La Central de Almaraz abonará en 2025 unos 82 millones por la ‘ecotasa’ autonómica

Las arcas autonómicas ingresarán el próximo año 82 millones de euros procedentes de la Central Nuclear de Almaraz en concepto de Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, según las estimaciones que de cara al año que viene se manejan en la planta extremeña. 

Esta ‘ecotasa’ concentra el grueso de los ingresos por tributos propios en Extremadura. Según el último informe ‘Panorama de la fiscalidad autonómica y foral’, elaborado por el Consejo General de Economistas, en el ejercicio 2022 supuso casi nueve de cada diez euros percibidos por estas figuras (que también incluyen el Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos y el canon de saneamiento). De los 109 millones recaudados por tributos propios extremeños, esta exacción supuso 96,4 millones (un 88,4%). Y dentro de ellos, la aportación de la central nuclear significó la mayor parte.

En total, la previsión de pago de impuestos y tasas para el próximo año realizada desde Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) es de 435 millones de euros. Es el cálculo realizado a partir de las estimaciones de producción durante ese ejercicio, ya que el pago de impuestos de estas instalaciones guarda una relación directa con el volumen de electricidad que generan. En esta cifra, además de los más de ochenta millones correspondientes a la ‘ecotasa’, se incluyen otros 12 millones en impuestos locales, como el de Bienes Inmuebles o el de Actividades Económicas. El resto se distribuye entre la tasa Enresa (la mayor porción); el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica; el Impuesto sobre la producción y almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos; y otros gravámenes con menor peso.

El futuro de Almaraz: empleos en tiempo de descuento

Una relajación de la carga impositiva es, aparte de la concesión de una eventual prórroga por el Gobierno a las licencias de operación, el otro condicionante que han venido poniendo encima de la mesa las propietarias de las centrales para seguir adelante con su operación más allá del horizonte de cierre que tienen fijado actualmente.

Los impuestos y tasas suponen para Almaraz «entre el 45% y 50% del total» de sus costes (sumando los de explotación, las inversiones y las amortizaciones), apuntan fuentes de la central. Una proporción que se sitúa «por encima de la media del parque nuclear» español, matizan. Esta circunstancia está relacionada con las diferencias en tributación que existen dependiendo de la comunidad autónoma en la que estén ubicados los reactores.

Viabilidad «amenazada»

Según cálculos de la consultora PwC, el parque nuclear español tendrá unos costes de alrededor de 66,9 euros por megavatio-hora de media en el periodo que va de 2025 a 2035, año en el que está previsto que cierre el último de los reactores españoles, el de Trillo. De ellos, 27,4 euros serán de impuestos. Del lado del precio de la electricidad, «las expectativas actuales del ‘pool’ (OMIP) a largo plazo se sitúan en 56,3 euros/MWh», en ese intervalo temporal, por lo que «la viabilidad económica del parque nuclear está seriamente amenazada», añade esta firma en un informe, en el que subraya que la fiscalidad que soporta este sector ha crecido «más de un 70% en los últimos 5 años».

Para 2025 calcula un coste de 28,22 euros/MWh de media para las centrales españolas, de los que la porción más importante es la tasa Enresa (10,36 euros), que está destinada a sufragar el desmantelamiento y la gestión de los residuos. El Gobierno aprobó el pasado junio de forma definitiva la subida del 30% de esta figura (definida en realidad como una ‘prestación patrimonial de carácter público no tributario’), una medida que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo tanto por Foro Nuclear, la patronal del sector a la que pertenecen las firmas propietarias de las centrales, como individualmente por Iberdrola y Endesa, las dos mayoritarias en Almaraz. 

Esta alza, precisan las mencionadas fuentes de CNAT, «incumple el acuerdo rubricado en 2019 y que limitaba el incremento de esta tasa a un 20%», que se ha visto superado «con creces», ya que la última subida se traduce en un auge «del 55%». 

En cualquier caso, se indica, «el compromiso de las propietarias es cumplir con su parte del protocolo de cierre ordenado de las centrales nucleares firmado en 2019», lo que descartaría un cierre anterior de las plantas antes de las fechas previstas (noviembre de 2027 y octubre de 2028 en el caso de las dos unidades de Almaraz).

«Lo que no puede ser es que se diga que no es competitiva» una tecnología porque la «cargan de impuestos», criticó Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, durante un encuentro con los medios en Almaraz la pasada semana. «El problema está en que a lo mejor nos dan los permisos [para continuar con la operación de los reactores más allá de 2035] y decimos que esto no es viable», esgrimió. En este sentido, desde el sector se aduce que hay precedentes de rebaja de impuestos a la producción nuclear para facilitar la continuidad de la operación de las centrales, como ha ocurrido en el caso de Suecia.

Araluce lamentó especialmente que haya impuestos que lo que gravan directamente es la generación de electricidad, lo que, arguyó, puede hacer que, en escenarios de precios muy bajos, a las plantas les pueda salir más a cuenta parar la producción que seguir funcionando, como pasó hace unos meses con uno de los reactores de Almaraz y con el de Cofrentes.

En cuanto a la tributación autonómica, de los siete reactores que actualmente están en marcha, explicó, el de Trillo (Guadalajara) no está gravado por un tributo regional de carácter ambiental. En Cofrentes (Comunidad Valenciana), por su parte, el pago es «mucho más» bajo que en Almaraz. Por último, son los tres reactores ubicados en Cataluña (Vandellós y los dos de Ascó) los que soportan una carga más elevada. 

«Una figura consolidada»

«El Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente es una figura consolidada. Este impuesto está ligado a una fuente de generación de riqueza que debe ser gravada. No estudiamos modificar una figura propia vinculada a la producción», esgrimen fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública extremeña. 

«Lo que sí estamos pidiendo al Estado es la introducción del criterio de producción en el Impuesto de la electricidad. ¿Por qué? Porque pese a ser Extremadura una potencia energética, solidaria en materia de electricidad, percibe una cantidad irrisoria en el reparto de este tributo. Esto es así porque el criterio se basa en el consumo, y no lo consideramos justo», apostillan.