustrar esta queja Moreno describe la situación del limón: “El precio del limón está a 12 céntimos el kilo, precio de ruina, y aún así llegan limones de otros países. En el último año, España ha detectado 913 alertas sanitarias de productos fitosanitarios prohibidos hace décadas en la Unión Europea”.

Condena a Francia

Dado este panorama, las organizaciones agrarias extremeñas rechazan contundentemente las acusaciones del Gobierno galo de competencia desleal a los agricultores españoles. Huertas incide que los franceses “nos están culpando y atacando con la excusa de la competencia desleal. Es totalmente falso porque todos estamos bajo la misma legislación comunitaria”. Sobre este tema, el presidente de COAG desmiente que los ganaderos y agricultores españoles e italianos rompan el mercado francés y lamenta que el país galo no critique al “Gobierno de Marruecos que es el principal exportador de frutas y hortalizas a Francia y, en cambio, culpe a unos socios europeos que se hallan  dentro  de la misma reglamentación”. Las exigencias a un agricultor francés, español, portugués o alemán son las mismas”. Sobre Marruecos, Metidieri incide que “España financia proyectos de regadío en el país africano”.

En este sentido, Luis Cortés, secretario general de La Unión Extremadura, subraya que “los franceses nos ven como sus enemigos, mientras que nosotros como iguales porque todos cumplimos unos requisitos medioambientales comunes y en España se agravan con la sequía”.

Como posibles soluciones, proponen la paralización de acuerdos de libre comercio con terceros países, detener las negociaciones de acuerdos con Mercosur, la no ratificación de pactos con Nueva Zelanda y parar convenios con Chile, Kenia, México, India y Australia.

Además, la actual problemática del sector incide en la producción agrícola perjudicada por las medidas de Bruselas, según Metidieri. En cambio para Moreno, el relevo generacional se ve afectado por la falta de recursos económicos y la excesiva burocracia. Por último, Huertas enfatiza en las explotaciones familiares y profesionales porque “las ayudas del Gobierno se asignan a las grandes explotaciones y se olvida al pequeño y mediano agricultor”.

Por último, Cortés comenta que la “reducción de explotaciones producida en Extremadura en los últimos años, situándose actualmente en unas 25.000, una cifra que ha disminuido entre un 10 y un 15% en los últimos cuatro años”. En su opinión, Si esta tendencia continúa al ritmo actual, en el que el número de jubilados es mucho mayor al de incorporados,  “en los próximos 6 o 7 años se podrían perder entre un 20 y un 30% de los profesionales del sector”.

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