Cien millones de euros, el coste de las víctimas mortales de tráfico en Extremadura

«Un solo muerto es un precio inasumible», aseguró en septiembre pasado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la presentación del balance de la siniestralidad de tráfico que se había registrado durante el verano anterior en las carreteras españolas. Partiendo de algo tan obvio como que perder una vida en un accidente de tráfico o que el sufrimiento personal que ese fallecimiento implica son cuestiones imposibles de cuantificar, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado recientemente, a través del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, un estudio en el que se estima cuánto significa en términos monetarios cada una de estas muertes y que arroja una cifra concreta: dos millones de euros. Este es el valor calculado por evitar o prevenir un fallecimiento en un percance de este tipo. 

La cifra es fruto de un trabajo elaborado, a petición de la DGT, por la Universidad de Murcia, y que ha contado con la colaboración de Sigma Dos para la realización de encuestas. En el caso extremeño, la valoración aportada se traduce en un coste de más de cien millones de euros en 2023, un año que fue negro para la región en materia de siniestralidad vial, con 51 fallecidos en vías interurbanas. Fue el peor balance en una década (solo 2017, con 50 muertes, se acercó a la cifra del año pasado) y representó un 70% más que en 2022, cuando hubo 30. También sobrepasa ampliamente las cifras prepandemia (34 y 36 en 2018 y 2019, respectivamente), que antecedieron a los descensos posteriores a causa de las restricciones a la movilidad que conllevó la covid (en 2020 bajaron a 24; y en 2021 a 27). En todo el país fueron 1.145 las personas que se dejaron la vida en las vías interurbanas en 2023.

2024 comenzó con números menos negativos en Extremadura, si bien los tres fallecidos contabilizados el pasado fin de semana en las carreteras de la región (dos en la A-66 a la altura de los Santos de Maimona y una tercera en Castuera) han llevado la estadística, con once fallecimientos en poco más de dos meses y medio (hasta el 19 de marzo), casi al mismo nivel que a estas alturas de 2023, cuando eran catorce. 

¿Cómo se llega a la cifra de dos millones de euros por impedir cada uno de estos fallecimientos? Según precisa la DGT, la parte fundamental son los 1,9 millones del coste estimado de una vida estadística, que no es otra cosa que el valor monetario atribuido por la sociedad a evitar que una persona cualquiera fallezca a consecuencia de un accidente de tráfico. Un concepto que consta, a su vez, de dos partes, una inmaterial --la más relevante, que consistiría en los costes humanos--, y otra material, formada por el valor del consumo perdido a consecuencia de morir prematuramente.

De esta forma, lo que se establece es la disposición social a pagar: la máxima cantidad de dinero que la sociedad está dispuesta a abonar por viajar de manera más segura, con el fin de evitar una muerte (también un herido grave o uno leve en un siniestro de tráfico). A esto se le agregan los costes de la producción neta perdida a consecuencia de la mortalidad prematura, así como los gastos médicos y de los servicios de emergencia hasta llegar al mencionado importe. 

En el caso de las lesiones no mortales, el informe estima en 354.630 euros el valor monetario de la víctima que sufre unas de carácter grave; y en 7.886 euros el de una víctima con lesiones leves. Cuando estas valoraciones se completan con los costes médicos y de ambulancia, así como con las pérdidas de producción, resulta un valor de prevenir una lesión de 385.480 euros para los heridos graves; y de 8.506 euros, para los leves. Para establecer todos estos parámetros «se llevaron a cabo dos amplias encuestas, cada una de ellas a 2.000 personas adultas representativas demográfica y geográficamente de la población general española», se detalla.

La estimación del valor de la vida estadística dada a conocer ahora es un 46% superior a la calculada en 2011 (1,3 millones), año en el que se realizó el anterior estudio. Un alza superior al del PIB per cápita nominal experimentado en España desde aquella fecha, de un 24,5% aproximadamente, «lo que sugiere que, junto con el aumento del nivel de vida, las preferencias declaradas por la población española pueden estar reflejando una mayor preocupación por la siniestralidad vial», se apunta.

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