Nueva protesta en Cáceres contra el desmantelamiento de Muface: "Con la salud no se juega"

Las reivindicaciones de los funcionarios vuelven a la calle. Una nueva protesta convocada por CSIF, celebrada esta mañana a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, ha movilizado a empleados públicos y también a algunos mutualistas jubilados de Muface para exigir al gobierno diálogo para resolver el conflicto en el sistema de mutualidad y evitar su desmantelamiento justo un día después de la gran movilización llevada a cabo en Madrid. "Esperamos que el Gobierno haya tomado nota y cuanto antes pueda haber un acuerdo con las aseguradoras médicas, porque si no, tenemos claro que vamos a seguir manifestándonos y si es necesario acudiremos a una huelga en las administraciones públicas", señala Benito Román, presidente de CSIF Extremadura.

Protesta en Cáceres contra el desmantelamiento de Muface

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Según describe, "lo que estamos viviendo es un auténtico desastre". Mientras el Ministerio de Sanidad aboga por incorporar a los mutualistas a la Seguridad Social, desde el Ministerio de Administraciones Públicas (el órgano que tiene las competencias en Muface) se opta por sacar una nueva licitación. "¿Qué es lo que quiere hacer este gobierno? Primero tienen que ponerse de acuerdo entre ellos y que no tengan en esta situación de nerviosismo y de angustia en el que están ahora mismo los mutualistas porque la salud es algo muy serio y a partir de 2025 no saben quién les va a atender. Con la salud no se juega", ha denunciado Román.

En todo caso, aunque el concierto termina el 31 de diciembre, la asistencia sanitaria está garantizada por parte de las aseguradoras de Muface hasta el final de enero, por lo que a partir del 1 de febrero los cerca de 45.000 mutualistas extremeños (entre funcionarios y sus familiares) perderían su asistencia médica actual.

Pero la movilización también tenía otros objetivos: pedir el desbloqueo de la negociación colectiva para la mejora de las condiciones laborales y económicas de los empleados públicos. "Faltan 15 días para que finalice el año y los empleados públicos aún no saben qué subida salarial tendrán para el 2025", critica el presidente del sindicato. El sindicato también reclama al Gobierno la recuperación del poder adquisitivo, la actualización del kilometraje como mínimo a 0,26 euros por kilómetro y el fin de la tasa de reposición para poder negociar las ofertas de empleo público que sean necesarias, sin restricciones.

Y es que, según Román, desde que comenzó esta legislatura, en noviembre de 2023, no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar cuestiones como la subida salarial, la oferta de empleo público, las condiciones de jubilación, jornada laboral o teletrabajo, entre otros.

Las movilizaciones coinciden con la resolución conocida en las últimas horas del Tribunal Constitucional, que ha admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados que, en mayo de 2023, rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por CSIF para que los empleados públicos recuperen la estructura salarial previa a los recortes del ejecutivo de Zapatero en 2010.