Extremadura

Salud perfila el registro de objetores al aborto 16 meses después de la ley

El decreto que regula esta obligación desde marzo de 2023 recibe dos alegaciones. El SES trabaja en la aplicación informática, pero no hay fecha para su puesta en marcha

Imagen de archivo de una manifestación a favor del aborto libre.

Imagen de archivo de una manifestación a favor del aborto libre. / EL PERIÓDICO

Hace 16 meses que entró en vigor la reforma de la ley del aborto que, entre otras cuestiones, establecía la creación de un registro de objetores en cada comunidad con el objetivo de que los hospitales públicos se organicen para que sea posible realizar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública y no tener que derivar a las mujeres a clínicas privadas. Esta es la práctica habitual en Extremadura pese a que el Tribunal Constitucional ha reconocido recientemente en una sentencia que esta forma de proceder vulnera los derechos fundamentales de las mujeres.

Esa práctica podría acabarse con la creación de ese registro, una de las medidas que contempla la última Ley de Salud Sexual y Reproductiva que entró en funcionamiento en marzo de 2023, pero que Extremadura todavía no ha desarrollado ni aplicado como sí han hecho ya algunas comunidades como Murcia, Cantabria, La Rioja o la Comunidad Valenciana. «No hay una fecha definitiva para la publicación en el DOE porque el decreto se encuentra todavía en trámite administrativo», señalan desde el SES. 

En concreto, la normativa que regulará en Extremadura la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo y la creación del registro de objetores de conciencia ya ha pasado el trámite de consulta pública, en el que ha recibido dos alegaciones: una formulada por el Colegio Oficial de Médicos deCáceres y otra por la Asociación Profesional de Matronas de Extremadura. «Ambas se están valorando», aunque el SES no desvela su contenido.

Aplicación informática

Además, «en este momento, se está trabajando en los documentos administrativos que hay que aportar junto con el decreto, así como en la aplicación informática dentro del portal del SES sobre el registro», añaden desde la Consejería de Salud. 

El texto normativo, que ha estado expuesto en el Portal de Transparencia de la Junta, señala que el SES se debe organizar «siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo», lo que supone acabar con la frecuente derivación de las extremeñas hacia clínicas privadas (en la región solo hay un centro especializado para realizar abortos hasta las 14 semanas de gestación, el resto se derivan fuera de la comunidad) porque en la práctica todo el servicio de Ginecología del SES se ha declarado objetor de conciencia pese a no existir una vía oficial y reglamentada para ello. 

Y esto es lo que podría solucionar ese registro al que obliga la ley. «Todo profesional del ámbito sanitario público/privado podrá ejercer su derecho a la objeción de conciencia, sin que el ejercicio de este derecho individual pueda menoscabar el derecho humano a la vida, la salud y la libertad de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo», recoge el texto normativo de la Junta. Y deberá manifestar su negativa a estas intervenciones con antelación y por escrito, pudiendo el SES denegar la inscripción en el registro de objetores si no se cumplen estos y otros requisitos.

Ese registro se creará tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada, será confidencial y servirá a la consejería como fuente de información «para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo» bien en un hospital público o en ultima instancia en un centro privado acreditado, porque la ley en sí tampoco obliga a que sea en la sanidad pública aunque sí la prioriza.

¿En qué casos se puede abortar?

Como dicta la ley nacional, las mujeres pueden interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años sin necesidad del consentimiento de sus padres o representantes legales, pero solo es posible en determinados casos:a petición de la mujer embaraza dentro de las primeras 14 semanas de gestación y hasta las 22 semanas si concurren causas médicas (cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la mujer o graves anomalías en el feto). No se establece ningún un límite de gestación para abortar cuando se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida.

Extremadura tiene la tercera tasa de abortos más baja del país

Extremadura es la tercera región del país con la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo más baja del país: 7,51 de cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. Los datos son inferiores en Galicia (con una tasa de 7,09) y más bajos aún en La Rioja (6,71). Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, durante el 2022 abortaron en Extremadura 1.338 mujeres, 924 de la provincia de Badajoz y otras 414 de Cáceres. Del total, la mayoría de los casos se registró en mujeres de entre los 20 y los 24 años de edad (318 intervenciones), seguidas de la franja comprendida entre los 25 y 29 años, pero también se registraron 146 casos de aborto entre los 15 y los 19 años y cinco en adolescentes que no habían cumplido todavía los 15 años de edad. En la mitad de los casos la mujer no tenía hijos. 

Las estadísticas también permiten conocer el nivel de formación de las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo durante el año 2022. En el caso de Extremadura, la mayoría de ellas (casi 500 mujeres) tenían el título de Bachillerato o de un ciclo de FP, otras 378 contaban con la ESO y 262 tenían estudios universitarios. Además, 249 solo tenían estudios de primer grado (Primaria) y ocho de ellas no tenían ninguna formación académica.

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