Datos de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes

Extremadura saca del mercado al 65% de los apartamentos turísticos ilegales

Desde 2020 las inspecciones de la Junta han localizado 1.354 alojamientos sin licencia y de ellos, 886 han abandonado la actividad ilícita

El número de plazas disponibles sigue creciendo, sobre todo en la provincia de Cáceres, y roza ya las 6.500

Entrada a un apartamento turístico, en una imagen de archivo.

Entrada a un apartamento turístico, en una imagen de archivo. / TONI GUDIEL

La labor inspectora de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes logra sacar del mercado al 65% de los apartamentos turísticos ilegales detectados en Extremadura. Según los datos facilitados por el departamento que dirige Victoria Bazaga, los controles llevados a cabo en la región desde el año 2020 han aflorado 1.354 negocios ilegales y, con el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los ayuntamientos, se ha conseguido que 886 de ellos se hayan retirado del mercado: los promotores se comprometieron por escrito a retirar sus anuncios y a no ejercer la actividad turística.

Desde que comenzaran a proliferar hace ya casi una década, los apartamentos y pisos turísticos son un segmento al alza en Extremadura y han vivido su particular ‘boom’ después de la pandemia: de las 2.927 plazas ofertadas en 2019 se ha pasado a 6.447 en la actualidad, distribuidas en un total de 666 alojamientos. La oferta se concentra mayoritariamente en la provincia de Cáceres, que suma 4.165 plazas en 467 apartamentos, frente a las 2.282 plazas y 199 establecimientos de Badajoz. Solo el año pasado fueron 105 los negocios que abrieron sus puertas en este ámbito (46 en la provincia de Badajoz y 59 en la de Cáceres), generando un total de 937 nuevas plazas (421 y 516 por provincias). 

Este tipo de alojamientos, que se han convertido en favoritos por ejemplo para las parejas que viajan con niños, se anuncian en redes sociales o plataformas como Airbnb o Booking y se contratan por internet. Y más allá de las estadísticas oficiales, el problema es que a través de estos canales hay una parte importante de la oferta que opera sin licencia, generando una competencia desleal hacia el resto del sector turístico. 

Multa inicial de 4.800 euros

Desde que en julio del año 2018 entrase en vigor la Ley de Desarrollo y Modernización del Turismo de Extremadura, la Junta realiza inspecciones para frenar las malas prácticas: desde 2020 se ha logrado aflorar 1.354 alojamientos turísticos ilegales, de los que el 65% (886) han salido del mercado. Las actuaciones del Ejecutivo se centran en la búsqueda de publicidad de forma directa y a través de las plataformas digitales; la realización de controles con apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los ayuntamientos, para ubicar la localización concreta y al propietario del alojamiento ilegal; y la tramitación de los expedientes sancionadores.

Según los datos facilitados por la Consejería de Cultura y Turismo, solo en el último año los alojamientos ilegales localizados en Extremadura fueron 229 (132 en la provincia de Badajoz y 97 en la provincia de Cáceres). De todos ellos, 78 abandonaron la actividad turística ilegal, y 30 presentaron la preceptiva declaración responsable de inicio de actividad, entrando así en ejercicio legal de la actividad turística. Además, se abrieron 44 expedientes sancionadores, 23 en la provincia de Badajoz y 21 en la provincia de Cáceres.

La prestación de servicios turísticos sin haber presentado la declaración responsable de inicio de actividad es considerada infracción grave según el artículo 103 de la ley de turismo de Extremadura. El régimen sancionador que contempla la normativa autonómica varía en función de las circunstancias individuales de cada caso, pero con carácter general se suelen interponer multas de 2.400 euros por ejercer la actividad de forma ilegal y otros 2.400 euros por publicitarse sin haber presentado la declaración responsable

No obstante, estas cuantías pueden verse rebajadas si el titular procede a subsanar la irregularidad presentando declaración o retirándose del ejercicio ilegal, así como cuando se reconoce la responsabilidad y se procede al pago con anterioridad a la resolución final del procedimiento. En abril de 2024 (último dato disponible en el Instituto Nacional de Estadística), más de 21.100 viajeros, un 15% de ellos procedentes del extranjero, se alojaron en apartamentos turísticos en Extremadura.

Ofensiva del Gobierno

El Ministerio de Consumo ha abierto una investigación contra las plataformas de alquiler turístico por anunciar alojamientos sin licencia tras constatar que un número importante operan de forma ilegal. El foco no está en los particulares que alquilen su vivienda, sino en la «actividad y responsabilidad» de las plataformas de alquiler turístico, a las que se ha enviado requerimientos para obtener información sobre las viviendas que anuncian. 

Pero más allá del perjuicio que causan al sector turístico por la competencia desleal, la proliferación de los alojamientos ilegales afecta también al mercado inmobiliario, otra problemática a la que el Gobierno quiere poner freno. «Limitan el uso residencial de la vivienda inflando los precios e imposibilitando el acceso a la ciudadanía», sostiene la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que para priorizar ese uso residencial, ha planteado a las comunidades adelantar el cumplimiento de las medidas antifraude que la Unión Europea ha aprobado con horizonte al año 2026. 

El asunto se abordó en la Conferencia Sectorial de Vivienda el pasado 24 de mayo, cita a la que asistió el consejero de Infraestructuras, de la Junta, Manuel Martín. Según informa Moncloa, se adelantará el cumplimiento del reglamento europeo que recoge los datos de pisos turísticos, lo que permitirá crear una plataforma estatal con las comunidades autónomas para compartir los datos y las normativas sobre estos alojamientos con el fin de combatir el fraude.