La Junta quiere redibujar el mapa extremeño de las ZEPA, con cambios en los límites de 37

La Junta de Extremadura quiere redibujar el mapa extremeño de la Red Natura 2000, el conjunto de áreas de conservación diseñadas para la protección de la biodiversidad dentro de la comunidad autónoma. Un proyecto de real decreto elaborado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible plantea retocar los límites de 37 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y proponer a la Comisión Europea la modificación de 12 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). 

«En ningún modo se pretende llevar a cabo una descatalogación de espacios incluidos en la Red Natura 2000», se puntualiza en el texto, sino que «el fin perseguido por la norma es la corrección de errores, de ajuste cartográfico o de coherencia con los datos científicos, en los núcleos urbanos y en los entornos de las poblaciones, que llevaron a la inclusión en la red de superficies que nunca han albergado valores Natura 2000 y que, en la actualidad, tampoco los presentan».

El proyecto de normativa, que está en fase de consulta previa y presentación de sugerencias en el Portal de transparencia y participación ciudadana, reduciría un total de 7.283 hectáreas de la superficie protegida en la comunidad autónoma con estas figuras, distribuidas entre cerca de un centenar de municipios. La ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes sería la más afectada, con un recorte de 2.349 hectáreas; y el término de Cáceres, en el que habría una mayor reducción (1.423 hectáreas menos). 

«Es un primer paso importante, pero insuficiente», sostiene Julián Mora Aliseda, catedrático de Ordenación del Territorio de la Universidad de Extremadura, quien subraya que los cambios se ciñen «exclusivamente a las zonas urbanas y a los perímetros» de algunas poblaciones. Coincide en que estos límites se establecieron «muchas veces» incorporando espacios «sin ni siquiera evidencia científica» de que hubiese en ellos áreas de reproducción de aves y que en otros casos se dibujaron con fallos de cartografía. El planteamiento «tiene toda su justificación técnica», concluye.

Un 30% de la región

Hasta la fecha se han clasificado 71 ZEPA en Extremadura y 89 LIC. Con las modificaciones incluidas en el decreto en tramitación, las primeras perderían 6.847,8 hectáreas (un 0,62% del total), y se quedarían en 1.095.847; y los segundos 3.534,7 hectáreas (un 0,38%) hasta las 930.529. Teniendo en cuenta ambas figuras, en estos momentos superan las 1.264.000 hectáreas, un 30% del territorio extremeño.

Mora Aliseda asegura que las limitaciones al desarrollo urbanístico y empresarial que se derivan de tener protegido un territorio tan extenso «están impidiendo algo fundamental, que es que la población pueda vivir en condiciones», al tiempo que genera «auténticas aberraciones». Pone como ejemplo de estas últimas la residencia de ancianos de la localidad pacense de Garlitos, cuya ampliación se vio detenida hace dos años por estar en una ZEPA. «En muchos municipios de Extremadura el 100%, no solo del casco urbano, sino del término municipal, es zona ZEPA», detalla. 

A su juicio, «no hay motivos para que la actividad humana no pueda convivir con la biodiversidad», pero una excesiva protección condena al mundo rural a la «desaparición», porque se le impide «tener oportunidades de generar actividad» y se «expulsa a la población». «Es algo que choca con el gran desafío europeo y español que es el reto demográfico», apostilla.

No es la primera vez que se inicia la tramitación de una iniciativa de este tipo. Hace año y medio, la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad del anterior Ejecutivo sometió a consulta previa un proyecto similar, comprendiendo entonces correcciones en el mapa de 69 ZEPA y 12 LIC. Fue apenas dos meses antes del cambio en el Gobierno autonómico y en aquel momento «no se fue más allá», confirma Marcelino Cardalliaguet, delegado en Extremadura de SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología), que muestra su «sorpresa» por el hecho de que la Junta no comunicará este proyecto de decreto en la última sesión del Consejo Asesor de Medio Ambiente, que tuvo lugar «la semana pasada».

 «El planteamiento es el mismo» que en 2023, afirma, aunque reconoce que en este documento es «muy inferior el número de espacios revisados», una vez que se han eliminado «muchas de las cosas que se planteaban» el año pasado y que «ya se dijo en aquel momento que no tenían viabilidad porque no obedecían a ninguna de las causas justificables». Por este motivo, cree que esta nueva propuesta de definición de límites resulta «más ajustada». 

En el lado negativo destaca que en 2023 «el balance final» era de unas tres mil hectáreas que salían de la red, frente a las más de siete mil actuales, ya que en esta ocasión apenas entran nuevos parajes que compensen los que se excluyen. Asimismo, Cardalliaguet esgrime que en la normativa perduran «algunos fallos», como el de no justificar la variación «punto por punto» de cada uno de estos espacios y argumentarlas con criterios científicos. 

«Si no dejas que en el mundo rural haya oportunidades de generar actividad, lo condenas a la desaparición»

JULIÁN MORA ALISEDA

— Catedrático de Ordenación del Territorio de la Uex

«Vamos a revisar que los recortes que se hagan por motivos urbanísticos sean razonables», avanza el delegado en la región de SEO/BirdLife para quien «lo lógico» sería, en cualquier caso, no recortar la Red Natura, sino «hacer una normativa urbanística adaptada ella», ya que la filosofía de proteger estos espacios es la de «compaginar el desarrollo de las comunidades locales con la preservación de la biodiversidad».

Hoy por hoy, para garantizar la conservación de los valores naturales de estos espacios, alega, no es necesario impedir a un pueblo «que está en Red Natura hacer una residencia de ancianos a 50 metros de su casco urbano. Eso no tiene sentido desde el punto de vista ambiental, porque no es una zona de fragilidad del espacio protegido y puede admitir no todos, pero sí muchos usos urbanísticos». Es la normativa urbanística la que está «mal hecha», insiste.

Balance neutro

Desde esta organización conservacionista se defiende que el resultado de la actualización del mapa debe arrojar un «balance que sea nulo», de forma que una vez aprobado el decreto no varíe el número de hectáreas totales de la Red Natura 2000 en Extremadura, «aprovechando esta propuesta» también para añadir aquellas zonas que tendrían que haberse catalogado en su día «porque cumplían con criterios para ello y los continúan cumpliendo ahora, pero que por los mismos errores que se metieron algunas que no debían, se dejaron atrás otras». 

«Lo lógico sería no recortar la Red Natura, sino hacer una normativa urbanística adaptada ella»

MARCELINO CARDALLIAGUET

— Delegado en Extremadura de SEO/BirdLife

Entre los espacios que desde SEO/BirdLife se tienen identificados para su posible incorporación está el de los llanos de Belén, al norte de Trujillo, con una población «muy importante a nivel regional» de avutarda, sisón, ganga ibérica y otras especies agroesteparias. «El sisón común, cuando se diseñó la red, era una especie vulnerable y ahora está en peligro de extinción. Ha tenido un declive tan acusado en los últimos 20 años que ahora cualquier ejemplar que está fuera de Red Natura es importante meterlo dentro porque son los últimos que quedan», justifica.

Si bien la propuesta y declaración de esos espacios corresponde en la mayor parte de los casos a las comunidades autónomas, su descatalogación total o parcial requiere del visto bueno de Bruselas. Las primeras ZEPA extremeñas fueron clasificadas en 1989 con las de Sierra de San Pedro, Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, Sierra de Hornachos, Embalse de Orellana y Sierra de Pela, Monfragüe y Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja. En el año 2000, en una segunda fase, a estas cinco se añadieron otras 8 nuevas, aunque fue entre 2003 y 2004 cuando se produjo en mayor avance, con la proposición a la Comisión Europea de 17 y 38 espacios adicionales. Las dos últimas declaraciones se produjeron en 2015.

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