Reacciones al fallo del TJUE que avala convertir en fijos a los interinos sin opositar

Extremadura apuesta por fijar una postura común con el Estado y las regiones sobre los interinos

Sostiene que el Ejecutivo debe convocar de manera «urgente» a las comunidades para acordar una «acción coordinada»

«Combatir la temporalidad en el empleo público es un objetivo claro de este Gobierno», asegura

Protesta de interinos contra los procesos de estabilización, en Mérida.

Protesta de interinos contra los procesos de estabilización, en Mérida. / EL PERIÓDICO

A la espera de que el Gobierno central mueva ficha. Este es el posicionamiento de la Junta de Extremadura en relación con la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que dictaminó el pasado jueves que la conversión de los interinos en trabajadores indefinidos (sin adquirir la condición de funcionarios) puede ser una «medida adecuada» para prevenir y sancionar «los abusos» de temporalidad en la Administración pública, siempre que «no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la ley», por lo que la decisión quedaría en manos de los juzgados españoles.

A este respecto, desde el Ejecutivo autonómico consideran que el Estado «debe convocar de manera urgente a las Comunidades Autónomas para abordar esta cuestión y avanzar en una posición común». «Algo que va a ocurrir en los próximos días, por lo que estamos a la espera de una acción coordinada con el ministerio y las comunidades autónomas en esta cuestión», señalan a este diario. «Combatir la temporalidad en el empleo público es un objetivo claro de este gobierno», aseguran. En Extremadura, esta medida podría afectar a unos 7.000 trabajadores. 

Cabe indicar que el fallo es relativo al caso de tres trabajadoras de la administración pública catalana que llevan más de una década encadenando contratos y piden pasar a ser indefinidas. Con esta nueva sentencia, la corte de Luxemburgo ratifica su decisión del pasado mes de febrero y recoge que las leyes españolas «permiten considerar el abuso» cuando se mantiene el trabajo sin un contrato fijo durante más de dos años. Asimismo, sostiene que la ley de 2021 para la estabilización del empleo público «no resulta adecuada» para sancionar los abusos ni eliminar las consecuencias de incumplir el derecho comunitario. 

En concreto, la ley española da derecho a una compensación equivalente a 20 días por año trabajado por un máximo de 12 mensualidades a aquellos eventuales que sean cesados una vez su plaza se asigne a alguien que ha ganado una oposición. Para los magistrados europeos, esto impide reparar de forma justa los abusos más prolongados ni los daños derivados de ellos. La sentencia rechaza además la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que denegó hace dos semanas que estos trabajadores se conviertan en fijos y considera que no son equiparables a quienes accedieron por oposición.

 Desde el Ejecutivo indican que el proceso de estabilización de plazas que está puesto en marcha para reducir la temporalidad en la Junta, y al que aspiran más de 47.000 empleados públicos, estará culminado en diciembre de este año y «se está desarrollando con todas las garantías». «Es necesario que estas situaciones se resuelvan cuanto antes porque los empleados públicos, al igual que el resto de trabajadores, necesitan seguridad para llevar a cabo sus proyectos de vida», apostillan. 

Sindicatos

«Ante esta sentencia, lo que pedimos es prudencia y no levantar falsas expectativas hasta que los tribunales españoles dicten sentencia de forma definitiva sobre este asunto», sostiene el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román. Desde el sindicato instan a las Administraciones públicas «a que sigan adelante con los procesos de estabilización con la mayor seguridad jurídica posible para que a final del año podamos conseguir el objetivo del 8% de temporalidad». «CSIF siempre acatará lo que digan los tribunales», subraya. 

Por su parte, la secretaria de acción sindical de UGT-SP regional, María Ángeles Rodríguez, dice que el fallo «viene a poner otra vez en cuestión el abuso de la temporalidad que tienen las Administraciones públicas y que no puede ser, como siempre hemos dicho». «Creemos que también es bastante importante que sigue sin cuestionar los procesos de estabilización y que, por lo tanto, tenemos que culminarlos», indica. En esta línea, reconoce que esta situación «está generando una inseguridad jurídica que es inasumible para las personas, que tienen resolver su situación vital y personal»

«Esta nueva sentencia reconoce una vez más el abuso en la contratación», señalan en nota de prensa desde CCOO, además de apuntar que los magistrados europeos sostienen que la conversión en fijo «no se puede contemplar si resulta contraria al ordenamiento jurídico nacional, como así ocurre». «Seguimos defendiendo la eliminación de la tasa de reposición y la estabilidad de las plantillas, exigiendo la culminación de los procesos de estabilización y las ofertas de empleo público que aún están pendientes», apostillan.

Plataforma de interinos

Por último, la presidenta de la Plataforma de Interinos y Laborales de Extremadura (Piltex), Marisa González, afirma que con este fallo, el tribunal europeo le estña diciendo a España que «no cumple con sus empleados públicos en abuso de temporalidad y que la ley de 2021 no es válida». «Entonces, en base a esa ley los procesos de estabilización no son válidos porque nos obliga nuevamente al personal en abuso a pasar por otro proceso selectivo», asegura. «Pedimos que se paralicen los procesos de estabilización que están en Extremadura, que no van a estabilizar nada más que a la mitad del personal afectado y aboca al paro a la otra mitad», lamenta.

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