Extremadura continúa sin realizar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública
El registro extremeño de objetores al aborto sigue en trámites 20 meses después de la ley
La secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez, defiende que se está trabajando en ello y sostiene que el derecho de los profesionales a la objeción «no puede entorpecer el respeto a la libertad de la mujer»
Una ecografía a una embarazada. / Europa Press
Los abortos voluntarios en Extremadura siguen realizándose en clínicas privadas. 20 meses después de la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en marzo de 2023, la comunidad aún no tiene en marcha el primer registro de objetores de conciencia al que obliga la normativa. El objetivo de esa medida es que los hospitales públicos puedan organizarse para que sea posible realizar interrupciones voluntarias del embarazo (en los plazos y supuestos recogidos en la ley) en la sanidad pública y no tener que derivar a las mujeres a clínicas privadas, como se hace en la actualidad en Extremadura. En la mayoría de los casos las derivaciones se realizan en el único centro médico autorizado para esta práctica en Extremadura, la Clínica Guadiana Los Arcos de Badajoz, pero hay otros casos puntuales en los que las mujeres tienen que ser derivadas a Sevilla, Salamanca o Madrid (según la cercanía a su localidad de origen) para practicar su aborto.
«Estamos trabajando en ello. La tramitación administrativa se está realizando con normalidad dentro de los plazos. No es una cuestión que estemos retardando, pero las cosas hay que hacerlas bien», respondió en una comisión parlamentaria la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez, a preguntas de la diputada Nerea Fernández, de Unidas por Extremadura, que insistió en que la sanidad pública se encargue de esta práctica en la comunidad.
Primer visto bueno
El decreto extremeño que regula tanto la prestación como la creación de ese registro ya ha pasado en una ocasión por el Consejo de Gobierno de la Junta, que ha dado su primer visto bueno a la normativa, «pero todavía tiene que pasar una segunda vez y puede que una tercera vez», señaló Sánchez, que no dio plazos para su entrada en funcionamiento. Tampoco lo hace la Consejería de Salud, que es el organismo que tiene las competencias. «Sigue en tramitación», aseguran a este diario.
El texto normativo señala que el Servicio Extremeño de Salud (SES) se debe organizar «siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo». Sin embargo, la secretaria de Igualdad planteó en la comisión una posibilidad, que es la que sucede en la actualidad y se alega para no practicar abortos en el SES: «Imagínese que en ese registro todos los profesiones se acogen a su derecho de objeción, pero eso no significa que otros profesionales que vengan, que se puedan ir incorporando de las nuevas generaciones, no se acojan a ese derecho. Hay que respetar su decisión», sentenció Sánchez, quien al mismo tiempo reconoció que «la objeción de conciencia es un derecho constitucional que no puede entorpecer el respeto a la libertad de la mujer, por eso ese registro será fundamental», defendió.
No obstante, sus palabras dejaban entrever que no va a resultar sencillo conjugar los derechos de los profesionales que no quieren practicar estar intervenciones con los derechos de las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo, ya que actualmente no se realizan estas operaciones en el SES porque todos los profesionales se consideran objetores, aunque no existe un registro reglado para oficializar esta decisión. Este registro incluirá a todos los profesionales que participan en una intervención de este tipo, desde especialistas en Ginecología y Anestesiología, hasta médicos de familia y personal de enfermería.
¿En qué casos se puede abortar?
Como recoge la ley nacional, las mujeres pueden interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años sin consentimiento de sus padres o representantes legales, pero solo es posible en determinados casos: a petición de la embarazada dentro de las primeras 14 semanas de gestación sin necesidad de alegar problemas para el embrión o la madre y hasta las 22 semanas si concurren causas médicas (grave riesgo para la vida o la salud de la mujer o graves anomalías en el feto). No se establece ningún límite de gestación para abortar cuando se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida.
Más de 1.300 extremeñas abortaron en 2023
Un total de 1.362 mujeres extremeñas interrumpieron voluntariamente su embarazo durante 2023, según el registro del Ministerio de Sanidad. Esta cifra supone una tasa de 7,6 por cada 1.000 mujeres en edad fértil, que es el dato más bajo del país, solo por delante de Galicia, con una tasa de 7,28 abortos por cada mil mujeres.
Del total de interrupciones voluntarias de la gestación en Extremadura, el mayor número se registró entre los 20 y los 25 años de edad, la franja en la que abortaron 323 extremeñas. Le siguieron las mujeres de 25-29 y de 30-34 años con 263 y 262 abortos respectivamente, entre las mujeres de 35-39 años se registraron 252 abortos. En los últimos años de la edad fértil se produjeron 119 interrupciones voluntarias entre los 40 y los 45 años y tres en mujeres que superaban los 44. En el otro extremo, se registraron dos abortos en menores extremeñas que no habían cumplido aún los 15 años y fueron 138 intervenciones entre adolescentes de 15 a 19 años.
En todos los casos, las 1.362 interrupciones voluntarias se realizaron en centros privados: 29 de ellas fueron en hospitales y el resto, 1.333, en centros extrahospitalarios o clínicas.
En cuanto al método de aborto practicado, solo 167 mujeres, el 12,3%, eligieron el método farmacológico, que suele utilizarse en gestaciones que no superan las nueve semanas. A nivel nacional ese porcentaje supera el 29%.
Del total, 1.278 embarazos fueron interrumpidos por petición de la persona gestante, 35 por «grave riesgo» para la vida o salud de la embarazada, 45 por «riesgo de graves anomalías en el feto» y cuatro por «anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable».
Otro dato destacable es que la mayoría de las extremeñas que decidieron interrumpir su embarazo, 846 del total, aseguran que no utilizan métodos anticonceptivos.
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