El nuevo mapa nacional de líneas de autobús dejará incomunicados a 126 municipios extremeños

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, ha denunciado este lunes que la reforma del mapa concesional de líneas de autobús nacionales dejará sin servicio a 164 municipios extremeños. De ellos, 38 se verían afectados por recortes parciales y en 126 se procedería "a la supresión total del servicio", pese a que en muchos casos estos autobuses son la única opción que los vecinos tienen para desplazarse más allá del coche particular.

"La Junta de Extremadura no va a aceptar bajo ningún concepto esta propuesta, ni ninguna otra que nos deje más abandonados, más aislados y más protegidos", ha señalado Martín en rueda de prensa junto al director general de Transportes, Cristóbal Maza.

La línea Cáceres-Madrid, que actualmente más de 17.000 extremeños utilizan para viajar de la capital cacereña a Navalmoral de la Mata; la conexión Salamanca-Sevilla, que 9.500 extremeños cogen para desplazarse de Cáceres a Zafra, o el trayecto Cabezuela del Valle-Plasencia, con 7.635 viajeros cada año, son algunas de las rutas que se verían suprimidas con la última propuesta que el Ministerio de Transportes ha presentado a la Junta.

"Otro ejemplo más gráfico: Si un vecino de La Albuera quiere ir a Sevilla, tendrá que desplazarse por otros medios a Badajoz para coger un autobús que después pasará por la puerta de su casa", ha sentenciado Martín para denunciar este proyecto cuanto menos "difícil de digerir".

El 75% de la población, perjudicada

La propuesta del Gobierno para el nuevo mapa de concesiones de autobús pasa por reducir las licitaciones (de 76 a 22 corredores completos), las rutas (de 966 a 510) y los municipios con parada, de 1.912 a 495, pasando además el tamaño medio de las localidades de 14.900 habitantes a más de 51.000. En el caso de Extremadura, Martín ha explicado que el departamento que dirige Óscar Puente presentó su propuesta oficial al director general de Transportes, Cristóbal Maza, en una reunión el pasado 16 mayo en Madrid.

De llevarse a efecto tal y como está planteada actualmente, los responsables autonómicos afirman que perjudicaría al 75% de la población extremeña, pues 164 municipios en los que viven "más de 800.000 personas" verían recortados o extinguidos los servicios actuales. Según Maza, se pasaría de "unas 10 rutas" que actualmente hacen parada en Extremadura a solo tres, y una de ellas "parcial": La Vía de la Plata, una conexión Extremadura-Madrid y un ramal de la ruta Madrid-Salamanca-Ávila, con parada los municipios de la Sierra de Gata.

"Están teniendo en cuenta la viabilidad económica, pero no la social", ha advertido Martín, que se queja además de que los cálculos del Ministerio se han realizado en base a los datos de viajeros del año 2019, que están "desfasados": 219.000 según fuentes estatales, 427.000 según la Junta de Extremadura en base a los registros actuales.

El consejero no descarta incluso recurrir a los tribunales si Puente "no tira esta propuesta totalmente desatinada a la basura y negocia otra seria y aceptable". Anuncia además que ha convocado este jueves a una reunión a todos los alcaldes aceptados para dar a conocer la situación y coordinar las acciones a tomar. "Debemos ir todos a una, sea cual sea el color político", ha señalado.

Ley de Movilidad Sostenible

La reforma del mapa concesional de líneas de autobús, relacionada con la nueva Ley de Movilidad Sostenible, lleva varios años sobre la mesa. En la anterior legislatura el pleno de la Asamblea ya aprobó una iniciativa a instancias de Unidas por Extremadura para pedir al Gobierno que la retirara al considerarla "una agresión al medio rural" y también desde el PSOE mostraron su "preocupación" al respecto, aunque siempre insistiendo en que no había nada cerrado.

El Ministerio de Transportes se justifica alegando que contratos grandes generan sinergias que van a redundar en mayor calidad del servicio: mejores autobuses, más facilidades para la venta de billetes o una mejor atención al cliente, entre otros. Pese al recorte, asegura que «ningún usuario verá a ver reducidas sus opciones de viaje», especialmente en la España vaciada, ya que la idea es que aquellos servicios que queden desatendidos por la eliminación de la concesión estatal pasen a prestarse por las comunidades, a las que se compensará por ello: se está hablando de unos 25 millones de euros para todo el país, una cifra que el Gobierno extremeño considera "ridícula" ya que solo cubriría el déficit de los primeros meses del año.

Todo esto se debe a que muchas concesiones estatales en la práctica funcionan como rutas interregionales que, desde el punto de vista competencial de la Constitución, corresponde a que sean prestadas por las autonomías, con las que se negocia en reuniones bilaterales. Un planteamiento que también critica la Junta de Extremadura, que exige la convocatoria de la Conferencia de Transportes para una negociación conjunta con todas las comunidades.