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Para no «abandonar a los ciudadanos del Campo Arañuelo y de Extremadura»

El PP llevará la continuidad de Almaraz a todos los ayuntamientos de la provincia de Cáceres

Presentará mociones en los consistorios de adhesión al manifiesto de alcaldes que se leyó a las puertas de la planta el pasado día 17 para exigir que no se cierre

Cúpula de uno de los edificios de contención de la Central de Almaraz.

Cúpula de uno de los edificios de contención de la Central de Almaraz. / Carlos Gil

El PP de Cáceres presentará en todos los ayuntamientos de esta provincia una moción de adhesión al manifiesto que recientemente suscribieron varias decenas de alcaldes para exigir que no se cierre la Central de Almaraz. El documento se leyó el pasado 17 de diciembre a las mismas puertas de la instalación y en él esos alcaldes, fundamentalmente de las zonas más cercanas a la planta, mostraron su rechazo al cese previsto para esta instalación, entre 2027 y 2028, por «las graves consecuencias económicas y sociales que eso tendría para nuestra comarca y para Extremadura». 

La clausura de sus dos reactores, avisaron, conllevará «efectos devastadores» para los habitantes que viven en las localidades más cercanas, «provocando su empobrecimiento, pérdida de calidad de vida y, en última instancia, la despoblación de la zona». «No nos resignamos a perder una de las mayores industrias de Extremadura, que es un centro de empleo estable, de larga duración y altamente especializado», se apuntó en el texto.

«El Partido Popular de la provincia de Cáceres se une a los alcaldes en su compromiso de no renunciar a la Central Nuclear de Almaraz ni a abandonar a los ciudadanos del Campo Arañuelo y de Extremadura», se esgrimió este viernes desde el PP cacereño a través de un comunicado. 

«Tal como indican diversos informes independientes» la viabilidad económica de la planta, se arguyó, «está seriamente comprometida con una carga impositiva inasumible», que es mucho «más alta que en cualquier otro país de nuestro entorno con industria nuclear». Algo que obligará a que «sea necesaria la negociación entre gobierno y entidades privadas» para su «continuidad». 

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