La solidaridad autonómica aporta 8 de cada 10 euros en Extremadura

Extremadura sufrirá un serio varapalo con el nuevo modelo de financiación que amenaza con hacer saltar por los aires la caja común tras el pacto entre el Gobierno central y ERC. El último informe de la Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), dirigida por el experto en Hacienda Pública, Ángel de la Fuente, sitúa a la extremeña entre las economías más afectadas por el nuevo cupo que tendrá Cataluña. El estudio desmiente, además, que la catalana sea una comunidad ‘infrafinanciada’, como se sostiene en el mencionado pacto entre Moncloa e independetistas catalanes a cambio de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El análisis refleja que Cataluña obtiene recursos ligeramente superiores a la media de España. Muy distinto panorama se presenta, sin embargo la comunidad extremeña. El principio del sistema, hasta ahora, tenía como base un reparto desigual de la riqueza en el conjunto de España, debido a las inversiones históricas en los territorios que encabezan tanto la producción como la población.

La menor capacidad recaudatoria, en distintos impuestos y tasas, de Extremadura, se compensaba, hasta ahora con fondos que tienen como misión principal corregir los desequilibrios territoriales entre las comunidades más ricas y las que tienen más dificultad para su desarrollo.

El sistema de financiación ahora finiquitado aporta a las comunidades de menor renta recursos extra, por encima de sus ingresos tributarios, por un importe de unos 24.000 millones de euros, para que las respectivas comunidades puedan atender los diferentes servicios públicos. Estos recursos provienen en parte del Estado, que aporta algo más de 14.000 millones de euros, y en parte de las comunidades con mayor renta per cápita. Contribuyentes netas del sistema son Madrid, Cataluña y Baleares que aportan otros casi 10.000 millones (País Vasco y Navarra ya cuentan con su propio sistema foral, que los excluye de ese fondo común que ahora abandonaría Cataluña). Las aportaciones para conseguir que se equilibren los niveles del conjunto de autonomías suponen en torno al 7% de los ingresos tributarios autonómicos en Baleares y Cataluña. En Madrid, suben hasta el 25%.

Financiación de servicios básicos

En el lado de las comunidades receptoras, las transferencias recibidas por esta vía exceden el 20% de los ingresos tributarios homogéneos en diez casos y son particularmente importantes en Extremadura y Canarias, donde superan el 85% y el 100%, respectivamente, de la recaudación por tributos cedidos del Estado a las respectivas autonomías. De cada diez euros destinados en Extremadura a la cobertura de los derechos básicos ciudadanos como Sanidad o Educación, ocho provienen de esa caja común ahora amenazada, según los datos que maneja Fedea. El resultado sería, de partida, una situación crítica para Extremadura, Canarias, Galicia, La Rioja o Asturias.

El ejercicio analizado refleja un aumento considerable, del 13,6% de los recursos recibidos por las autonomías, gracias a la expansión de la recaudación tributaria en un contexto de muy alta inflación (8,4% en 2022) y crecimiento vigoroso del producto interior bruto (5,8%). La distancia entre las regiones mejor y peor financiadas fue grande de nuevo (de hasta 26,7 puntos porcentuales). Conforme al índice que utiliza Fedea para medir y comparar los recursos que se reciben (como refleja el gráfico), Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha son, por ese orden, los territorios peor tratados en «financiación efectiva por habitante ajustado». Madrid aparece en la media (100), justo por detrás de Cataluña (100,9), Galicia (102,5) y Asturias (103,5). Extremadura se encuentra en el cuarto puesto entre las quince comunidades en nivel de recursos, dos posiciones, gracias a un sistema de solidaridad que ahora se resquebraja. Sobre mecanismos de ‘compensación’ al panorama futuro, a la espera de conocer, al detalle, el concierto catalán, ya hay voces que plantean que las empresas que producen en Extremadura pero que tributan en comunidades como Cataluña tengan que atender también algún tipo de requisito fiscal, más allá de una ‘cuota de solidaridad’ que también ha generado fuertes críticas.

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